La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XLVII)

CAPÍTULO XLVII 

HÉCTOR TIMERMAN ¿CORRUPTO O NEGLIGENTE?

 

“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes.” Confucio

 1. Carrió pidió interpelar al canciller Timerman por el Lázarogate[1] 

La diputada quiere preguntarle al ministro por las demoras en el envío de exhortos a Uruguay en una causa que involucra al empresario K. “Confirmar esto, supondría confirmar el delito de encubrimiento por parte de las más altas autoridades de la Nación”, expresó Carrió.

Elisa Carrió presentó un pedido de interpelación al canciller Héctor Timerman, para que explique las supuestas demoras en el envío de exhortos a Uruguay, en el marco de una causa que involucra a Lázaro Báez.

La diputada nacional considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que encabeza Timerman, demoró los pedidos. También pidió también investigar la supuesta retención de documentación proveniente de la Justicia de Uruguay.

La candidata a legisladora por UNEN estimó “no menor” que la Cancillería esté sospechada de “demorar, entorpecer o de cualquier modo encubrir con su accionar la investigación que la Justicia argentina está realizando en torno a Lázaro Báez por lavado de dinero y otros delitos”.

“Es por demás preocupante que esto ocurra siendo el empresario investigado miembro del entorno de la presidente de la Nación. Confirmar esto, supondría confirmar el delito de encubrimiento por parte de las más altas autoridades de la Nación”, expresó Carrió, en un escrito difundido por el portal Parlamentario.

La Justicia uruguaya habría enviado exhortos al juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 7, Sebastián Casanello, a fines de mayo pasado, pidiendo información sobre la causa en que investiga a Lázaro Báez por presuntas maniobras con fondos públicos.

“Esos pedidos nunca habrían llegado a ese juzgado”, señaló la diputada, quien agregó que el magistrado envió además exhortos a la justicia uruguaya con pedidos de información sobre la compra por parte de mandatarios de Lázaro Baez del campo El Entrevero. “Ese requerimiento nunca habría llegado al a las autoridades uruguaya”, remató.

 2. Juicio político a Timerman

 a) Razones del pedido aducidas por Carrió[2] 

La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió adelantó que pedirá el juicio político contra el canciller Héctor Timerman por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. “Garantizan impunidad”, dijo.

“Voy a pedir el juicio político al canciller Timerman por garantizar la impunidad de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA a través de este memorándum que viola expresos derechos incluidos en la letra de la Constitución y los tratados internacionales que integran el corpus constitucional. No va a poder caminar por la calle”, afirmó.

En declaraciones a Radio Ciudad, la ex líder de la CC ARI consideró que el memorándum enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso “viola expresos derechos constitucionales y tratados internacionales que integran el corpus constitucional”.

“Ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen facultades y/o competencias para afectar el derecho constitucional a la Justicia de los querellantes que el memorándum pone en cuestión. En consecuencia, la estrategia de la oposición no debe quedarse en el simple rechazo al acuerdo sino que se debe ir por la declaración de su insanable nulidad. Esta será la única arma que les quedará a los querellantes para accionar ante el juez que está a cargo de la causa”, explicó.

Carrió consideró que “está claro que éste es el punto final para la investigación de los atentados” y que “lo único que queda es la imagen lamentable de un canciller con su gesto de desesperación e improvisación”.

 b) Existencia de un doble estándar 

“Si en aquellos atentados hubiesen muerto ciudadanos no judíos, la Presidenta no hubiera podido firmar ese memorándum. Existe un doble estándar en el que no es lo mismo la muerte de un pobre que la de alguien de clase media o alta, en este caso ocurre algo similar”, sostuvo la legisladora.

Asimismo, en su embestida contra Timerman, Carrió lo acusó de “entregar a su pueblo” a cambio de un acercamiento con Irán.

“(Ese acercamiento) empezó hace 2 años con la influencia de (presidente de Venezuela, Hugo) Chávez. Cristina quiere ocupar el lugar de Chávez”, aseguró en relación al vínculo que Venezuela tiene actualmente con el país asiático.

Carrió expresó que tiene “más confianza en la instancia de apelación que en Canicoba Corral”, en relación al juez federal que entiende en la causa por el atentado de julio de 1994, y aseguró que “el Gobierno quiere q se caiga la causa”.

Y por último acusó a la gestión de Cristina de falta de gestión: “La verdad es clarísima. No hay moneda ni seguridad ni política exterior. Los ciudadanos deben elegir qué quieren”.

 3. “El pequeño Timerman”[3] 

a) Víctima de su padre 

El periodista Gabriel Levinas dialogó en Radio Jai sobre “El Pequeño Timerman”, biografía no autorizada del Canciller argentino, que acaba de publicarse. Levinas comentó que Jacobo, padre de Héctor, “decía que la inteligencia salta una generación”, haciendo referencia al actual funcionario, que supo tener un programa en nuestra emisora.         

El libro de Levinas es una semblanza de la historia familiar del actual Canciller de la República Argentina y de cómo la controvertida figura de su padre, el periodista Jacobo Timerman, marca definitivamente el destino personal de su hijo.

El pequeño Timerman sirve no solo para entender cómo Héctor Timerman, para muchos un hombre de pocas luces, llega en su condición de judío a ser el primer Canciller de la República Argentina, en un ámbito que históricamente tuvo amplios sectores conservadores e incluso antisemitas, sino para ver las contradicciones, travestimos políticos, tráfico de influencias y negocios que desde hace décadas marcan la realidad del país.

La historia de Jacobo Timerman, y por añadidura la de su hijo Héctor, son una buena síntesis de la historia contemporánea de Argentina. Un hábil empresario periodístico que acompañó e incluso incentivo el derrocamiento de gobiernos democráticos por parte de los militares y que manejó el poder e influencia de sus medios de comunicación para beneficio propio y terminaría siendo víctima del monstruo que había alentado.

Una historia llena de paradojas, negocios y contradicciones. Timerman padre fue socio de David “Dudi” Graiver, “el banquero de los montoneros”, que manejaba una parte del dinero del secuestro extorsivo de Jorge Born, unos 17 millones de dólares que se esfumaron con la muerte dudosa del banquero en un accidente aéreo en México. Una historia de miserias, mentiras y pragmatismo de la época.

Héctor, en ese período de tan solo 22 años, fue impuesto por su padre como parte de su estrategia de negocios como director de un fugaz tabloide vespertino.

De ahí en más, vale recorrer la historia del actual Canciller, sus reclamos por la vida de su padre, las denuncias de antisemitismo de la época (de las cuales su padre había renegado tiempo antes), su largo exilio en USA, trabajos, emprendimientos y vínculos personales y políticos diversos.

 b) “Preso sin nombre, celda sin número” 

El famoso libro “Preso sin nombre, celda sin número” que escribió Jacobo Timerman en Tel Aviv durante su breve exilio en Israel, que colaboró para su salida del país junto a la embajada norteamericana, se convirtió en un best−séller en Estados Unidos, que incluso lo llevó al cine.

La fama de Timerman en USA la usufructuó muy bien su hijo Héctor, que en su exilio estudió y vivió por once años en ese país e incluso recibió la ciudadanía norteamericana (a la cual renunció). A su regreso al país, fue nombrado cónsul Argentino en Nueva York, lo que hizo que llegará a transformarse en uno de los cancilleres más cuestionados de las últimas décadas.

En las páginas aparecerá el vínculo del Canciller con su identidad Judía, su relación con el Rabino Marshal Meyer, su regreso a las fuentes, sus declaraciones previas respecto a Irán y muchos otros aspectos llamativos de su personalidad.

El apasionante libro de Levinas muestra el posicionamiento de decenas de personajes públicos contemporáneos, sus actividades en los años 70 y cómo con el devenir de los nuevos tiempos y sin importar cuáles fueron sus actitudes en el pasado, se ha ido reacomodando y redefiniendo para conquistar o continuar en el poder.

“Solo un judío como Héctor podría haber firmado el acuerdo con Irán”, sostiene Levinas al referirse al Memorándum suscrito entre la República Argentina y el país de los Ayatolas, sindicado por la justicia del país como responsable del atentado a la mutual judía AMIA en 1994.

El pequeño Timerman, biografía de un Canciller, es mucho más que la historia de un personaje y su familia: es una radiografía que permite conocer los males y mentiras que acompañan a la República Argentina desde hace décadas y que en una corrupta hipocresía, en aras del poder y negocios, pueden hacer y lograr lo impensable.

 4. Timerman, en el engranaje de mentiras y engaños[4]

 a) ¿Víctima del régimen o culpable? 

Hasta Orwell le retiraría su apoyo para el Ministerio de la Verdad después de leer esto. ¿Lo hará conscientemente y por convencimiento? ¿O será una pobre presa víctima del régimen?

Héctor Timerman es un engranaje más del sistema de mentiras, engaños y falsificaciones del kirchnerismo. En su libro “1984”, George Orwell le habría reservado el Ministerio de la Verdad.

Según la Real Academia Española, miente aquel que dice o manifiesta lo contrario de lo que sabe, cree o piensa. Miente aquel que induce a error y falsifica. Engaña aquel que da a la mentira apariencia de verdad. Confunde aquel que mezcla cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse.

 b) Timerman miente, engaña y confunde 

Al cumplirse un año de la firma del memorándum con Irán, escuché una entrevista radial de la periodista María O’Donnell a Timerman que decidí desgrabar. ¿Existe algo más poderoso que el contraste del “relato” con los “hechos” para desbaratar la mentira?

¿Existe algo más poderoso que el contraste del relato con los hechos para desbaratar la mentira?

Dijo sobre el tratado: “Está aprobado. Ellos lo aprobaron…fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional de Irán. No hay ninguna duda sobre eso”. Si está aprobado por ambos países, ¿por qué la Dirección de Tratados de Cancillería informa que el tratado “no está en vigor”? Sencillamente porque ninguno lo ratificó. ¿No sabe Timerman que en derecho internacional aprobar no equivale a “ratificar”?

En el marco del pedido de declaración de inconstitucionalidad presentado por la AMIA y la DAIA, el mismísimo Poder Ejecutivo afirmó en el expediente judicial: “Negamos…que a la fecha haya entrado en vigor el citado memorándum”. De lo que el juez Rodolfo Canicoba Corral colige “del informe presentado por el Poder Ejecutivo no se verifica la materialización de los actos invocados”.

Además, el juez sostuvo: “En el caso de autos las disposiciones contenidas en el memorándum sobre las que se intenta se expida el suscripto (por el juez) con relación a su conflictividad constitucional ni siquiera se encuentran vigentes, vale decir, que no son ley y por lo tanto no puede confrontarse con el orden constitucional”. Si esto no fuera suficiente para concluir que el tratado no está en vigor, dice el fallo: “Va de suyo que al no producir efectos jurídicos, lejos se encuentra de causar lesión alguna”. En definitiva, el tratado no está vigente.

La mentira de Timerman persiste. Le dijo a la periodista que el canciller iraní lo había informado (verbalmente suponemos) sobre la aprobación del tratado: “Sí, sí, en la última reunión de septiembre de Naciones Unidas”.

Sabe Timerman que ninguna autoridad judicial está habilitada a viajar a Irán hasta tanto no se dé cumplimiento a varios artículos del memorándum que, repito, no está en vigencia

Supongamos que elegimos creerle al canciller. Si él fue informado de la aprobación por su par iraní en la última Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, ¿por qué la Presidenta de la Nación dijo increpando a Irán desde el atril y ante el mundo lo siguiente? “Esperamos que este nuevo gobierno [por el de Rohani]….que nos digan si han aprobado el acuerdo, cuándo se va a aprobar si no se hizo, y si podemos tener una fecha para que un juez argentino pueda viajar a Teherán”? ¿La Presidenta no había sido informada por el canciller de la aprobación iraní o Timerman miente y le miente?

 c) El engaño está a la vista 

El canciller se pregunta en la entrevista: “¿No es mejor tener un acuerdo firmado que dice que Irán va a autorizar al juez argentino a viajar?” Y responde: “Estamos esperando la fecha para poder implementar la fecha del viaje”, sobre la posibilidad de que autoridades judiciales argentinas viajen a Teherán a interrogar a los acusados iraníes.

Sabe Timerman que ninguna autoridad judicial está habilitada a viajar a Irán hasta tanto no se dé cumplimiento a varios artículos del memorándum que, repito, no está en vigencia. Seamos buenos una vez más y supongamos que lo está.

El artículo 5 dice que ‘La Comisión (de la Verdad) y las autoridades judiciales se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar…” ¿Podría el canciller informar −ya que para él el tratado está vigente−, cómo avanza el cumplimiento del artículo 1 referido a la creación de la comisión a la que ni menciona? Sólo podría establecerse una fecha para el interrogatorio una vez que la comisión esté creada.

 d) Irán no es confiable 

Respecto de los opositores al pacto con Irán, dice: “Hay gente que primero lo ataca [por el memorándum] porque beneficiaba a Irán y ahora lo ataca porque no se cumple”. ¿Nos toma por tontos?

Desde el primer momento advertimos que Irán no era confiable, que no iba a cumplir el acuerdo y que firmarlo significaba un gran costo para la Argentina y una increíble ventaja para el régimen iraní que buscaba paralizar la investigación judicial local y proteger a sus acusados.

¿Debemos concluir que el canciller jamás comprendió los intereses del régimen iraní, su ethos y su claro objetivo en este caso?

¿En verdad, la Presidenta y Timerman creyeron en la “buena voluntad” del régimen iraní?

Hiela la sangre releer las palabras de la Presidenta en el atril de Naciones Unidas cuando dijo “creemos en la buena voluntad de la gente”.

¿En verdad, la Presidenta y Timerman creyeron en la ‘buena voluntad’ del régimen iraní? ¿En manos de quiénes hemos depositado los destinos de la Nación? ¿Son ineptos, cínicos, ignorantes?

Como dice Timerman, lleva tiempo cumplir los tratados internacionales. Sin embargo, los países suelen mostrar permanentemente su interés por alcanzar los objetivos y trazan planes para lograrlos comunicando a las partes y al mundo.

El cumplimiento de un tratado internacional no depende de la “buena voluntad” porque es un contrato que genera una obligación y no una intención.

¿Qué ha hecho Irán desde la firma del memorándum hace poco más de un año? Nada. ¿Qué ha hecho la Argentina? Todo. ¿Y qué ha logrado? Ni verdad, ni justicia, sólo un daño profundo a su reputación frente a los países libres y democráticos del mundo.

Como corolario, Timerman afirma: “Tal vez haya gente que no quiera que el juez indague a los sospechosos”. ¿A quién se refiere? ¿A los familiares de las víctimas, a las autoridades de la AMIA y la DAIA, a la oposición política que ha sido unánime en el rechazo, a la sociedad argentina en su conjunto? No sorprende la bajeza moral del golpe. La tomamos de quien viene.

En una trágica paradoja del destino, el hijo del gran Jacobo intenta mentir, engañar y confundir, pero fracasa. Lo hace por sus propias limitaciones intelectuales y políticas. Pero también encuentra el límite en una sociedad que escuchó muchas mentiras en dictadura y en democracia.

Ya nadie come vidrio. Como decía el General Perón “la única verdad es la realidad”. Hasta Orwell retiraría su apoyo a Timerman para el Ministerio de la Verdad después de leer esto.

 [1]           Fuente de información: Perfil.com, 2/9/13, “Carrió pidió interpelar al canciller Timerman por el Lázarogate”, http://www.perfil.com. Más información: BWN Patagonia, 27/1/11, “Endesa y la negligencia de Timerman”, http://bolsonweb.com.

[2]           Fuente de información: La Política online, 14/2/13, “Pedirá juicio político a Timerman”, http://www.lapoliticaonline.com.

[3]           Fuente de información: Radio JAI, 2/12/13, “Timerman es la víctima de su padre”, http://www.radiojai.com.ar.

[4]           Fuente de información: La Nación, 12/2/14, “Timerman, en el engranaje de mentiras y engaños (Laura Alonso), http://www.lanacion.com.ar.

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La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capitulo XLII)

CAPÍTULO XLII

RANKING PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS
DE LA CÁMPORA

¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicuro de Samos

1. ¿Quién es el más rico?[1]

a) Análisis de las declaraciones juradas 

Recalde es el más rico con más de $5 millones; inversiones en Uruguay, ahorro en dólares y el sorprendente crecimiento de algunos de sus dirigentes. Dólares, propiedades en Uruguay y crecimientos exponenciales de sus bienes.

El discurso nacional y popular de los funcionarios de La Cámpora no siempre se condice con sus cuentas personales. Durante 2012, varios dirigentes de la agrupación desoyeron el libreto kichnerista y apostaron a operaciones en moneda extranjera. Otros, en cambio, se mantuvieron austeros y con sus cuentas en pesos.

La Nación analizó las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, encabeza el ranking: es uno de los dirigentes más ricos del Gobierno con más de cinco millones de pesos. En el otro extremo aparece Andrés “El Cuervo” Larroque, otro de los líderes.

 b) Dólares nacionales y populares 

El patrimonio de Cecilia Nahón, embajadora argentina en Estados Unidos, es el de una mujer de mundo. En el ejercicio 2012, sus bienes superan los $710.000, un crecimiento del 14% en el año.

La amiga de Axel Kicillof declara más de 20.000 dólares en una caja de ahorro y otros 15.000 en efectivo. Entre sus bienes financieros, Nahón informa sobre una cuenta abierta en el banco National Westminster, en Inglaterra, pero sin dinero.

Quizás le haya quedado de su paso por la capital británica, donde cursó una maestría en la prestigiosa London School of Economics.

Entre sus inmuebles, Nahón declara una casa en la ciudad de Buenos Aires, en un terreno de 203 metros cuadrados, valuada en $243.628. La diplomática también posee una parcela en Uruguay de 420 metros cuadrados, cotizada en $6930.

Además, la funcionaria detalla sobre un crédito pendiente con el Banco Hipotecario por $130.000.

Augusto Costa, el reemplazante de Guillermo Moreno en la secretaría de Comercio Interior, casi duplicó su patrimonio en 2012, de $400.000 a $800.000. Es dueño de un departamento en Capital Federal y heredó parte de otros cinco inmuebles: cuatro en Buenos Aires y uno en Pinamar.

Costa tiene buena parte de su patrimonio en ahorros. Y se corre del libreto camporista: atesora 20.000 dólares en efectivo. También declara depósitos en pesos por más de $528.000.

El patrimonio de Carlos Figueroa, gerente de noticias de Canal 7, creció significativamente en 2012: pasó de tener $220.000 a $498.000. Ex notero de Duro de Domar, apostó fuerte a los bonos e invirtió más de $250.000 en títulos de YPF, Banco Galicia, Telecom y otros vinculados al PBI en pesos y, sobre todo, en dólares.

A pesar de que la mayoría de los funcionarios pesificó sus ahorros tras la restricción a la compra de divisas, Figueroa avanzó en sentido contrario: compró 5314 dólares en 2012, que declara en efectivo. También abrió una cuenta en moneda extranjera, aunque no hizo depósitos.

 c) Un 2012 exitoso 

El crecimiento patrimonial de Juan Ignacio Forlón, flamante presidente del Banco Nación, es uno de los más altos entre los camporistas. El amigo de Máximo Kirchner registró un incremento en sus bienes del 175% en 2012. Inició el año con algo más de $300.000 y culminó con casi $890.000.

Juan Manuel Forlón, flamante presidente del Banco Nación, tuvo un crecimiento del 175% en su patrimonio. El amigo de Máximo Kirchner inició 2012 con $300.000 y culminó el año con $890.000

Forlón declara la mitad de una casa en la ciudad de Buenos Aires, cotizada en $29.317. Informa sobre dos autos, también a medias: un Citroen C4 modelo 2009 valuado en $29.000 y un Hyundai i10 modelo 2011 por $30.315. El dirigente kirchnerista declara más de $400.000 en cuentas bancarias.

Forlón, que manejará el banco más grande del país, apostó a los activos financieros. Informó sobre $104.000 colocados en un fondo común de inversión y obligaciones negociables de YPF por $20.000. El funcionario declara ingresos anuales por $566.000 y gastos personales por $225.000.

Julián Álvarez, secretario de Justicia, invierte en ladrillos. La valuación de sus bienes creció en 2012 un 39% y superó los $700.000. El funcionario kirchnerista informa sobre seis inmuebles: un local comercial, dos departamentos y una casa en Lanús, y dos lotes en Punilla, Córdoba. Además, declara $300.000 en efectivo.

El patrimonio de Álvarez no estuvo exento de polémica. Durante el período 2011, el funcionario fue mencionado por su amigo Mariano Recalde cuando citó en su declaración jurada que Álvarez le debía 20.500 dólares. Sin embargo, el secretario de Justicia no declaró esa deuda.

Entre los legisladores camporistas, el patrimonio de la diputada Mayra Mendoza creció un 67% durante 2012: aduce bienes por $485.000. Su crecimiento puede vislumbrarse en el dinero en efectivo que declara. Posee $210.000. Además, Mendoza informa sobre un terreno en Berazategui, provincia de Buenos Aires.

En su declaración jurada no hay rastros de “Mayjo SA”, la sociedad que integra junto a su ex pareja, el legislador bonaerense José Ottavis. La firma, que tiene domicilio en Berazategui, tampoco fue informada en la declaración jurada de 2011. Según publicó el diario Perfil, en el domicilio que aparece en los registros no funciona ninguna empresa.

 d) Recalde, el millonario[2] 

El titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde es, por lejos, el más rico del grupo. El dirigente camporista está, incluso, entre los patrimonios más abultados del Gobierno. Declaró más de $5.225.000 en bienes, casi un millón más que al comienzo de ese año. Sus activos crecieron un 23% en 2012.

El patrimonio de Recalde, uno de los fundadores de La Cámpora, está en la mira de la Justicia: fue acusado por presunto enriquecimiento ilícito, por incompatibilidades al cobrar tres sueldos del Estado y por presentar declaraciones juradas presuntamente irregulares.

La denuncia fue radicada por la diputada Graciela Ocaña, que además de advertir sobre su desmedido crecimiento en pocos años, señaló que existen discrepancias entre las declaraciones de Recalde con las de su padre, el diputado Héctor Recalde, y las del secretario de Justicia, Julián Álvarez.

Eduardo de Pedro, uno de los más ricos en 2011, no presentó su declaración jurada. Lo mismo sucedió con Franco Vitali, subsecretario para el Fortalecimiento de la Democracia, un área clave para la transparencia pública

Con cinco cargos en organismos públicos ligados a la aeronavegación (además de Aerolíneas es presidente de Austral SA, Jet Paq SA, Optar Servicios Turísticos y Aerohandling) es también quien percibe los mayores ingresos anuales: $1.329.058.

Tiene dos departamentos en Capital Federal (uno para vivienda y otro para alquiler) y un auto modelo 2012, que no especifica en su presentación. Invirtió en acciones en la sociedad Nuevo Quilmes, una empresa que adquirió un terreno en la localidad del sur del conurbano para desarrollar un emprendimiento inmobiliario con un fideicomiso.

Durante 2012, tal como lo ordenó la presidenta Cristina Kirchner, Recalde convirtió sus depósitos en moneda extranjera. Solo retuvo 487 dólares. Acumula en concepto de ahorros $854.000 y tiene un plazo fijo de más de $1.500.000.

 e) Inversiones uruguayas 

El flamante ministro de Economía, Axel Kicillof, aumentó sus bienes casi un 18% durante el 2012, según declaró ante la OA. Sus activos sumaron $968.075. El dirigente kirchnerista posee una casa en Capital valuada en $280.000, en la que le invirtió más de $120.000 en mejoras.

Kicillof tiene varias propiedades en Uruguay. Es dueño de una casa cotizada en $150.000 e informa otros dos terrenos: uno para usar durante el verano y otro, de 820 metros cuadrados, adquirido en calidad de “inversión”.

Kicillof pesificó sus ahorros en 2012, luego de que Cristina Kirchner ordenara a sus funcionarios no atesorar en moneda extranjera. Sus depósitos superan los $190.000. Además, el ministro conserva su auto Renault Scenic modelo 2008.

El diputado electo Juan Cabandié declara un patrimonio de casi un millón. Cobró, en 2012, una indemnización de más de $580.000 por ser hijo de desaparecidos. Cabandié, uno de los líderes de La Cámpora, declaró una casa de $180.000 y un terreno en el balneario de Punta del Diablo, en Uruguay, adquirido por 15.000 dólares.

 f) Los más austeros 

Andrés Larroque, líder de La Cámpora, es uno de los más pobres dirigentes de la agrupación juvenil, de acuerdo a la declaración jurada que presentó ante la OA. Aunque su patrimonio creció un 62% durante 2012, sus bienes suman $313.000. El diputado detalla la adquisición de un Citroen C4 modelo 2012 valuado en $120.500 y también dos cajas de ahorro que superan los $100.000.

Rodrigo “Rodra” Rodríguez, subsecretario de Comunicación Pública, es otro de los dirigentes austeros de la agrupación. Finalizó el 2012 con $157.000, un 80% más que a comienzos del período.

El funcionario que tiene peso en el reparto de la pauta oficial, sólo es dueño de un auto y no tiene propiedades. La mayoría de sus bienes son ahorros, casi $100.000.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, fue el único camporista que no ganó dinero en el ejercicio 2012. Según lo informado en su declaración jurada, el funcionario perdió más de $15.000. Sus bienes superan los $660.000.

Fresneda, hijo de desaparecidos, detalla cinco propiedades en Córdoba. La más cara, una casa de 250 metros cuadrados valuada en $176.000, obtenida con fondos provenientes de la indemnización de la Ley 25.194, que prevé un pago único para los hijos de desaparecidos.

Recalde es, por lejos, el más rico de la agrupación. En el otro extremo, Andrés Larroque, “Rodra” Rodríguez y Anabel Sagasti.

Santiago “Patucho” Álvarez, director de Télam, declara un patrimonio de $470.000. El dirigente kirchnerista, famoso por haber creado la imagen del Nestornauta, informa sobre una propiedad en la ciudad de Buenos Aires de 121 metros cuadrados, valuada en $317.000. Según la presentación ante la OA, la vivienda fue adquirida mediante un préstamo.

La principal adquisición en 2012 del ex empleado de Canal 7 es un Renault Sandero PH2 0KM cotizado en $78.200. “Patucho” también declara una deuda hipotecaria con el Banco Nación de $242.232,36. En todo el ejercicio 2012, el dirigente kirchnerista sólo canceló $3.000 del préstamo.

La diputada Anabel Sagasti, que responde en el Congreso al “Cuervo” Larroque, es la más humilde del grupo. Con un patrimonio casi $78.000 es dueña de un Volkswagen Fox y tiene efectivo por $25.000. Está en pareja, pero en las nuevas declaraciones juradas ya no es obligación informar los bienes de los cónyuges.

 g) Los ausentes 

El ranking de los dirigentes de La Cámpora con mayor patrimonio no cuenta con uno de sus funcionarios más representativos. El diputado Eduardo de Pedro, que en 2011 había declarado bienes por casi tres millones de pesos, no figura entre las declaraciones juradas presentadas en el sistema de la OA. Entre los ausentes también figura la diputada María Luz Alonso.

Llama la atención la ausencia de la declaración jurada de Franco Vitali, subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, un área clave para la transparencia de los funcionarios del Estado.

 2. Denuncia contra la Cámpora por corrupción[3] 

Otro empleado estatal denuncia que lo echaron por cuestionar a La Cámpora. Jorge Medina trabajaba para el Ministerio del Interior y se animó a hablar luego que se conocieron dos casos en Aerolíneas Argentinas. Dice que lo echaron cuando denunció la “corrupción” de La Cámpora.

Jorge Medina se animó a hablar luego de conocer los casos de Fernanda Gil y Victor Maiola en Aerolíneas Argentinas. En diálogo con el programa de radio Ahora es Nuestra la Ciudad, Medina explicó que fue echado el 14 de mayo de este año después de denunciar “hechos de corrupción” de sus superiores, militantes de La Cámpora.

Medina se desempeñó durante 6 años en Migraciones del aeropuerto de Córdoba con un currículum intachable y, un día, sin justificación, ni indemnización fue despedido de su cargo. Medina asegura que en los últimos años “ingresaron personas vinculada con La Cámpora”.

Migraciones es un área dentro del Ministerio del Interior que conduce Florencio Randazzo.

“En julio del 2010 ingresó como Jefe de Migraciones de Córdoba un funcionario ligado al kirchnerismo llamado Marcos Patricio Maidana Dutari que trajo a su mano derecha desde Comodoro Rivadavia, Jorge Lépore”, dice Medina.

Según Medina, la nueva gestión “ultrakirchnerista” se asoció con los gremios de Migraciones, ATE y UPCN, para “cubrirse entre ellos”.

“Como persona antigua en esa área denuncié cosas raras que empecé a observar pero me jugó en contra por sus vínculos con los gremios”, señala y explica cuáles fueron las irregularidades que observó: “usar camionetas de Migraciones para llevar afiliados a actos políticos o que un empleado del registro civil me contó que en Migraciones pedían coimas a los extranjeros para sacar turnos”.

Para Medina, su despido fue injustificado, no recibió indemnización de ningún tipo y, según sus palabras, fue un hecho de “discriminación y represión” laboral. “Le mandé infinidad de mails a Randazzo, quien creo que está al tanto del tema, pero nunca me atendió”.

[1]           Fuente de información: La Nación, 22/11/13, “Ranking patrimonial de los funcionarios de la Cámpora”, http://www.lanacion.com.ar.

[2]           Ver: Infobae, 10/9/13, “Recalde pidió su sobreseimiento en una causa por enriquecimiento”, http://www.infobae.com.

[3]           Fuente de información: Perfil.com, 15/9/12, “Otro empleado estatal denuncia que lo echaron por cuestionar a la Cámpora”, http://www.perfil.com.

La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XLI)

CAPÍTULO XLI

ABUSO DE LOS VIAJES OFICIALES AL EXTERIOR

Todo el mundo dice que nuestros líderes son elegidos por las masas. ¿Pero por qué siguen gastándose todo el dinero de sus amos? Nosotros, el pueblo llano, sudamos sangre como si fuéramos bestias de carga, sólo para que ellos, corruptos y codiciosos, puedan engordar y no hacer nada. Mo Yan

 1. El Congreso fue, durante el año pasado, un jubileo casi constante[1]

a) Viajes para todos los gustos 

El 26% de la Cámara baja realizó salidas oficiales y lo mismo hizo el 55% de los representantes de la Cámara alta; Boudou fue el que llevó más acompañantes y custodios. Lideró la lista de viajeros y se destacó por su amplia comitiva.

Un cuarto de los integrantes de la Cámara de Diputados (el 26%) y más de la mitad de los miembros del Senado (el 55,5%) se embarcaron en costosos viajes hacia el exterior para asistir a foros, convenciones, conferencias y reuniones de las más diversas temáticas.

Solos o acompañados por asesores, los legisladores viajaron con sus pasajes y viáticos costeados íntegramente por los presupuestos de ambas cámaras, buena parte de ellos pagados en dólares o en euros, según fuera el destino.

Con tantos viajeros parlamentarios por el planeta no debería extrañar, entonces, que 2013 haya sido uno de los más improductivos en cantidad de leyes sancionadas desde el inicio de la democracia.

En efecto, se aprobaron solo 85 leyes (cuando el promedio histórico ronda las 110 normas), buena parte de ellas originadas en el Poder Ejecutivo. Hubo viajes para todos los gustos.

Entre ellos, uno de los más publicitados fue el que protagonizaron Amado Boudou y la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich a Holanda, donde asistieron a la asunción de los reyes Guillermo y Máxima.

Pero no viajaron solos. El vicepresidente y titular del Senado estuvo acompañado por su jefe de prensa, Sergio Poggi, que viajó en primera clase y contó con 1350 euros de viáticos y otros 10.000 euros para “gastos eventuales con cargo de rendir cuentas”; también viajaron una asesora de su despacho y dos custodios, con viáticos similares y 5000 euros “para gastos eventuales”.

Como Boudou, la presidenta provisional del Senado también viajó con custodia y una asesora, obviamente con pasajes y viáticos incluidos. Según los decretos presidenciales, solo en pasajes para esa gira se abonó un total de $ 193.541, mientras se gastaron otros 12.630 euros en viáticos.

Boudou y Rojkés no fueron los únicos privilegiados en viajar al exterior tanto en el Senado como en Diputados.

En el caso del viaje de Boudou a Holanda, para evitar contingencias o eventuales sobresaltos, Poggi y la custodia del vicepresidente contaban con otros 15.000 euros extra, eso sí, con cargo de rendir cuentas.

Ahora bien, Boudou y Rojkés no fueron los únicos privilegiados en viajar al exterior el año pasado. Quienes conocen los pasillos parlamentarios saben que estos viajes constituyen uno de los grandes “incentivos” para senadores y diputados rasos de todos los colores políticos.

De hecho, muchos buscan aprovecharlos antes que sus mandatos fenezcan. Pero lo más llamativo es que, por lo menos, en el Senado −en la Cámara baja no hay datos disponibles hasta ahora− los senadores pueden viajar acompañados de asesores y todo (pasajes y viáticos incluidos) corre por cuenta del presupuesto de la cámara.

Ejemplos hay de sobra.

En junio pasado, por caso, las senadoras kirchneristas Liliana Fellner, Elena Corregido y María Rosa Díaz (MC), aliada al Gobierno, asistieron junto a tres asesores al “Taller Parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: promoción de la inscripción universal en América latina”, que se realizó en Perú.

En rigor, ese taller duró solo dos días, pero se abonaron viáticos por hasta siete días para los seis viajeros.

Más exótico, el senador ultrakirchnerista Aníbal Fernández viajó a Suecia a la XXVI Conferencia Mundial de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales que se realizó en diciembre de 2012.

No viajó solo; lo hizo acompañado por un asesor, según consta en el DP (decreto presidencial) número 334 al que tuvo acceso La Nación.

Según ese documento, cada pasaje costó 42.500 pesos y cada viajero recibió 1500 euros para viáticos.

Otros senadores, en tanto, envían a sus secretarios de viaje. Como es el caso de Rojkés de Alperovich, que mandó a una asesora suya a Dubai, para asistir a la Feria Gulfood 2013 a fines de febrero pasado, con pasajes y viáticos incluidos.

En abril envió tres asesores a Italia, al Foro Eurolatino de la Mujer, con siete días de viáticos. El costo total de este viaje fue de 117.618 pesos en pasajes y 5670 euros en viáticos.

Las senadoras Corregido y María de los Ángeles Higonet, del PJ La Pampa (aliado del Gobierno), son de las que más millas acumularon el año pasado.

Entre los viajes que realizó la senadora pampeana figura uno a Cuba, donde se realizó la III Conferencia Mundial por el Equilibrio del Mundo, entre el 28 y el 30 de enero. Acompañada por dos asesores, permaneció allí en total cinco días (pidió ampliar los viáticos).

 b) Información acotada 

En la Cámara de Diputados, la información que se divulga es más acotada, pero por lo menos ahora se puede saber qué diputados viajaron y hacia qué destinos lo hicieron.

Al igual que en el Senado, los motivos son de lo más diversos, cuando no polémicos.

Por caso, el diputado Rubén Sciutto, ex kirchnerista devenido massista, ex presidente de la Comisión de Deportes, viajó en enero pasado a España al lanzamiento de la Copa del mundo de ski.

La diputada oficialista María Chieno, por su lado, se embarcó hacia Palestina, donde participó de la XI reunión internacional por el arresto de Marwan Barghouthi, mientras que sus colegas Nora Videla (Compromiso Federal) y Olga Guzmán (Movimiento Popular Neuquino) pudieron disfrutar, en septiembre pasado, de la exótica isla de Bali, en Indonesia, donde se realizó el X Congreso Mundial de Educación. Ambas terminaron su mandato el 10 de diciembre pasado.

Los viajes al exterior no fueron de exclusiva competencia de los legisladores del oficialismo. También figuraron destinos llamativos para referentes de la oposición.

Por caso, la ex senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro viajó por siete días a Colombia para participar del XVIII Congreso de Teatro joven con todos los gastos pagos.

A su vez, la senadora del Frente Amplio Progresista Norma Morandini viajó por cuenta del Congreso a Miami para participar de un Foro Latinoamericano de Telecomunicaciones. Lo hizo por seis días y solo recibió viáticos.

Por otra parte, el ex senador radical Emilio Rached realizó un exótico viaje a Marruecos, junto con un asesor que también recibió, al igual que el legislador de la UCR, los gastos de viáticos que fueron pagados por la Cámara alta.

 c) La información disponible en las páginas web 

Los viajes que realizaron los senadores el año pasado pueden hallarse en la página web del Senado, donde figuran los decretos presidenciales de la Cámara alta que autorizan esos periplos.

Allí se detalla el motivo, la fecha y el destino de cada visita, así como los gastos en pasajes y viáticos de cada uno de los viajeros.

En la página web de la Cámara de Diputados la información es más acotada: solo se detalla la fecha de cada viaje, el legislador que lo realiza, el destino y el motivo de la visita.

De todas maneras, es un avance en materia de transparencia que se logró el año pasado, ya que es la primera vez que estos datos se publican.

En los decretos presidenciales del Senado también figuran aquellos viajes que, por distintas razones, no se concretaron, pero que, igualmente, debieron ser abonados.

El año pasado hubo tres viajes frustrados, por lo que el Senado tuvo que abonar las penalidades respectivas. 

DEL EDITOR: qué significa. Legisladores opositores y oficialistas no están exentos de los polémicos viajes y gastos. Prevalece así el espíritu corporativista legislativo ante todo.

 3. Advierten sobre el abuso con aviones oficiales y jets privados[2]

a) Costos millonarios 

Los utilizan para desplazarse funcionarios provinciales y nacionales. Gastan millones. Gobernadores, miembros de la Casa Rosada y funcionarios prefieren aviones y helicópteros a los autos oficiales para moverse de ciudad a ciudad, asistir a algún acto o simplemente tomar vacaciones.

Periodismo Para Todos presentó anoche un ranking de la flota de los gobernadores y contó que Cristina Kirchner lleva recorridos, en lo que va del año 252.300 kilómetros en aviones de la flota presidencial y jets privados.

Cristina lleva, como mínimo, 535 horas de vuelo, es decir algo más de 22 días. De esos 22 días, casi seis los pasó arriba de un helicóptero cubriendo los 15 kilómetros que separan la residencia de Olivos de la Casa Rosada.

Solo por ir y venir de Olivos a la Casa Rosada en helicóptero, Cristina lleva gastados US$ 585.900 en los primeros diez meses del año.

Para los viajes al interior o al exterior, la Presidenta se mueve en el avión presidencial, el Tango 01. Eso, siempre que el Boeing 757 no esté averiado. Por falta de mantenimiento o temor a embargos, el Gobierno debió pagar cuantiosas sumas por jets privados.

Pero además del Tango 01 y el 10, están los Tangos 02 y 03 y dos Fokkers 28, aviones que Cristina utiliza para hacerse llevar los diarios desde Buenos Aires cuando está en El Calafate o Río Gallegos.

Clarín ya había dado cuenta en detalle del uso discrecional de aviones por parte de gobernadores y funcionarios.

 b) ¿Quién es el funcionario público que más gasta? 

Pero no solo la Presidenta prefiere el transporte aéreo. El gobernador de Misiones, Maurice Closs, es el que más gasta. En el presupuesto 2014 de Misiones, se agregó un gasto extra de $ 4 millones para mejorar el hangar donde se guarda el helicóptero sanitario que Closs usa como móvil personal.

Después de un recital que Ricardo Arjona dio en Posadas el 21 de abril de este año, por ejemplo, Closs le prestó al cantante el helicóptero sanitario para que visitara las Cataratas y los saltos del Moconá.

Sin embargo, para viajes fuera de la provincia el gobernador alquila un jet privado por el que paga $ 42 mil ida y vuelta, según el Boletín Oficial.

En Tucumán, el gobernador José Alperovich cuenta con 2 aviones sanitarios de última generación, un Cessna Citation Bravo matrícula LV BEU y un Learjet matrícula LV CKA que le costó a la provincia 36,9 millones, 6 más que lo que autorizó la legislatura. Sin embargo, cuando los tucumanos requieren del servicio el avión no está.

En enero de 2011 una familia sufrió un accidente y la mujer debía ser trasladada de urgencia a Tucumán, pero Alperovich lo había usado para ir a Punta del Este con su familia.

También en Chaco, el gobernador Jorge Capitanich, tiene problemas para explicar el uso de los aviones provinciales. Tenía un Rockwell 690 matrícula LV−MBY que fue vendido al empresario K, Lázaro Báez a un precio irrisorio.

Entre fines de 2010 y principios de 2011, Chaco pagó US$ 4 millones por un Learjet 60 a BairesFly, la principal proveedora de los gobernadores. En ese avión viajó, tiempo después, Leonardo Fariña.

En Tierra del Fuego, La Rioja y Buenos Aires los problemas se repiten. En 2012 Daniel Scioli había prometido vender la flota de aeronaves por la falta de fondos para pagar salarios.

Pero no solo no se vendieron: algunas aeronaves son usadas como propias por el vicegobernador, Gabriel Mariotto. 

[1]           Fuente de información: La Nación, 6/1/14, “Los costosos y llamativos viajes de senadores y diputados al exterior”, http://www.lanacion.com.ar. Más información: Infobae, 6/1/14, “Los costosos viajes de senadores y diputados al exterior durante 2013”, http://www.infobae.com.

[2]           Fuente de información: Clarín, 14/10/13, “Advierten sobre el abuso con aviones oficiales y jets privados”, http://www.clarin.com.

La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LXIX)

CAPÍTULO LXIX

APÉNDICE 

Ley 26.097[1] 

CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.

Sancionada: Mayo 10 de 2006; Promulgada de Hecho: Junio 6 de 2006 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,

etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — Apruébase la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, adoptada en Nueva York —ESTADOS UNIDOS DE AMERICA— el 31 de octubre de 2003, que consta de SETENTA Y UN (71) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley. 

ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.097 — 

ALBERTO BALESTRINI. — MARCELO LOPEZ ARIAS. — Martha Luchetta. — Juan H. Estrada. 

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS

CONTRA LA CORRUPCION

PREÁMBULO 

Los Estados Parte en la presente Convención, 

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, 

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, 

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella, 

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, 

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones, 

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley, 

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos, 

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad, 

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces, 

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción, 

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción, 

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Arabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea, 

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembro de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003, 

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

Han convenido en lo siguiente: 

Capítulo I

Disposiciones generales 

Artículo 1 

Finalidad 

La finalidad de la presente Convención es: 

  1. a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; 
  2. b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; 
  3. c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. 

Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos de la presente Convención: 

  1. a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 
  2. b) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública; 
  3. c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderá un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre; 
  4. d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; 
  5. e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 
  6. f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente; 
  7. g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente; 
  8. h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 23 de la presente Convención; 
  9. i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión. 

Artículo 3 

Ámbito de aplicación 

  1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado. 

Artículo 4 

Protección de la soberanía 

  1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 
  2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades. 

Capítulo II 

Medidas preventivas 

Artículo 5 

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. 
  2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. 
  3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción. 
  4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción. 

Artículo 6 

Órgano u órganos de prevención de la corrupción 

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como: 
  2. a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas; 
  3. b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción, 
  4. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones. 
  5. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción. 

Artículo 7 

Sector público 

  1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:
  2. a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; 
  3. b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos; 
  4. c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte; 
  5. d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes. 
  6. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos. 
  7. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos. 
  8. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas. 

Artículo 8 

Códigos de conducta para funcionarios públicos 

  1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
  2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas. 
  3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996. 
  4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. 
  5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos. 
  6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo. 

Artículo 9 

Contratación pública y gestión de la hacienda pública 

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: 
  2. a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre litaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
  3. b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación; 
  4. c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos; 
  5. d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo; 
  6. e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación. 
  7. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas: 
  8. a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional; 
  9. b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos; 
  10. c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente; 
  11. d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y 
  12. e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo. 
  13. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estado financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos. 

Artículo 10 

Información pública 

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: 

  1. a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; 
  2. b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y 
  3. c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública. 

Artículo 11 

Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público 

  1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial. 
  2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga. 

Artículo 12 

Sector privado 

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas. 
  2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir entre otras cosas, en: 
  3. a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;
  4. b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado; 
  5. c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas; 
  6. d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales; 
  7. e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo; 
  8. f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación. 
  9. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención: 
  10. a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros; 
  11. b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas; 
  12. c) El registro de gastos inexistentes; 
  13. d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto; 
  14. e) La utilización de documentos falsos; y 
  15. f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley. 
  16. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos lo que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto. 

Artículo 13 

Participación de la sociedad 

  1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes: 
  2. a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; 
  3. b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información; 
  4. c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; 
  5. d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
  6. i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros; 
  7. ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas. 
  8. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos; cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 14 

Medidas para prevenir el blanqueo de dinero 

  1. Cada Estado Parte: 
  2. a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas; 
  3. b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 
  4. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. 
  5. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que: 
  6. a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente; 
  7. b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y 
  8. c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no contengan información completa sobre el remitente. 
  9. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. 
  10. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero. 

Capítulo III 

Penalización y aplicación de la ley 

Artículo 15 

Soborno de funcionarios públicos nacionales 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

  1. a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 
  2. b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

Artículo 16 

Soborno de funcionarios públicos extranjeros 

y de funcionarios de organizaciones 

internacionales públicas 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de tina organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales. 
  2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales. 

Artículo 17 

Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo. 

Artículo 18 

Tráfico de influencias 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

  1. a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona;
  2. b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido. 

Artículo 19 

Abuso de funciones 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad. 

Artículo 20

Enriquecimiento ilícito 

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él. 

Artículo 21 

Soborno en el sector privado 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales: 

  1. a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar; 
  2. b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. 

Artículo 22 

Malversación o peculado de bienes en el sector privado 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo. 

Artículo 23 

Blanqueo del producto del delito

  1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 
  2. a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 
  3. ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; 
  4. b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 
  5. i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; 
  6. ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 
  7. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 
  8. a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; 
  9. b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 
  10. c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 
  11. d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; 
  12. e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante. 

Artículo 24 

Encubrimiento 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 25 

Obstrucción de la justicia 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

  1. a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 
  2. b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. 

Artículo 26 

Responsabilidad de las personas jurídicas 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 
  3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 
  4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

Artículo 27 

Participación y tentativa 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 
  2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 
  3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 28 

Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito 

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

Artículo 29 

Prescripción 

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia. 

Artículo 30 

Proceso, fallo y sanciones 

  1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos. 
  2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.
  4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior. 
  5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos. 
  6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia. 
  7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arregló a la presente Convención para: 
  8. a) Ejercer cargos públicos; y 
  9. b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado. 
  10. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos. 
  11. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho. 
  12. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 31 

Embargo preventivo, incautación y decomiso 

  1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: 
  2. a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; 
  3. b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  4. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
  5. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 
  6. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo. 
  7. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación. 
  8. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. 
  9. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 
  10. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otros procesos.
  11. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
  12. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste. 

Artículo 32 

Protección de testigos, peritos y víctimas 

  1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 
  2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en: 
  3. a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y paradero; 
  4. b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados. 
  5. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo,
  6. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos. 
  7. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

Artículo 33 

Protección de los denunciantes 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 34 

Consecuencias de los actos de corrupción 

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción, En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva. 

Artículo 35 

Indemnización por daños y perjuicios 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización. 

Artículo 36 

Autoridades especializadas 

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 37 

Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

  1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto. 
  2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la presente Convención. 
  5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 

Artículo 38 

Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá incluir: 

  1. a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención, o 
  2. b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa solicitud. 

Artículo 39 

Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 40 

Secreto bancario 

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario, 

Artículo 41 

Antecedentes penales 

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 42 

Jurisdicción 

  1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando: 
  2. a) El delito se cometa en su territorio; o 
  3. b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión. 
  4. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 
  5. a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 
  6. b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o 
  7. c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o 
  8. d) El delito se cometa contra el Estado Parte. 
  9. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales. 
  10. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite, 
  11. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas. 
  12. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas, por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno. 

Capítulo IV 

Cooperación internacional 

Artículo 43 

Cooperación internacional 

  1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción. 
  2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente. 

Artículo 44 

Extradición 

  1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido. 
  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno. 
  3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos. 
  4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo. 
  6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado deberá: 
  7. a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y 
  8. b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo. 
  9. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa de extradición entre ellos. 
  10. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición. 
  11. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
  12. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición. 
  13. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones. 
  14. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo. 
  15. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente. 
  16. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona. 
  17. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones. 
  18. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 
  19. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato. 
  20. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. 

Artículo 45 

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena 

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla allí su condena. 

Artículo 46 

Asistencia judicial recíproca 

  1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.
  2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte requirente. 
  3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 
  4. a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; 
  5. b) Presentar documentos judiciales; 
  6. c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; 
  7. d) Examinar objetos y lugares; 
  8. e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
  9. f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles; 
  10. g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios; 
  11. h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente; 
  12. i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido; 
  13. j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención; 
  14. k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención.
  15. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención. 
  16. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización, Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación. 
  17. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca. 
  18. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca, Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación. 
  19. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo, 
  20. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el articulo 1; 
  21. b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones de la presente Convención; 
  22. c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al presente artículo. 
  23. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes: 
  24. a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 
  25. b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas. 
  26. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo: 
  27. a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa; 
  28. b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte; 
  29. c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución; 
  30. d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que hade cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.
  31. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 
  32. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible. 
  33. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito. 
  34. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente: 
  35. a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud; 
  36. b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones; 
  37. c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales; 
  38. d) Una descripción de la asistencia solicitada pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;
  39. e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y
  40. f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. 
  41. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento. 
  42. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. 
  43. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido. 
  44. El Estado Parte requirente no transmitirá utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación. 
  45. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente. 
  46. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 
  47. a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo; 
  48. b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; 
  49. c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia; 
  50. d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 
  51. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 
  52. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente. 
  53. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud, El Estado Parte requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.
  54. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. 
  55. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas. 
  56. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado. 
  57. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos. 
  58. El Estado Parte requerido: 
  59. a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general; 
  60. b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general. 
  61. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones. 

Artículo 47 

Remisión de actuaciones penales 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso. 

Artículo 48 

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

  1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para: 
  2. a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; 
  3. b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de: 
  4. i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas; 
  5. ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos; 

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos; 

  1. c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación; 
  2. d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos; 
  3. e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados; 
  4. f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.
  5. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente Convención constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
  6. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna. 

Artículo 49 

Investigaciones conjuntas 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 50 

Técnicas especiales de investigación 

  1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales. 
  2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas. 
  3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados. 
  4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. 

Capítulo V 

Recuperación de activos 

Artículo 51 

Disposición general 

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto. 

Artículo 52 

Prevención y detección de transferencias del producto del delito 

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela. 
  2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá: 
  3. a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y 
  4. b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma. 
  5. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final. 
  6. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. 
  7. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
  8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento. 

Artículo 53 

Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno: 

  1. a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención; 
  2. b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y 
  3. c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

Artículo 54 

Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso

  1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno: 
  2. a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte; 
  3. b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y 
  4. c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.
  5. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno: 
  6. a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;
  7. b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y 
  8. c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes. 

Artículo 55 

Cooperación internacional para fines  decomiso 

  1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno: 
  2. a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o 
  3. b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido. 
  4. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido. 
  5. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente: 
  6. a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado. Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno; 
  7. b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva; 
  8. c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.
  9. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente. 
  10. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta. 
  11. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito, 
  12. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor. 
  13. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida. 
  14. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 

Artículo 56 

Cooperación especial 

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención. 

Artículo 57

Restitución y disposición de activos 

  1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho interno. 
  2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe. 
  3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido: 
  4. a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido; 
  5. b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de los bienes decomisados;
  6. c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito. 
  7. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 
  8. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados. 

Artículo 58 

Dependencia de inteligencia financiera 

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.

Artículo 59 

Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente capítulo de la Convención. 

Capítulo VI 

Asistencia técnica e intercambio de información 

Artículo 60 

Capacitación y asistencia técnica 

  1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre: 
  2. a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e investigación; 
  3. b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política estratégica contra la corrupción; 
  4. c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la presente Convención; 
  5. d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la función pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación pública, así como del sector privado, 
  6. e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho producto; 
  7. f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 
  8. g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto; 
  9. h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 
  10. i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y 
  11. j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas. 
  12. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca. 
  13. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes. 
  14. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción. 
  15. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese objetivo. 
  16. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países con economías en transición.
  17. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economías en transición para aplicar la presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia técnica. 
  18. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención. 

Artículo 61 

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción 

  1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción. 
  2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción. 
  3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y eficiencia. 

Artículo 62 

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica 

  1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular. 
  2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por: 
  3. a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir y combatir la corrupción; 
  4. b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención; 
  5. c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención; 
  6. d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención. 
  7. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional. 
  8. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción. 

Capítulo VII 

Mecanismos de aplicación 

Artículo 63 

Conferencia de los Estados Parte en la Convención 

  1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación. 
  2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención, Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia. 
  3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades. 
  4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular: 
  5. a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención, incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;
  6. b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto del delito, mediante; entre otras cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el presente artículo; 
  7. c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes; 
  8. d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades; 
  9. e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados Parte; 
  10. f) Formulará recoendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación; 
  11. g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas que considere necesarias al respecto. 
  12. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación de la presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte. 
  13. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.
  14. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la presente Convención. 

Artículo 64 

Secretaría 

  1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención. 
  2. La secretaría:
  3. a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los servicios necesarios; 
  4. b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y 
  5. c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes. 

Capítulo VIII 

Disposiciones finales 

Artículo 65 

Aplicación de la Convención 

  1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención. 
  2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción. 

Artículo 66 

Solución de controversias 

  1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación. 
  2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte, 
  3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva. 
  4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 67 

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

  1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005. 
  2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de lo Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 
  3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 
  4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 

Artículo 68 

Entrada en vigor 

  1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización. 
  2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior. 

Artículo 69 

Enmienda 

  1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la examinen y adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte. 
  2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa. 
  3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 
  4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda. 
  5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 

Artículo 70 

Denuncia 

  1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 
  2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros. 

Artículo 71 

Depositario e idiomas 

  1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención. 
  2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención. 

I hereby certify that the foregoing text is a true copy in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages of the United Nations Convention Against Corruption, adopted by the General Assembly of the United Nations in New York on New York on 31 October 2003.

Je certifie que le texte qui précéde est la copie conforme en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnol, française et russe de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l´ Assemblée Général des Nations Unies a New York le 31 octobre 2003. 

Firmas 

[1]             Fuente: INFOLEG, información legislativa,
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm.

La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LXVIII)

CAPÍTULO LXVIII 

JOSÉ ALPEROVICH, EL ZAR DE TUCUMÁN

 

“Sin Ley de Ética Pública ni Fiscalía Anticorrupción, con un Poder Judicial fuertemente vinculado al Ejecutivo y una Legislatura adicta, son casi nulas las posibilidades de investigar”. El Intransigente.com.

“Detrás de toda fortuna hay un crimen”. Honoré de Balzac.

1. Por qué es imposible investigar en Tucumán el enriquecimiento ilícito[1]

 a) La fortuna de Alperovich es incalculable 

En 1999, sobre el final de la escandalosa década menemista, a nivel nacional se aprobó la llamada Ley de Ética Pública que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas públicas anualmente.

Tucumán, desde entonces, se hace la distraída. Jamás hubo en nuestra Provincia una Ley de Ética Pública, y los funcionarios entran y salen de la gestión sin rendir cuentas de su enriquecimiento.

La fortuna personal del Gobernador José Alperovich es incalculable, por lo menos para el ciudadano común. Hasta donde se sabe, es propietario de concesionarias de autos Wolsvagen y Ford, camiones y maquinarias agrícolas.

Tiene una empresa constructora y una inmobiliaria al menos, la que tiene más plazas de la provincia entre departamentos, casas y locales comerciales. Es productor sojero: tiene campos en Tucumán, Salta y Santiago del Estero que, según sus propios dichos, producen 3.200 kg de soja por hectárea.

De hecho, se afirma que el meteorito que surcó el cielo tucumano y santiagueño en abril, cayó en una de sus fincas. También tendría campos de ganado, exportadoras de carbón vegetal y otros recursos no renovables de la provincia y la región.

En septiembre de 2012, el ex Legislador Renzo Cirnigliaro denunció que entre el 14 de febrero y el 28 de abril se radicaron firmas vinculadas a la familia gobernante en Miami: “Las empresas ‘Gap Sports Management’ (a nombre de su hijo Gabriel), ‘500 Brickell B&G Investment Group’ (del diputado Benjamín Bromberg, primo), ‘Romina Rojkés’ (de su sobrina) (y Scholem LLC (de Rubén Rojkés, su cuñado) no se hallan aisladas, sino que además están integradas a una red de otras empresas y otros socios de EE.UU. como ‘Qualitas’, ‘High Perfomance’ y ‘Perland Title&Escrow Services Corp'”.

Cirnigliaro explicó en aquella oportunidad a La Gaceta que “Cuando esta maniobra queda en descubierto, el gobernador reaccionó mandando a cerrar ‘Gap Sports Management’ el sábado 25 de agosto.”

Es absolutamente imposible determinar si el patrimonio de Alperovich creció en la última década, aunque la afirmación provoque risa. En el ámbito empresarial –y en la calle- corren rumores de que adicionó la propiedad de varios medios de comunicación, propiedades, financieras y campos.

La actuación de los funcionarios provinciales está regida por la Ley 3.981 de 1973. La norma otorga carácter de secreto al detalle del patrimonio de quienes cumplan funciones públicas. Las declaraciones juradas que presentan los funcionarios son inexpugnables, y está prohibido consultarlas salvo que lo solicite el propio presentante.

Hay otra forma de sacarlas a la luz: si las pide un juez en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. El problema radica en que es difícil saber si una sospecha por enriquecimiento puede ser viable si no se conocen los bienes del demandado. Se trata de un círculo vicioso perfectamente cerrado: si no se conoce la declaración, no hay juicio, y si no hay juicio, no se conoce la declaración.

Igualmente, cualquier ciudadano valiente podría arriesgarse y presentar una demanda igualmente. El problema es ante quién. En Tucumán no hay Fiscalía Anticorrupción, y no hay porque fue Alperovich mismo quien la disolvió en 2005.

A diferencia de la Ley de Ética Pública, en Tucumán sí existió una Fiscalía Anticorrupción. Fue creada en el año 2000 y manejada por el Fiscal Esteban Jerez, que llegó a investigar 400 causas, entre ellas una que involucraba a la ahora Senadora Beatriz Rojkés por desvíos de fondos hacia la Fundación Pibe. Una de las primeras medidas de gobierno de Alperovich fue el desplazamiento de Jerez, a tres meses de asumir su Gobierno. Dos años más tarde, la oficina fue cerrada para siempre.

Continuando con la hipótesis del ciudadano valiente que intente radicar una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la Justicia, aunque no exista un Fiscal destinado específicamente a investigarlo. El poder Judicial de Tucumán tiene actualmente más de 100 designados a dedo por Alperovich, entre jueces y fiscales, gracias a la desintegración durante años del Consejo Asesor de la Magistratura. Ahora que volvió a funcionar, los aspirantes rinden concursos de tipo testimoniales, ya que entre los ganadores, asume el que el Gobernador elige según su íntimo criterio. Y muchos de los que fueron designados con anterioridad a la gestión Alperovich tienen actualmente a sus hijos trabajando para el Gobernador.

Suponiendo que alguna denuncia prosperara, el Juicio Político debe pasar primero por el filtro de la Legislatura. Y quien preside la Comisión de Juicio Político de la Legislatura es el alperovichista Sisto Terán, que sistemáticamente desestimó todos los intentos contra funcionarios de la actual gestión. No hubo, en la última década, un solo pedido de Juicio Político a ningún funcionario y actualmente nadie es investigado por la Justicia.

 b) Legisladores, el absurdo de la falta de control 

La falta de control sobre las finanzas que cruzan las arcas públicas con las privadas no sólo beneficia al Poder Ejecutivo. Los Legisladores cobran, además de sus dietas, los llamados Gastos Sociales.

Se trata de una cifra mucho mayor a la del sueldo del Legislador, que le es entregada para que el parlamentario la utilice de acuerdo a su parecer.

El criterio por el cual cada Legislador puede gastar un monto que, ahora, alcanza los 50 mil pesos mensuales, es discrecional. Al asumir, cada miembro de la Cámara tiene a su disposición nada menos que 10 nombramientos para designar asesores. A ello, se debe sumar la posibilidad de contratar aún a más gente con fondos de los gastos sociales.

La dieta de los Legisladores ronda, según los propios involucrados, los 12 mil pesos mensuales, un monto que en general ellos mismos consideran bajo, aunque equivale a unos cuatro salarios mínimos y casi seis jubilaciones.

Entre todos, suman un total de 30 millones de pesos anuales que los Legisladores gastan en lo que les parece que debe gastarse.

Para comprender a qué se destinan esos fondos, el histórico Legislador peronista José “Gallito” Gutiérrez no se anduvo con vueltas en declaraciones a La Gaceta en enero de este año: “Para permanecer en política y para perdurar en política uno tiene que dar soluciones a la gente. Yo estoy en política desde 1983, y asumí como legislador en 1999, con un sublema en el Este que abarcaba seis departamentos. Como en 2003 no había reelección, armé otro sublema y la presenté a mi madre y volví a la comuna. El trabajo político que hice y que generé desde la Legislatura con los gastos sociales me ha permitido llevarla a mi madre como legisladora, por el trabajo político. Después, en 2007 volví de legislador, ya en la lista oficial, encargándome de Burruyacu, y seguí haciendo nombramientos. Porque cuando vence el mandato de legislador, vencen los nombramientos políticos con los gastos sociales. (…)Me permite moverme un poco mejor en política y trabajar con miras a 2015”.

 2. José Alperovich, rey de “Tuculandia”[2] 

En Tucumán hace tiempo que gobiernan los Alperovich. José, el gobernador, asumió en el 2003 y va por el tercer mandato consecutivo. Siempre soñó con la reelección indefinida. En este contexto, el dirigente peronista Enrique Romero acaba de impulsar un proyecto en la Legislatura provincial para declarar Rey y Monarca de la provincia al gobernador.

La humorada revela el estilo cerrado que tiene el clan Alperovich para manejar la provincia. En el irónico proyecto, Romero escribe: “El Poder Ejecutivo será ejercido por el único ciudadano con el título de Monarca. Para ser Rey se requiere portar el apellido Alperovich, ser descendiente directo o tener tres mandatos anteriores como antecedente”.

Todos los artículos del proyecto son desopilantes: “El Rey no necesita reemplazo. Para la hipotética situación de que llegara a fallecer algún día, será reemplazado por su legítimo heredero”.

Romero es opositor a los Alperovich y cada vez que le preguntan por su provincia prefiere llamarla con el nombre de “Tuculandia”. Pero el dirigente también se pone serio y asegura que en Tucumán la mayoría de los dirigentes y familiares cercanos al gobernador se habrían enriquecido de manera veloz.

Uno de los artículos de su insólito proyecto sentencia: “Queda prohibido a fiscales y jueces investigar delitos cometidos contra la administración pública cometidos por el rey y sus funcionarios”. Cualquier parecido con la realidad. ¿Es pura coincidencia? “Hay que declarar a José Alperovich rey de Tuculandia”, dijo.

 3. Denuncia contra Alperovich por espiar a sus rivales[3] 

Al gobernador tucumano lo acusaron penalmente de perseguir políticos, pero negó todo.

Dirigentes radicales denunciaron penalmente al gobernador tucumano José Alperovich por espionaje. La presentación se debe al D2, organismo donde según los denunciantes se desarrollan actividades de infiltración, seguimiento, captación de fotografías de representantes y referentes políticos, gremiales, universitarios y del ámbito cultural.

Puntualizan que todas esas actividades, que incluso han tenido fuerte trascendencia en medios de prensa provinciales y nacionales, “son realizadas en forma ilícita, en franca contraposición con las disposiciones de nuestra Constitución, la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Protección de Datos Personales”.

El legislador José Cano habló con Perfil.com sobre la denuncia y contó que el objetivo es frenar estas acciones del Estado: “No sabemos nada del D2, no hay presupuesto, no pertenece a la policía, es una incógnita”.

Contó que estuvieron en los lugares desde donde funciona el centro y “es una cueva donde no hay identificación de nada, no hay patentes. Cuando salen, trabajan como civiles infiltrados en las marchas”.

También aportó el nombre de un fotógrafo, que pertenecería a la policía, y que vestido de civil realiza tomas de imágenes de dirigentes opositores. En ese sentido, se solicita el allanamiento del domicilio de esta persona, aportándose una dirección.

Cano también pidió el inmediato allanamiento de la dependencias utilizadas por la D2, secuestrándose todo archivo físico o informático, computadoras, tecnología de intercepción y escuchas telefónicas, equipos de filmación y fotografía, etc.

Negó todo. El gobernador José Alperovich descartó la existencia de operaciones para perseguir políticos opositores. “Es tremendo lo mentirosos que son. Lo desmiento totalmente. Jamás en mi vida he dado una orden de que se persiga a políticos”, señaló y consideró que la oposición “como no sabe dar soluciones, intenta ensuciar el nombre, poner palos en la rueda y por eso van a la Justicia”.

 4. Arbitraria censura de su biografía no autorizada “El zar tucumano”[4] 

El pasado 4 de julio (2011), los jóvenes periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco presentaron su libro: José Alperovich, el zar tucumano, una biografía no autorizada sobre el gobernador de Tucumán, para el cual entrevistaron a más de 100 personas entre familiares, amigos, funcionarios del Gobierno, dirigentes del oficialismo y de la oposición que aportaron importantes revelaciones sobre el hombre que “tiene a la provincia en un puño”.

Ya para el día 14, “el zar tucumano” se había encargado de hacer desaparecer de las librerías la polémica biografía mediante el uso de su policía de Rentas para amenazar a los locales que vendían el libro.

Mario Kostzer, de La Feria del Libro −lugar donde se había comenzado a vender con éxito− primero lo aceptó y luego lo retiró de las góndolas. “Tiene un tufillo antisemita”, se justificó en un diálogo con Revista Contexto.

Desde el blog del mismo Nicolás Balinotti pudo saberse que la distribuidora había acordado con los autores del libro el reparto de 150 ejemplares en Tucumán y Salta. Incluso, hasta se había acordado la división de ganancias: 30 por ciento para el canillita, 10 para la agencia y un 60 para los autores. Sin embargo, a un día de iniciar la distribución, Fernando Torres, de la agencia Rómulo Guzmán, comunicó: “No distribuiremos el libro porque recibimos presiones del gobierno”.

El 17 de julio último, el diputado nacional Juan Casañas, candidato a vicegobernador por la UCR, expresó su preocupación por la metodología empleada por el gobernador tucumano para “amenazar, mediante la policía de la Dirección de Rentas, a quienes vendan su biografía no autorizada” por medio de la presentación de un proyecto de declaración que fue girado a las Comisiones de Comercio y Libertad de Expresión.

Casañas se reunió ayer en la Comisión de Libertad de Expresión −a la que asistió el periodista Luis Majul− para tratar un proyecto de Casañas y repudiar el acto de censura, pero la falta de quórum obligó a postergar su debate.

En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Patricia Bullrich, propuso que el cuerpo se reúna en Tucumán “para federalizar la comisión”, según informó el sitio Parlamentario.com.

Este lunes, el reconocido sitio web de la Revista Contexto, publicó en exclusiva un escalofriante adelanto del libro en cuestión donde puede verse claramente el desvergonzado manejo del Poder Judicial desde la Casa de Gobierno.

“Mocosa, no te pusimos para que armes quilombo”: fue la advertencia de Alperovich a Claudia Sbdar, jueza de la Corte Suprema de Justicia. Aquí el adelanto:

La vacante que dejó Dato al convertirse en diputado nacional, en 2007, le abrió la puerta a Alperovich para hacer pie en el único poder provincial que le quedaba colonizar: la Justicia. Así, Estofán pasó del Poder Ejecutivo al Judicial, sin escalas.

En su desembarco en la Corte, Estofán fue observado con recelo. Su pasado político le jugaba en contra.

− Alperovich sabe que no me puede pedir cualquier cosa, fueron las primeras palabras de Estofán ante sus compañeros del alto tribunal provincial.

Esa carta de presentación le resultó positiva y se ganó hoy la confianza de sus compañeros de la Corte.

Incluso, cuando el Tribunal falló en contra de un artículo de la reforma de la Constitución −Estofán se había excusado− Alperovich se enteró de la noticia a través de los medios. Si Estofán estaba allí para adelantar la primicia, la jugada no había resultado eficaz.

El fallo, publicado en septiembre de 2008, impidió que el Poder Ejecutivo organizara el Consejo Asesor de la Magistratura, el órgano para seleccionar magistrados. Ese mismo fallo volteó la posibilidad de modificar la Carta Magna mediante enmiendas. De ese modo, cualquier intento de cambiar el texto constitucional debe ir avalado por una ley de la Legislatura que declare la necesidad de la reforma y especifique cuáles son los artículos que se pueden retocar.

Esa sentencia fue un baldazo de agua fría para el gobernador. Por primera vez un poder del Estado le ponía límites. Alperovich había ideado un Consejo de la Magistratura integrado por jueces, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Los abogados y los docentes no tenían cabida en ese esquema. “Los abogados no pueden ser jueces y partes”, había denunciado el gobernador.

Finalmente, Alperovich tuvo que retroceder y aceptar que representantes de los abogados integraran el órgano de selección.

La demanda la había presentado el Colegio de Abogados, por eso Alperovich intentó que ningún representante de los profesionales integrara el Consejo de la Magistratura.

La segunda vacante de la Corte la dejó Héctor Eduardo Area Maidana, un ex funcionario de Antonio Domingo Bussi, quien lo había instalado en el sillón del máximo tribunal.

Para su reemplazo, Alperovich propuso a Francisco Sassi Colombres. Cuando la Legislatura ya le había otorgado el acuerdo, se bajó una orden desde la Casa Rosada que dejó a Sassi Colombres fuera del palacio de Justicia. ¿La razón? Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron su paso por el gobierno de Bussi durante la dictadura.

Después del traspié de Sassi Colombres, que descolocó por un momento la relación con Kirchner, Alperovich tuvo que recurrir a un plan B. Así fue que echó mano dentro de la comunidad judía. Claudia Sbdar se convertiría de esta manera en la primera mujer en integrar la Corte tucumana. Sbdar había sido relatora durante 12 años de Alfredo Dato, el vocal que se transformó en diputado oficialista.

“Alperovich es un hombre de empuje y cede cuando tiene que ceder. Ya no es el impulsivo que era: dio marcha atrás con la ley de patrimonio histórico y la designación de Sassi Colombres en la Corte, por ejemplo. Él no puede aflojar y negociar en una posición de debilidad”, evaluó el legislador Fernando Juri Debo.

Curiosamente, los dos vocales de la Corte que hasta ese momento había incorporado Alperovich se enfrentaron en las sombras para ver quién encabezaba el tribunal a partir de 2009.

− Vos vas a ser el presidente de la Corte, le ordenó Alperovich a su amigo Estofán, que solo se emocionaba por dentro. Su sueño estaba a punto de cumplirse.

Pero Claudia Sbdar no estaba dispuesta a ceder su aspiración tan fácilmente. Se reunió por separado con los otros vocales para sondear a quién elegirían ellos para suceder a Antonio Gandur en la conducción del Poder Judicial.

Alperovich tomó esa postura como un desafío personal y decidió cortar por lo sano. Llamó a Sbdar por teléfono y le recriminó su actitud díscola.

− Mocosa, deja de armar revuelo que no te pusimos para que armes quilombo, le reprochó el gobernador con aires autoritarios.

El llamado telefónico de Alperovich, que estaba acompañado en ese momento por el ministro de Gobierno, Edmundo “Pirincho” Jiménez, paralizó a Claudia Sbdar, vocal del Tribunal desde 2008.

Finalmente, Alperovich ganó la pulseada y demostró que no deja nada sin calcular. Por unanimidad, Estofán se convirtió en el presidente de la Corte. No sólo eso: además, estará a cargo de la Junta Electoral, que controlará las elecciones de 2011, cuando Alperovich vaya en busca de su tercer mandato, siempre y cuando no sea convocado a último momento para integrar una fórmula nacional.

“Claudia no lo votó, lo vomitó”, contó una fuente que participó de las negociaciones para dirimir la cabeza del Poder Judicial.

¿Por qué era tan importante ser el presidente de la Corte Suprema?

Respondió Estofán: “Para José, el presidente tiene que tener una muy buena relación con el Poder Ejecutivo. Por eso el me apuntaló a mí. Pero yo estoy cada vez más lejos del gobernador. Lo veo cuando hay que presentar el presupuesto. Nunca me negó nada. Nos da todo lo que pedimos. Jamás me retacea, al contrario. Yo voy a verlo después que arreglaron todos los gremios y le pido que me de el mejor aumento y me lo da”.

En octubre de 2010 la Corte le dio otra satisfacción a Alperovich. Alberto Brito presentó su renuncia para acogerse a la jubilación. Eso le daba la posibilidad al gobernador de designar al tercer miembro de una Corte integrada por cinco magistrados. El último designado fue Daniel Posse, ex funcionario de Alperovich.

En una Corte que a veces podría funcionar con la tracción de una mayoría automática, el vocal René Mario Goane suele ser una piedra en el zapato para el gobernador.

“Alperovich tiene una Corte propia y funcional. Dato se fue mal y llegó Estofán, el embajador ante el Poder Ejecutivo. Estofán es hábil. Viene de afuera del Poder Judicial. Me sorprendió para bien en algunas oportunidades. Es un hombre de mucha confianza de Alperovich y como ex miembro del gobierno se excusó de votar en algunos casos. Tienen una relación muy estrecha”, expresó Goane, reconocido por ser el vocal rebelde.

Sin pelos en la lengua, Goane sostuvo que la aplicación del 82 por ciento móvil para los jueces fue un regalo de la Corte para el Gobierno. “Era lo que faltaba para tener una Justicia adicta. Brito convenció a la camarista Hebe López para que se jubile. También se lo propuso al ministro Fiscal Luis Di Mitri. Querían producir vacantes en la Justicia como sea para tener una mayoría. Brito persuadía a los jueces, era el que llevaba en bandejas las vacantes al déspota. Era el gran operador”, opinó sobre su ex compañero y rival dentro de la Corte.

 5. La inmensa fortuna de la esposa de Alperovich[5] 

Beatriz Rojkés de Alperovich es una de las mujeres más ricas de la política. La presidenta provisional del Senado declaró una fortuna de $20 millones en 2010, un 300% más que en 2006. Beatriz será la primera mujer en presidir el Senado

La flamante presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, y su esposo, el gobernador de Tucumán José Alperovich, amasan una de las mayores fortunas de esa provincia. Y ella es hoy una de las políticas más ricas del país: en 2010 declaró una fortuna de $ 20.627.274.

De la declaraciones juradas informadas por el Poder Ejecutivo a la Oficina Anticorrupción en 2011, solo la supera la Presidenta Cristina Fernández, de Kirchner con 80 millones de pesos. En el Senado, la tucumana declaró la cuarta mayor fortuna del recinto el año pasado, incluyendo a los hombres.

En 2006, la entonces diputada nacional presentó un patrimonio de 7 millones de pesos: en cuatro años la fortuna de la esposa del gobernador tucumano se multiplicó por tres. Sin embargo, su declaración anterior a 2006 registraba apenas 1,7 millones de pesos. Esas cifras levantaron sospechas entre la oposición y los medios críticos de Tucumán.

¿En qué se sustenta su riqueza? Rojkés declaró tener el 98% de acciones de la firma León Alperovich de Tucumán S.A. con $8.650.000. Es la automotriz que posee junto a su esposo.

Desde que Alperovich asumió la gobernación en 2003, la empresa se convirtió en uno de los principales proveedores de camionetas Ford y Volkswagen del Estado tucumano, intendentes, concejales y funcionarios, según relata la biografía no autorizada “El Zar tucumano”, sobre los negocios automotrices y millonaria obra pública en Tucumán.

Casualmente, el segundo ministro más rico del Gabinete de Cristina Fernández es Juan Manzur, quien acompañó en la fórmula a la gobernación a Alperovich. En 2010, el ministro de Salud aseguró poseer un patrimonio de casi 10 millones. Por su lado, las ministras Débora Giorgi (2,5 millones) y Nilda Garré (1,4 millones), las más “ricas” de las ministras, son mucho más “pobres” que Rojkés.

Acciones y mucha liquidez. Rojkés declaró tener un inmueble de $700.000 en la calle 24 de setiembre 218, en San Miguel de Tucumán, que compró en setiembre de 2000. También bienes varios por $24.000, cuotas parte en Avanco S.R.L. por $1.918.000 y otras acciones por $15.000.

La política que presidiría al país si renunciaran Cristina y Boudou declaró dinero en efectivo por $4.690.000 y $213.191 en una caja de ahorro y cuenta corriente en el Banco de Tucumán; cuentas a cobrar por $4.431.866 y un ingreso mensual de $40.277,75 en la actividad privada.

En comparación con quien será el titular primero del Senado, el vicepresidente electo Amado Boudou, la senadora supera 15 veces la fortuna del todavía ministro de Economía. Boudou presentó este año una declaración jurada de “apenas” 1,4 millones de pesos.

6. Allegado a Alperovich pasó de ser humilde a vivir en un country[6] 

Es el interventor de la Caja Popular de Ahorros en Tucumán, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por haber nombrado a 17 parientes.

En Tucumán a algunos le va muy bien y si se está cerca del poder, en especiald el gobernador José Alperovich, esto es mejor.

Según un informe publicado por diario Perfil, Armando “Cacho” Cortalezzi es el interventor de la Caja Popular de Ahorros y legislador en licencia, pero por sobre todas las cosas es el más leal de los colaboradores del gobernador de esa provincia.

Pero de ser un hombre considerado entre sus pares, muy humilde, su crecimiento patrimonial se incrementó muchísimo, de hecho recaen sobre él denuncias por enriquecimiento ilícito y fraude a la administración, además de denuncias por haber nombrado a 17 parientes en la función pública.

Está vinculado, según una denuncia, de un retiro de 172 millones de pesos por parte de Alperovich de la Caja popular de Ahorros.

Mabel Stojanovich, según explicó a Perfil.com el abogado Gustavo Morales, figura  como socia del Hotel Plaza Alberdi, presidenta de la Fundación “Centro de Estudios de la Necesidad Barrial”, como socia de Royal Paradise SRL, y como propietaria del Colegio Las Colinas.

“De gastos sociales recibe 200 mil pesos por mes, que son gastos destinados a las necesidades del pueblo, pero va a otro lado. Aparte del sueldo del legislador, que es de 25 mil pesos”, señaló.

De nada a todo. Este portal recorrió el barrio Independencia, lugar de la infancia de Cortalezzi. Allí, uno de los vecinos comentó: “Recuerdo que era muy pintón y andaba arriba de un carro. Se ve que luego tuvo la viveza para acercarse al poder”.

Su primera casa era sencilla, en uno de los barrios más humildes de la capital provincial. En Independencia aún tiene su búnker político, donde su hermana, la concejal Elena Cortalezzi, mantiene el trato diario con los punteros políticos.

Ahora vive en “Nuevo Country del Golf”, uno de los más exclusivos en una vivienda que tiene un valor aproximado de 800 mil dólares. Este portal pudo, además, observar el “Hotel Plaza Alberdi” que posee sobre la calle Santiago 1054 y el colegio Las Colinas, donde figura su esposa como propietaria.

[1]           Fuente de información: El Intransigente.com, 20/5/13, “Por qué es imposible investigar el enriquecimiento ilícito en Tucumán”, http://www.elintransigente.com.

[2]           Fuente de información: 1/9/12, Yahoo Noticias, http://ar.noticias.yahoo.com.

[3]           Fuente de información: Perfil.com, 7/12/12, “Denuncia contra Alperovich por espiar a sus rivales”, http://www.perfil.com.

[4]           Fuente de información: Tribuna de Periodistas, 21/7/11, “Alperovich censuró su biografía no autorizada”, http://periodicotribuna.com.ar.

[5]           Fuente de información: Pefil.com, 1/12/11, “Rojkés de Alperovich es una de las mujeres más ricas de la política”, http://www.perfil.com.

[6]           Fuente de información: MDZ, 28/3/13, “Allegado a Alperovich pasó de ser humilde a vivir en un country”, http://www.mdzol.com.

 

La Corrupción K en la “década Ganada” (Capítulo LXVII)

CAPÍTULO LXVII 

GERARDO ZAMORA, EL HEREDERO DEL 

FEUDO EN SANTIAGO DEL ESTERO

 

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lord Acton

 1. El Lado Oscuro de Santiago del Estero, Mafia y Corrupción[1]

 a) Zamora, gobernador de Santiago, caudillo, peor que Juárez  

En algún momento la gente se va a dar cuenta de que les toman el pelo, politicos pobres, ahora multimillonarios, solo con el hambre y la necesidad de tus comprovincianos, no te quedes de brazos cruzados.

Hay que informar a todos lo que pasa en la provincia, ya que los medios de prensa tanto la televisión como los diarios locales canallas no lo publican y tapan todo, que por cierto sus dueños también son nuevos multimillonarios.

El gobierno de la provincia debe desactivar lo antes posible el conflicto que mantiene con trabajadores de los hospitales si no quiere enfilar directo a su primera derrota electoral, para peor en la capital, el territorio que los radicales supieron conservar con esmero y dedicación durante 34 largos años.

Este año en Santiago se dará la primera compulsa electoral con vistas al 2011. La carta de un triunfo oficialista en Santiago del Estero sería mostrada como el primer escalón de Néstor Kirchner con vistas a conservar el poder en la Argentina, de la mano de su más aventajado alumno, Gerardo Zamora.

El gobierno provincial lo sabe y para ello apurará una catarata de inauguraciones con las que fatigará a los santiagueños en general y a sus propios seguidores en particular, sin dar descanso a los bombos (al tetra y al chori) con los que piensa habilitar las nuevas oficinas del Poder Judicial, las millonarias hamacas del Pulgarcito y las lujosas reparaciones de las veredas de algunas placitas de la capital.

Pero, hablando en plata, una derrota, aunque fuere por un voto, sumirá al gobierno provincial en la más negra de las oscuridades: desde Buenos Aires restringirán aún más el recortado presupuesto por el cual innumerables empresas constructoras pequeñas se encuentran paralizadas desde hace diez meses. Y es posible que dos o tres de las grandes deban comenzar el recorte de personal al día siguiente de la cuenta de los votos, si el candidato zamorista no gana.

Faltan pocos meses para que comience la repartija a mansalva de bolsas de comida con las que el gobierno compra la voluntad de los pobres, para que vuelva el acarreo de gente de aquí para allá, para que los encendidos discursos oficiales canten loas a los “logros” de una administración cuya características más saliente es el zafarrancho de las obras públicas a diestra y siniestra sin un plan para administrarlas, sin una mínima idea de su utilidad.

Hay mitos que tienen asidero en Santiago como en cualquier otro lugar del mundo, uno de ellos es que todo vuelve: lo que fue será de nuevo, si no es hoy, será mañana, pero todo vuelve. Sólo se equivocan los funcionarios si creen que este mito también se les puede aplicar. Para ellos no será eterno el retorno. Uno de estos días se les ha de acabar.

 b) ¿Por qué conviene que un pueblo sea analfabeto?  

Pregunta difícil de contestar si pensamos en un Estado sano gobernado por personas sanas, criteriosas y democráticas en su manera de entender la gestión gubernamental. Pero la pregunta que nos hacemos hoy no se la hacemos a personas que gocen de esa salubridad y entereza moral, sino a los actuales gobernantes, que sólo ven en el gobierno la forma más eficaz para lograr sus objetivos inconfesables y espurios, cueste lo que cueste.

¿Por qué sirve un pueblo analfabeto? Muy simple, porque así se lo puede manejar sin que el mismo tenga la capacidad de ver, entender y criticar y, en éste sentido, tomar posición frente a la realidad y a las cosas. Sería un enorme error posibilitar que el pueblo pensara, decidiera y eligiera libremente. Se correría así el enorme riesgo de que no aceptara las exigencias impuestas por la jerarquía del que domina.

El gobierno del matrimonio K, ha hecho, desde que accediera al gobierno nacional exactamente eso.

Un pueblo alfabetizado, un pueblo educado, un pueblo con cultura del trabajo y del esfuerzo cotidiano, es un pueblo digno. A nuestro pueblo lo rebajan cada día más a la indignidad humana de una solidaridad mal entendida, de una ayuda miserable que denigra y rebaja la calidad de persona.

Tenemos múltiples ejemplos que justifican lo expuesto. Las autoridades gubernamentales, “amigos” de los K, se llenan la boca diciendo que se ha sancionado una ley nacional de Educación (aún no reglamentada), que se han mejorado escuelas, que ha aumentado la matrícula escolar, gracias a la contención social que ejerce la escuela (les da de comer, que no es su misión), que se ha convertido el nivel pre-primario en obligatorio (lástima que no hay escuelas que brinden la matricula por falta de espacio y de capacitación y preparación de docentes), que se ha convertido en obligatorio el ciclo medio a partir del 2010 (lástima que todavía no hay reglamentación para su ejecución, cuando ya estamos a mediados del mes de noviembre del 2009.).

Tampoco hay edificios que puedan albergar al numero de alumnos que ellos dicen egresan del nivel primario; Que se han universalizado los cursos de capacitación de docentes y directivos que se harán cargo de ese difícil nivel del sistema, (otra enorme mentira). Que se han perfeccionado y modificado de fondo la formación docente. (Los que nos dedicamos a ella vemos con horror en qué se han convertido los nuevos planes para la formación de profesores.

Por otro lado cabe preguntarse, ¿en un país donde la deserción escolar arroja la escalofriante cifra de más del 50% de abandono del nivel primario y sólo lo termina un 30%, están dadas las condiciones para centrar el problema prioritariamente en la educación media? No sería mejor centrar el problema en los niveles elementales básicos, en su cumplimiento, en la equidad educativa para que se convirtiera en realidad, para después comenzar a preocuparse por la obligatoriedad de la escuela media?

Son todas bombas de humo, anuncios insostenibles e impracticables, para así convencer a los giles, hacerles creer todo lo que se hace y seguir con un pueblo cada vez más desinformado, más analfabeto, más ignorante. Así y solo así un gobierno puede imponer su postura populista.

Esa es la terrible respuesta a la pregunta formulada al comenzar: ¿Por qué conviene un pueblo analfabeto?

 2. La eternización en el poder[2]

 a) Claudia Ledesma Abdala, gobernadora 

Luego de dos gestiones alimentadas con dinero enviado por la Nación, el gobernador Gerardo Zamora no quiere dejar el gobierno y propone como candidata a su esposa, la desconocida escribana Claudia Ledesma Abdala. Sergio Carreras, enviado especial a Santiago del Estero.

Las estrellas le sonreían al abogado Gerardo Zamora cuando llegó a la Gobernación de Santiago del Estero en 2005. No solo era el mandatario más joven de la Argentina, con una cara de pibe que no terminaba de reflejar sus 41 años, sino que su arribo venía a poner fin al medio siglo de miseria, terror y feudalismo que habían contribuido a fortalecer el cinco veces gobernador Carlos “Tata” Juárez (PJ) junto a su esposa, la también gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés.

Después de la última intervención federal a la provincia más intervenida en la historia argentina, decidida al calor de crímenes, espionajes y corrupciones un año antes, Zamora llegaba como el nombre nuevo, surgido del radicalismo, sin un prontuario vergonzante. Por fin –pensó el resto de la Argentina–, Santiago del Estero se uniría al proceso democrático iniciado en 1983 en el resto del territorio nacional.

 b) Huracán de cemento 

Rápido de reflejos, apenas asumió, Zamora entendió que su futuro estaba atado a la relación con el kirchnerismo. El mismo año de su llegada, consiguió que la Nación firmara un Acta de Reparación Histórica, que además de reconocerle a Santiago una deuda económica y cultural, le aseguró un inédito flujo de dinero que se mantiene hasta hoy.

Su alineamiento con Néstor Kirchner y luego con su esposa Cristina le significó ser expulsado del radicalismo. Pero fue un pequeño costo, comparado con la obra pública y el renovado clientelismo que comenzó a exhibir en su gestión. En 2009 arrasó en las elecciones y fue reelegido con el 85 por ciento de los votos (había ganado con el 43 por ciento cuatro años atrás).

Hoy, a ocho años de su arribo al poder, la ciudad de Santiago del Estero muestra un nivel de ejecución de obra pública único en el país. Junto a la avenida más importante se está construyendo el edificio más alto de la provincia (las “Torres Gemelas”, le dicen en broma los santiagueños): dos cuerpos revestidos en vidrio que albergarán los ministerios de Educación y Salud.

También está en marcha un nuevo edificio para la Legislatura, el Tren al Desarrollo, que unirá la Capital con La Banda; instalación de nuevos desagües y cloacas, y la plaza central de la ciudad está siendo hecha de nuevo e invadida por cuadrillas de trabajadores que colocan sin pausa los adoquines de pórfido patagónico en las calles circundantes incluso en horas de la quemante siesta santiagueña.

Hasta una cancha de golf de 18 hoyos, diseñada por el gran especialista estadounidense, el arquitecto Robert Trent Jones, en Termas de Río Hondo, se cuenta entre las nuevas realizaciones del gobernador.

La ciudad capital también cuenta con una moderna y enorme terminal de ómnibus con aire acondicionado y un centro de convenciones, que se suman a las nuevas obras viales, eléctricas e hídricas realizadas en el interior provincial. Según cifras dadas a conocer en febrero de este año por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, cada santiagueño recibió el año pasado en promedio en concepto de coparticipación nada menos que 7.745 pesos, mientras un cordobés apenas alcanzó los 4.317 y un bonaerense los 2.103 pesos.

Según cifras oficiales, la Nación envió a la provincia casi cinco mil millones de pesos el año pasado y, cuando este año termine, habrá enviado un total cercano a los ocho mil millones de pesos.

El presupuesto provincial 2013 –que incluye gastos por 10 mil millones– prevé ingresos de la Nación por el 90 por ciento de esa cifra. Esto es, la Nación envía nueve de cada 10 pesos que se gastan en Santiago. Para el año próximo, se espera que el envío desde Buenos Aires por todo concepto alcance los 11 mil millones de pesos.

En una provincia que durante décadas se acostumbró a un viejo caudillo como Juárez, que se enorgullecía de no recibir ayuda de la Nación y que, con convicción de almacenero, citaba sus reservas en una cuenta del Banco Santiago del Estero como muestra de fortaleza, el cambio que propició Zamora con el dinero coparticipado ha sido un huracán.

Un funcionario del área económica del gobierno –que pidió no ser citado– señaló a La Voz del Interior que hoy la provincia cuenta con reservas suficientes para cubrir más de 10 nóminas salariales.

 c) Aquí está la candidata 

Claro que en estos ocho años de éxitos y acompañamientos electorales, la nueva joya de la política santiagueña fue cambiando. Zamora comenzó a soñar con destinos nacionales. Y en estos últimos meses cometió un doble error que marcará su futuro. Primero decidió presentarse como candidato para un tercer mandato de gobierno, pese a que el artículo 152 de la Constitución, reformada por él en 2005, se lo prohíbe. La elección a gobernador se iba a realizar junto a las legislativas nacionales del 27 de octubre. Zamora encabezaba las encuestas, pero la Corte Suprema suspendió la elección por entender que su postulación es inconstitucional, tal como había argumentado el radicalismo, autor del reclamo legal.

Colaboradores de Zamora leyeron la respuesta de la Corte como el castigo de un sector de la Casa Rosada para sus coqueteos con Daniel Scioli, a quien –se dijo– podría acompañar en una fórmula presidencial.

¿Qué hizo entonces Gerardo, el Hércules democrático que llegó para matar a la hidra juarista? ¡Postuló a su esposa para gobernadora! Sí, señores, en un acto realizado la semana pasada, los santiagueños por primera vez escucharon la voz de Claudia Ledesma Abdala, una hermosa mujer que hasta ahora solo era conocida por sus apariciones envuelta en costosos vestidos de lentejuelas en las páginas de 30 Días, una versión local de las revistas de ricos y famosos –presentada por Mirtha Legrand y por el mismísimo Gerardo Zamora–, que nació para mostrarle al mundo hasta dónde es capaz de llegar el “glamour santiagueño”.

Si bien las toneladas de cemento que Zamora distribuyó por el territorio provincial contribuyeron a dejar en segundo plano las denuncias opositoras sobre concursos públicos amañados, falta de licitaciones, enriquecimiento ilegal de funcionarios, uso electoral del empleo público, manejo del Poder Judicial y asfixia a la libertad de prensa que se vive en la provincia, este último acto de nepotismo colocó a Zamora bajo la lupa de la atención nacional.

¿Cómo? ¿Otro matrimonio de gobierno para Santiago del Estero? ¿Es un nuevo modelo de feudalismo con aire acondicionado, edificios revestidos con curtain-wall (fachadas de cristal) y dinero de la coparticipación?

Leída con ojos oficialistas, la resolución de la Corte hasta podría ser beneficiosa para Zamora: luego de cuatro años de gobierno de su esposa, durante los cuales él sería jefe de gabinete, el actual gobernador podría volver a aspirar a otros dos mandatos consecutivos que lo mantengan en el poder hasta 2025.

Sin pensarlo mucho, los militantes del Frente Cívico que encabeza Zamora ya salieron a pintar la ciudad: “Claudia Zamora, gobernadora; ‘Pichón’ Neder, vice”, gritan las paredes.

El único antecedente de actuación pública de su mujer fueron dos años en que se desempeñó como defensora del Pueblo en la ciudad de La Banda, junto al intendente Eduardo Chabay Ruiz, un kirchnerista anti-Zamora. “Su padre me pidió trabajo para ella”, recordó Chabay Ruiz ante este diario sobre cómo fue la llegada de Claudia a su gobierno.

Claudia Ledesma Abdala es escribana y abogada, y sería titular de un Registro del Automotor en la ciudad de Santiago. Ha sido blanco de algunas denuncias vinculadas con la ocupación de 1.700 hectáreas en Agua Amarga, en el norte santiagueño; y con enriquecimiento de su familia gracias a los contactos con el Estado.

El candidato a gobernador por el radicalismo, Emilio Rached, comentó a este diario que el hermano de Claudia sería dueño de una clínica de diagnóstico por imágenes adonde son derivados numerosos pacientes que necesitan realizarse tomografías y, casualmente, el único tomógrafo del Estado, en el Hospital Regional, se encuentra fuera de servicio la mayor parte del tiempo.

El padre de Claudia es funcionario del Ministerio de Salud y su madre es una señora conocida por su fuerte temperamento, que habría demostrado en discusiones cara a cara con funcionarios.

El primer esposo de Claudia, Jorge Amerio, es un empresario dueño de canteras. Un empresario de la construcción que pidió reserva de su nombre dijo que la relación entre ellos no terminó bien.

Un medio periodístico local, Código Rojo, publicó que la esposa del gobernador le inició juicio por un supuesto robo de joyas a su ex marido, su ex suegra y a su ex cuñada. “No quiero hablar sobre ella”, respondió Chabay Ruiz cuando este diario lo consultó sobre su ex colaboradora.

En el coqueto bar del hotel Ciudad, cerca del centro de la capital, por las mañanas se ve llegar a una señora de 84 años, con una refulgente cabellera oscura, peinada hacia atrás. La acompaña su chofer y guardián, que se ubica en un mesa del costado luego de dejar el auto en la playa del establecimiento.

“Nina” Aragonés de Juárez, última reliquia viviente del juarismo, recibe allí el besamanos respetuoso de quienes la reconocen y aprecian. Cinco kilómetros al sur, en la cuarta tumba a la izquierda de la fila central del Cementerio Parque de la Paz, una placa pequeña dice que ahí abajo, acompañado por los restos de sus padres Nicolás y Elvira, está enterrado quien fue su esposo hasta 2010, el caudillo, el “Tata” Juárez.

Parecía que esta historia de parejas gubernamentales que se eternizan en los cargos estaba igual de enterrada en Santiago del Estero.

 d) Obra pública 

Los emprendimientos que se realizan en Santiago del Estero son impresionantes, especialmente en la capital provincial. Pero Termas de Río Hondo no se queda atrás. Ahora en la ciudad turística están construyendo un campo de golf diseñado por una famoso especialista de EE.UU.

 3. Sospechoso ocultamiento del patrimonio[3] 

En Santiago del Estero la ley indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre el patrimonio de Gerardo Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.

 4. Fallo de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones[4] 

En el duro fallo con el que la Corte Suprema suspendió las elecciones de Santiago del Estero previstas para este domingo, los jueces deslizaron que el gobernador Gerardo Zamora buscaba ignorar “las más elementales reglas constitucionales” al candidatearse por tercera vez consecutiva para ese cargo.

En el fallo de 23 páginas, donde hace lugar a la medida cautelar que frena las elecciones a gobernador en Santiago, la Corte se pronunció con dureza contra la coalición partidaria que postula a Zamora.

Le reclamó “apego a la República” y recordó que “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar los principios republicanos”.

Además, le manifestaron al gobernador radical K: “Persigue el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura provincial a quien ya lleva ocho años interrumpidos en ella, desconociendo el texto constitucional”.

Los siguientes son algunos de los párrafos más trascendentes de la resolución firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi: 

“Ante la trascendencia que presenta la cuestión sometida a consideración del Tribunal, se impone señalar que la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática que establece la Constitución Nacional pesa también sobre los partidos políticos, por su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático (art. 38 de la Constitución Nacional)”. 

“Es por ello que sus conductas deben reflejar el más estricto apego al principio republicano de gobierno y evitar cualquier maniobra que, aun cuando pueda traer aparejado algún rédito en la contienda electoral, signifique desconocer las más elementales reglas constitucionales”. 

“Este prudente comportamiento no se verifica, prima facie, en el obrar del Partido Federal del Distrito Santiago del Estero y del Frente Cívico por Santiago que pretenden presentar ante el pueblo de la Provincia de Santiago del Estero un candidato a gobernador que no se encontraría constitucionalmente habilitado para hacerlo, valiéndose para ello de presentaciones judiciales y de sentencias emitidas a pocas semanas de la realización de los comicios”. 

“La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución”. 

“Ese pasado debería desalentar ensayos que, como el aquí examinado, persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura provincial a quien ya lleva ocho años interrumpidos en ella, desconociendo el texto constitucional, máxima expresión de la voluntad popular”, se añadió..

 5. El kirchnerismo cambia la Presidencia provisional del Senado[5] 

El Gobierno decidió sacar del tercer lugar de la sucesión presidencial a Beatríz Rojkes de Alperovich, esposa del gobernador tucumano. Será reemplazada por Gerardo Zamora.

Cristina quiere a Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero, como presidente provisional del Senado. Por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el bloque senadores del Frente para la Victoria propondrá al ex gobernador de Santiago del Estero, el radical K Gerardo Zamora, como presidente provisional de la Cámara Alta, en lugar de la tucumana Beatriz Rojkjés de Alperovich, esposa del gobernador de esa provincia.

Tal como informó Clarín a principio de Febrero, Zamora era el candidato más firme de la Casa Rosada y contaba con el visto bueno de Carlos “El Chino” Zannini, secretario Legal y Técnico y hombre de confianza de la primera mandataria. “Yo voy al Senado porque me prometieron la presidencia provisional”, fue una de las frases que, por lo bajo, lanzó el ahora senador nacional al llegar a la Cámara Alta.

La candidatura de Zamora era rechazada por algunos miembros del bloque K, que no veían con buenos ojos que un dirigente de origen radical, como Zamora, que fue expulsado del partido por su alineamiento al Gobierno, reemplazara a Rojkés de Alperovich.

Sin embargo, así sucederá según confirmaron senadores de la oposición a la agencia DyN, tras una reunión con Miguel Ángel Pichetto, el arquitecto del oficialismo en el Senado.

El propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, llegó cerca de las 19 al Palacio para mantener una reunión con sus senadores para abroquelarlos detrás de la candidatura de Zamora y también intentar convencer a opositores para que acepten la decisión del Gobierno.

Desde la UCR ya anticiparon su rechazo. Si la propuesta del oficialismo es Zamora no vamos a acompañar. “Somos respetuosos de las decisiones del FpV, pero corresponde que ese cargo sea ocupado por un peronista kirchnerista puro y no por un converso”, expresó semanas atrás el jujeño Gerardo Morales, jefe del bloque de la UCR.

En su provincia, Santiago del Estero, el gobierno que comanda su esposa, Claudia Ledesma Abdala, emitió un comunicado pidiendo prudencia hasta que se confirme la información.

“Les solicitamos desde Prensa Oficial que ante los rumores que ponen al Senador Zamora como posible presidente de la Cámara Alta, eviten realizar cualquier publicación al respecto hasta tener nuestra versión”, pidieron.

No obstante, el bloque de senador K, tras su encuentro con Capitanich, ya ratificó que Zamora será su candidato a ocupar el tercer escalafón de la sucesión presidencial. Así lo informaron voceros del espacio minutos antes de las 9 de la noche.

Así las cosas, la Cámara Alta tendrá mañana viernes, desde la 11 su primera sesión preparatoria del año para designar autoridades y fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias.

Allí, se oficializará a Zamora como candidato del Gobierno para ocupar la presidencia provisional, cuya disputa se avivó aún más tras los reveses judiciales del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la causa Ciccone.

[1]           Fuente de información: Taringa, 18/5/10, “El lado oscuro de Santiago del Estero, mafia y corrupción”, http://www.taringa.net.

[2]           Fuente de información: La Voz, 27/2/14, “Gerardo Zamora, el heredero del feudo en Santiago del Estero”, http://www.lavoz.com.ar. Más información: Diario de Cuyo.com.ar, 2/12/13, “Una mujer gobernará a Santiago del Estero”, http://diariodecuyo.com.ar. Diario del Sur Noticias, “Ernesto Sanz: ‘Zamora no es radical’ ”, http://diadelsur.com.  La voz del interior, 6/11/13, “Gerardo Zamora actúa como un mafioso”, http://www.lavoz.com.ar.

[3]           Fuente de información: La Banda diario, 13/1/13, “Gerardo Zamora entre los gobernadores que no hace pública su declaración de bienes”, http://labandadiario.com.

[4]           Fuente de información: Última Hora Diario, 22/10/13, “Los duros términos que utilizó el Máximo Tribunal con el gobernador Gerardo Zamora”, http://ultimahoradiario.com.ar.

[5]           Fuente de información: Clarín, 28/2/14, “El kirchnerismo cambia la presidencia provisional del Senado”, http://www.clarin.com.

 

La Corrupción en la “Década Ganada” (Capítulo LXVI)

CAPÍTULO LXVI 

JULIO GRONDONA ACUSADO POR COHECHO, 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS DELITOS

 

“Si hay plata para un mafioso como Grondona, no se explica cómo no hay para la pobreza”. Elisa Carrió

 1. Investigación de Tribuna de Periodistas[1] 

Todo empezó con una información publicada por un diario estadounidense en torno a un supuesto ofrecimiento millonario a Julio Grondona, a efectos de lograr que éste vote a favor de Qatar para organizar el Mundial de fútbol 2022.

El dato generó la inmediata ira del titular de la AFA, quien relacionó lo publicado con la eliminación temprana de las candidaturas de Inglaterra y Estados Unidos, al afirmar que “están acostumbrados a ganar siempre, como sea”.

Sin embargo, las sospechas han quedado flotando en el aire y motivaron que dos abogados presentaran una denuncia judicial en la mañana de este lunes a efectos de que se investigue la posible comisión de los delitos de los delitos de “cohecho y tráfico de influencias” (art. 256 del Código Penal), “encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” (art. 277 del Código Penal) y “enriquecimiento ilícito” (Art. 268 del Código Penal).

Se trata de los letrados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Enrique Piragini, quienes argumentaron en un duro escrito que “la acción se dirige contra quien hasta hoy inviste el cargo de Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Sr. Julio Humberto Grondona, DNI 4.808.530 domiciliado en Viamonte 1366, (C1053ACB), y contra toda otra persona que bien sea como parte o como funcionario o empleado del denunciado la investigación señale autor, partícipe, cómplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar”. La Causa Judicial lleva el número 47365/10 y quedó radicada en el Juzgado de Instrucción 20.

En sus fundamentos, el escrito hace referencia al “prestigioso diario Estadounidense The Wall Street Journal” y su afirmación de que Grondona “habría exigido y recibido una dádiva de 78,4 millones de dólares estadounidenses de QATAR para ser favorecida en la elección de la sede del Mundial de Fútbol del año 2022, desplazándose así otras sedes favoritas”.

En tal sentido, los abogados destacan que “sugestivamente” el denunciado “se encontraba hospedado en un hotel en Zurich (SUIZA) al momento de esta denuncia, posiblemente para concluir los arreglos del pago de la coima que se dice exigida y abonada, o bien haciendo tramitaciones sobre sus cuentas en aquel país”.

Más adelante, basándose en dos investigaciones de este periódico, la denuncia destaca que “no es la primera vez que pesan acusaciones de corrupción sobre el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero lo cierto es que ya existen decenas de evidencias que deben ser investigadas, y es por ello, que frente a tan increíble versión del prestigioso periódico estadounidense, se impone ahora que el Juez que reciba esta causa, y el Ministerio Público Fiscal, descorran el velo de cuentas y sociedades atribuidas directa o indirectamente al denunciado y sus secuaces”.

Asimismo, repara en que la AFA “ya no es solo una entidad rectora del fútbol, sino que desde el año pasado es un apéndice de la Jefatura de Gabinete de Ministros por imperio de la Decisión Administrativa 221/2009 (creación del Programa Fútbol para Todos) del 01 de septiembre de 2009”.

Entre las medidas que se piden, se encuentra el registro domiciliario y allanamiento en la sede de la AFA, y la citación de diversos referentes, entre los cuales se encuentran Víctor Hugo Morales y quien escribe estas líneas, Christian Sanz, autor de algunas de las investigaciones que existen sobre Grondona en los medios.

En tal sentido, en un adjunto de la denuncia, se utilizan los datos publicados por Tribuna de Periodistas a la hora de citar el conglomerado de empresas atribuidas a Grondona y sus testaferros. Textualmente, el escrito refiere lo siguiente:

“Lombardi Grondona S.A. −sugestivo corralón de materiales con sede en Independencia 539, Sarandí, que tiene no menos de 20 propiedades a su nombre−; Crucesita S.A −CUIT 30-67820603-9−, Julio Humberto Grondona S.A. −CUIT 30-62321095-9−, Puntogol Corp., Baprisud S.A −CUIT 30-68895949-3−, Batco S.A−CUIT 30-64973546-4−, Grunoy S.A. −constituida en la República Oriental del Uruguay merced a su gestor de negocios Ricardo Norberto FERNÁNDEZ−, Conenar S.A −edificio “Blue Sky” de Libertador 1068 donde funcionaba hasta el año pasado la sede central de Puntogol ST&M S.A. hoy Santa Mónica Argentina S.A.−, Genaversa S.A −CUIT 30-66395311-3−, El Surco Cia De Seguros S.A. −CUIT 30-50003943-0− Nuevos Surcos S.A. −CUIT 30-65910939-1−, Neljul S.A. −CUIT 30-69968507-7−, Rotamund S.R.L −CUIT 30-52008076-3−, LEVEMOND S.A. (Uruguaya) y Link Creativo S.A. −CUIT 30-70729215-2−, entre otras.

Curiosamente en todas las sociedades mencionadas se repiten nombres en forma permanente, como por ejemplo los del mismo Julio Humberto Grondona, su contador Claudio Espósito, su hijo Julio Ricardo Grondona, Nélida Enriqueta Juana Pariani, Liliana Nélida Grondona, Eduardo Martino, Rogelio Armando Riganti, Mara Juliana Riganti, Fernando Jiménez, Atilio Di Pacce −recientemente fallecido−, Gustavo Osvaldo Zunini, Pablo Daniel Mazzucca, Gerald Brian Simons, Marco Cesar Mazzarello, Enrique Pablo Quintana Lambois, Claudio Roberto Espósito, Genaro Aversa, Juan Fracchia, José Arocena y Jorgelina Beatriz Adorno Britez. Por otra parte hemos advertido que en casi todos los casos, las empresas mencionadas tienen cuentas en el Banco Credicoop. Curioso.

No podemos dejar de mencionar como testaferros principales a Rogelio Armando Riganti, el contador Claudio Espósito, Genaro Aversa, Mauro Guillen, Jesús Samper Vidal, Norberto Rubén Domínguez y Jorge Herbella, lavador argentino devenido suizo, que figura como reasegurador, pero también como agente de jugadores (véase la pagina de FIFA).

Veamos ahora el poder que han logrado acumular los allegados a Don Julio, y las empresas que han sabido concebir.

Dichas sociedades serían: Levemond S.A −sociedad registrada en la República Oriental del Uruguay−, Horus Seguros de Vida S.A.,Probitas S.A., Mas Medicina Asistencial Solidaria S.A. −concursada−,Comarti S.A., Comarti USA S.A., Vismar S.A., Corporación Latinoamericana De Cementerios S.A. −CUIT 30-66352226-0−, KAL S.A., Golden Ticket S.A., Interacción S.A (ART), La Normanda S.A.,Tecnet Sports Latin America S.A., Tecnet Sports Latin America Corporation, Energy Development & Consultants Argentina S.A.,Compañía Alimenticia Sudamericana S.A., B.A. Investment S.A., All Consulting S.A., Sky Houses S.A., Via Galana S.A., Weigel Inversiones S.A., Pastoral S.A., Proyeccion Seguros De Retiro S.A., Veglia Servicios Funerarios, Promecor, Pache Prestaciones Funerarias S.A., Servicios Funerarios S.A., Managed Assistance Services S.A., Quinta Fundación del Puerto S.A., Servicios Funerarios S.A., Funeral Home S.A., esta última redenominada Las Salinas S.A por asamblea extraordinaria del 30/06/08, conforme Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31470 del 19/08/08.

Detrás de esas sociedades están y han estado las siguientes personas: Alejandro Héctor Pressotto, Mauro Guillen, Claudia Alejandra Astegiano, el siempre presente y multipropósito Fernando Jiménez, Isaac Marcelo Nagierner, Beatriz Elena Lambois, Marco César Mazzarello, Luis Fernando Alonso, Jorge Octavio César Caputo, Fernando Enrique Granda, Juan Héctor Escudero, Jorge Luis Baquero, Sergio Raúl Astegiano, Eduardo Mauricio Martino, Gonzalo Jesús María Silveyra, Cándido Martino, Carlos Siano, Jorge Ricardo Martino, Carlos Fernando Pierluigi, Ivan Ramón Benavidez, Jorge Nestor Fernandez Prieto, Alberto Horacio Fernandez Prieto, Hernan Martín Perez Redrado, Sebastián Rodrigo Fernandez Geronimi, Norberto Rubén Domínguez, Raúl Enrique Gómez Maciel, Guillermo Juan Agusti, Omar Daniel Edelstein, Daniel Ángel Arias, Martín Javier Marchioni, Alejandra Gisela Senaim, Ignacio Rafael Serra, etc.

En definitiva, el transcurso del tiempo ha puesto en evidencia que la perpetuación de “Don Julio” Humberto Grondona al frente de la AFA es inmoral y criminal. Realmente es vergonzoso que, en forma inversamente proporcional a la que crecen las arcas de cada uno de los integrantes de las empresas e instituciones señaladas, el fútbol y los clubes se vayan desvaneciendo.

Sin lugar a dudas, esta obviedad crea resentimiento, y el resentimiento crea violencia, lo que hoy sobra en el deporte. Para combatir la violencia tampoco se toman medidas eficaces ni idóneas, sino que se mira siempre el negocio o el negociado.

Eso es lo que está ocurriendo en estos días con el empadronamiento: en lugar de ceñirse a hacer que este se lleve a cabo en forma congruente con lo que sus objetivos profesan, se busca el análisis del negocio en sí mismo. Indudablemente tanto dinero circulando y tanta bajeza moral ha hecho que se pierda el rumbo de la institución, y que sea dirigida por piratas desvergonzados.

Resulta curioso que aún ningún Fiscal de la Nación o la misma Unidad de Información Financiera (Conf. Ley 25.345) haya descorrido el velo de esta historia. Alguien debería disponerse a investigar lo que presume el común de la gente y de lo que existen pruebas elocuentes: que detrás de esta fantochada impunidad, existe lavado de dinero, fuga de capitales, corrupción y una cantidad de delitos que se pueden descubrir con tan sólo un poquito de indagación.

Como si esto fuera poco, también se falsean estados contables, ya que resulta de suma dificultad poder armonizar números con tanta desprolijidad y corrupción. De hecho, en la última reelección de Don Julio Grondona, también se trató el balance, el cual fue aprobado por AFA en la misma fecha (viernes 19 de octubre de 2007).

Sin embargo, este −el balance− adolece de numerosas irregularidades y podría ser impugnado en sede penal, denuncia mediante (Art. 300 del Código Penal).

En efecto; el bien jurídico protegido en la conducta típica prevista en el art. 300 del Código Penal no es solamente la “fe pública”, sino también la confianza, la honestidad y buena fe en los negocios y relaciones comerciales, de ahí que el balance debe estar destinado a relaciones jurídicas indeterminadas.

En el delito de “balance falso” no existe improvisación como ocurre en la generalidad de los tipos penales; sino que hay una premeditada acción, una estudiada connivencia de especialistas que preparan con cuidado el hecho delictivo.

Un balance bien confeccionado debe ser un reflejo de veracidad, seriedad y precisión de los datos contables que permitan efectuar un análisis objetivo de su situación patrimonial.

La conducta típica puede manifestarse tanto en el balance cuanto en los informes que lo acompañan, habida cuenta que el balance se integra y complementa con la cuenta de resultados, planillas anexas y con la memoria que ilustra situaciones, aclara hechos y cifras, a lo que hay que añadir las notas aclaratorias que se ponen al pié del balance y que sirven para ilustrar lo que está expresado en un guarismo en el balance mismo.

Indudablemente, nos encontramos frente a la falsedad de un balance, o al menos frente a un balance errado o incompleto, situaciones ambas aprehendidas en el Art. 300 del Código Penal.

De esta perspectiva podría iniciarse también una causa en el Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas respecto del contador y auditor del balance cuestionado, y también una causa penal por administración fraudulenta, entre otras cuestiones, en concurso real con falsificación de documento y balance falso. Serían legitimados como acusadores la AFIP o la Inspección General de Justicia, amén de la Unidad de Información Financiera o la GAFI.

Se deja constancia que lo transcripto ha sido extraído de un trabajo de investigación efectuado por el prestigioso periodista Christian Eduardo Sanz, quien ha sido ofrecido como testigo”.

Más allá de la dureza del escrito, ¿será Justicia?

 2. Elisa Carrió catalogó a Julio Grondona de mafioso[2] 

Tras ser calificado de “mafioso”, Julio Grondona le respondió a Carrió: “No conozco a esa señora”. La líder en ese momento de la Coalición Cívica lo acusó de ser un “socio entrañable” del kirchnerismo y un “mafioso”, pero Grondona se hizo el desentendido.

El titular de AFA recurrió a una irónica indiferencia para referirse a Elisa Carrió y a su calificación de mafioso: “No conozco a esa señora. Jamás he hablado con esa señora”, respondió cuando le preguntaron qué opinaba sobre las afirmaciones de Carrió.

La diputada nacional había dicho que con la creación del nuevo formato de fútbol “se ve la verdadera cara kirchnerista, la de socios entrañables de un mafioso como Julio Grondona”.

En tanto, recurrió de forma similar cuando se le preguntó por los dichos del senador cordobés Luis Juez, quien lo definió como un directivo “acomodaticio” y de ser un “resabio de la dictadura”.

“Quién?”, respondió el dirigente, volviendo a fingir indiferencia. 

[1]           Fuente de información: Tribuna de Periodistas, 6/12/10, “Denuncian a Julio Grondona por cohecho, enriquecimiento ilícito y otros delitos”, http://periodicotribuna.com.ar. Más información: 10/4/08, Agencia Nova, “Los negocios ocultos de Julio Grondona”, http://www.agencianova.com.

[2]           Fuente de información: Diario La Prensa, 28/7/11, “Tras ser calificado de mafioso, Grondona le respondió a Carrió:. ‘no conozco a esa señora’ “,http://www.laprensa.com.ar.