La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo I)

CRISTINA KIRCHNER EN EL RANKING
DE LA CORRUPCIÓN

“¡Qué patriada, argentinos, que hemos hecho”!
Cristina Fernández de Kirchner.

“Obra muy mal quien trata de obtener con el dinero
lo que debe obtener con la virtud”. (Cicerón) 

1. La segunda presidente más corrupta del mundo[1]
a) Descenso en los rankings internacionales

Durante la era kirchnerista la Argentina siguió descendiendo en los rankings internacionales de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín.

Ahora otra ONG −100 reporters, que investiga la corrupción en todo el mundo−, puso a la presidente Cristina Fernández de Kirchner en su “kleptowatch list” (esto es, en su observatorio de cleptócratas), junto a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Guinea Ecuatorial, Teorodo Obiang; Zimbawe, Robert Mugabe; Nigeria, Goodluck Jonathan, y Kazakstán, Nursultan Nazarbayeb.

El sitio de 100 reporters coloca a Cristina en segundo lugar, en su lista de mandatarios más corruptos, justo debajo del sandinista nicaragüense Daniel Ortega[2]. En su descripción de la presidente argentina, la ONG expresa:

“Incluso antes ser elegida presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner carga con la niebla de la corrupción. En el caso más famoso, un emisario de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, fue descubierto en el aeropuerto de Buenos Aires con un maletín lleno de US$ 800.000 en efectivo, destinado, según le contó más tarde al FBI, para apoyar la candidatura presidencial de Kirchner (Cristina). Kirchner negó la acusación. En Argentina, muchos cuestionan la enorme fortuna acumulada por Cristina de Kirchner y su esposo Néstor desde que asumió el cargo público. Su declaración de patrimonio personal asciende a US$ 13.800.000, frente a los US$ 500.000 que ostentaban cuando la pareja entró por primera vez la política nacional. Kirchner cita ingresos de bienes raíces y hoteles que la pareja había comprado para explicar el porcentaje de rendimiento en la cartera de inversión 2600 de la pareja. Observadores de corrupción se quejan de que su gobierno ha neutralizado la supervisión del gobierno, dando mensajes de auditoría a compinches comprometidos por conflictos de intereses. El resultado: los casos de corrupción tienen un promedio de 14 años para pasar a través del sistema, según el Centro sin fines de lucro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, y solo 15 de 750 casos han dado lugar a condenas”.

El panorama presentado por 100 reporters coincide con la percepción actual de la sociedad de que la corrupción es sistémica en el gobierno de Cristina de Kirchner.

En una nota titulada “La macro corrupción”, Sergio Serrichio hace para El Litoral un “racconto” de los principales casos de corrupción del gobierno nacional en la era kirchnerista[3]:

A casi diez años de gestión kirchnerista, la acumulación de indicios y evidencias de corrupción es tan abrumadora como la escasa disposición de la Justicia a investigarla y la férrea determinación oficial a negar, ocultar e intentar evadir las consecuencias de un accionar que ya alcanzó dimensiones macroeconómicas.

La sola enumeración de escándalos de corrupción es espantosa. Desde las dádivas que recibió, los lujos inexplicables que se dio y los multimillonarios subsidios que manejó durante cinco años el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hasta la bolsa de dinero en el baño ministerial de Felisa Miceli. Todo mientras la infraestructura del transporte se deterioraba hasta la decadencia, como mostró trágicamente la masacre ferroviaria de Once.

Desde la valija cargada de dólares del valijero venezolano Guido Antonini Wilson, hasta los negociados en el comercio bilateral con Venezuela que denunció el ex embajador Eduardo Sadous.

Desde la transformación de un organismo de Derechos Humanos (la Asociación Madres de Plaza de Mayo) en una constructora mediante la cual una Fundación de objetivos loables (la Misión Sueños Compartidos, para la construcción de viviendas sociales) recibió fondos por 765 millones de pesos y créditos presupuestarios por más de 1.200 millones, que nadie controló y de los que nadie se hace responsable, hasta los aportes financieros a la campaña presidencial 2007 de Cristina Fernández de Kirchner de droguerías investigadas por vender medicamentos truchos.

Desde la venta del 25 % de YPF promovida por Néstor Kirchner y realizada por Repsol a la familia Eskenazi (dueña de los bancos de Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, en todos los casos por operaciones hechas al calor del kirchnerismo) a través de una compañía radicada ¡¡¡en Australia!!! y mediante un contrato que permitió (entre 2008 y 2011) distribuir 142 % de las utilidades de la compañía, hasta el Boudougate, en el que el vicepresidente de la Nación fogoneó el “rescate” de Ciccone, la empresa que imprime la moneda argentina, por parte de un inverosímil monotributista, y cuando el negociado salió a la luz, el gobierno resolvió, igual que en el caso YPF, reestatizar la compañía y “recuperar” soberanía.

b) El gran vehículo de corrupción

Ninguno de los ejemplos anteriores alcanza, sin embargo, la dimensión del gran vehículo de corrupción del último decenio: los sobreprecios en la Obra Pública. El gráfico adjunto, elaborado por el economista Federico Muñoz, muestra la evolución de dos variables “macroeconómicas”,

De un lado, la del valor presupuestario de la obra pública a precios constantes (esto es, despejada la inflación), que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio de Vido.

Y del otro, la de la obra pública medida en términos físicos. Esto es, una suerte de síntesis de cuántos puentes y kilómetros de rutas se construyeron, cuántos de tendido eléctrico, de gasoductos, etc., que surge de promediar dos rubros del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) que publica el Indec: Obras Viales y Obras de Infraestructura.

c) Evolución comparativa

Para comparar la evolución de ambas variables, Muñoz tomó como punto de partida, o “base”, el año 1993. El gráfico resultante muestra que hasta 2004 ambos indicadores fueron más o menos en sintonía. Ambos reflejan, por ejemplo, la recesión del fin de la convertibilidad. A partir de 2003 ambos índices van para arriba.

Es lógico, diría el relato: se hizo mucha obra pública. Pero mientras ésta se duplica en términos físicos, en términos presupuestarios (excluida la inflación) se cuadruplica.

La inmensa brecha que se abre entre ambas curvas resulta que, en promedio, en los últimos diez años el costo medio de la obra pública por unidad física se duplicó.

No hay que ser muy perspicaz para intuir que la principal razón de esa brecha son los sobreprecios. Un fenómeno sobre el que hubo muchas denuncias e indicios (caso Skanska, construcción de cárceles, reparaciones ferroviarias, tendido eléctrico, planes de vivienda) pero que solo el impacto del programa de TV de Jorge Lanata, al mostrar la desfachatez de un Leonardo Fariña o el enriquecimiento de un Lázaro Báez, convirtió en tema diario de conversación.

Que ese canal de corrupción se refleje en las variables “macro” es inédito. Ni el menemismo lo había logrado. Son sumas de dinero asombrosas.

En 2012, por caso, la inversión pública en la Argentina fue del 4,5 % del PBI, unos 90.000 millones de pesos. Cualquier porcentaje de “mordida” son miles y miles de millones.

Los sobreprecios en la obra pública son tan groseros que ya se reflejan en las variables macroeconómicas. Malas noticias de afuera. Y peores compañías.

d) Malas noticias, peores compañías

En dosis homeopáticas, la corrupción también se refleja en noticias que llegan de afuera. Al reciente reconocimiento de Ralph Lauren (y al previo de Siemens) de pago de coimas en la Argentina y a las sospechas en investigaciones sobre prácticas corruptas en que habría incurrido Embraer (que en 2010 vendió 20 aviones a Aerolíneas), deben sumarse casos como el de Ball Corporation, que en 2011 pagó 300.000 dólares de multa tras reconocer ante la justicia de EE.UU. que entre 2006 y 2007, a través de su subsidiaria Fornametal, pagó coimas en decenas de ocasiones en la Argentina.

O como el de Helmeridge & Payne, que en 2009 pagó 440.000 dólares de multa en castigo por sobornos que entre 2003 y 2008 pagó a la aduana argentina para ingresar equipos de perforación petrolera.

Son casos en los que las coimas fueron reconocidas en sede judicial, pero ni la Justicia ni el Ejecutivo de la Argentina se dieron por enterados.

2. Para Cristina las denuncias de corrupción buscan “atacar la memoria de Kirchner”[4] 

“El verdadero objetivo nunca es la verdad. La operación evidente y explícita consiste en atacar la memoria del que ya no puede defenderse: del Presidente Néstor Kirchner”, afirmó la Presidenta al responder a la investigación sobre el supuesto giro de fondos de la corrupción al paraíso fiscal de las islas Seychelles.

Cristina Kirchner eligió un sinuoso camino para defenderse de las acusaciones de giro de fondos provenientes de la corrupción al paraíso fiscal africano de la isla Seychelles, que reveló ayer el periodista Jorge Lanata, exponiendo un viaje presidencial a ese destino, al parecer sin motivos de gestión o políticos, conocidos.

Furiosa, la Presidenta movilizó a todo el aparato del Estado para que desmienta la información. Ayer mismo, mientras Lanata estaba al aire desde la cuenta de Twitter de la Presidencia se cuestionó la información del programa Periodismo para Todos (PPT) y hoy la propia AFIP desmintió mediante un comunicado al ciclo.

Pero no fue suficiente. La propia Presidenta publicó esta tarde en su cuenta de Facebook una consideración polémica. Vinculó las denuncias sobre casos de corrupción del gobierno con un supuesto plan para ensuciar la “memoria” del fallecido presidente Néstor Kirchner.

“Cuanta impunidad” se lamentó la Presidenta y calificó al programa de Lanata como “un show mediático que movilizó a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad”.

Sostuvo que la investigación sobre “la ruta del dinero K” actuó “causando daño, difamando a diestra y siniestra” y recordó que ya en ciclos anteriores se movilizaron fuerzas de seguridad “en busca de bóvedas, cajas fuertes y cajas de seguridad ubicadas en Santa Cruz, donde supuestamente se guardaban miles de millones de dólares y euros… de la mediática\’corrupción K\’ “.

Luego, la jefa de Estado publicó un enlace a su página web: “cfkargentina.com” en la que publica un texto con el título: “Seychelles, la \’corrupción K\’ más mentiras y agravios de Clarín”.

En ese link, la Presidenta vinculó el comunicado difundido anoche por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Oscar Parrilli que desmintió que un viaje de la Presidenta a la isla africana se haya concretado por temas vinculados a supuestos depósitos bancarios de dinero de la corrupción.

Ese comunicado, emitido por Twitter mientras Lanata estaba al aire asegura que el avión presidencial, con Cristina a bordo, solo hizo una “escala técnica” de 13 horas en el paraíso fiscal.

3. La ruta del dinero “K” y el uso político de la justicia en Argentina[5]

Durante 2013, los pocos grupos de periodismo independiente que quedan en Argentina, lograron sacar a la luz una cantidad de hechos de corrupción que vinculan estrechamente a la familia Kirchner con el empresario Lázaro Báez y sumas multimillonarias de dinero.

El gobierno, sin embargo, utilizó todo el poder a su disposición para intentar silenciar a la prensa y frenar en la justicia cualquier tipo de investigación. Hoy, todos los acusados se encuentran en libertad.

Lázaro Báez conoció a Néstor Kirchner a principios de los años ´90, cuando el primero era un simple empleado en el Banco de Santa Cruz, y el segundo, Intendente de Río Gallegos.

Durante los años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder, las empresas de Báez obtuvieron el 82% de los contratos de obra pública de la Provincia de Santa Cruz, los cuales, sumados a los contratos obtenidos con el gobierno nacional, representan más de 5.000 millones de pesos.

Una investigación del diario La Nación reveló que los activos de Báez crecieron de manera exponencial durante este período. En solo diez años, Báez compró al menos 80 propiedades en Río Gallegos, Buenos Aires y Capital Federal. Terrenos, apartamentos, empresas comerciales, e incluso edificios enteros, por los cuales en muchos casos pagó cifras muy por encima del valor del mercado.

Báez compró en Capital Federal y alrededores unas 20 propiedades por un valor superior a los seis millones de dólares. En la Provincia de Santa Cruz, Báez se adjudicó por lo menos 263.000 hectáreas.

Las investigaciones periodísticas en torno a su persona salieron a la luz a comienzos de este año, cuando el periodista argentino Jorge Lanata reveló testimonios en los cuales, personas involucradas en el escándalo, lo señalaban como el testaferro de Néstor Kirchner, y revelaron el procedimiento utilizado para mover millonarias cantidades de efectivo a cuentas en el exterior (“La Ruta de Dinero K”), a través de un sin número de empresas fantasmas en Panamá, Belice, Suiza, etc.

La principal incógnita de esta historia continuaba siendo si este dinero obtenido irregularmente por Báez gracias a los Kirchner acababa en manos del expresidente o su esposa.

Días atrás, el periodista argentino Hugo Alconada de La Nación acabó por mostrar la conexión financiera, revelando documentos que demostraban que entre 2010 y 2011 Lázaro Báez “alquiló” los hoteles del matrimonio Kirchner en la Patagonia por un valor superior a los 14.5 millones de pesos.

El “modus operandi”, según lo reportado por Alconada, era sencillo: siete de las empresas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con hoteles propiedad de los Kirchner por el alquiler de más de 900 habitaciones cada mes, las cuales Báez pagaba sin importar que las mismas sean o no utilizadas.

En otras palabras, los Kirchner favorecieron a Báez en la obtención de contratos públicos por miles de millones de pesos; y luego Báez alquilaba los hoteles de los Kirchner, no para usarlos, sino para entregarles parte del dinero.

Báez no fue el único empresario que alquilaba los hoteles de los Kirchner para devolverle los favores recibidos. Una operación similar existe con la línea aérea propiedad del Estado, Aerolíneas Argentinas, que firmó un acuerdo con los hoteles a través del cual alquila el 30% del hotel Alto Calafate, independientemente de que las habitaciones sean o no utilizadas.

Ante esta revelación, Báez no negó la autenticidad de los documentos en manos del diario La Nación, sino que decidió acudir a la justicia y pedir una medida cautelar que prohíba a cualquier medio de comunicación audiovisual publicar el contenido, generar opinión, o realizar comentario alguno basado en documentos internos de sus empresas.

De ser aprobada, esta medida cautelar constituiría un precedente muy peligroso para la libertad de prensa en el país, ya que significaría una acción de censura previa.

Por otra parte, el Gobierno ha hecho todo lo que se encuentra a su alcance para evitar que la investigación de este caso avance en la justicia.

Días atrás, luego de un pedido de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público decidió suspender a el fiscal José María Campagnoli que investigaba la causa Lázaro Báez, alegando abuso de poder al pretender investigar la causa por lavado de dinero.

El mensaje del gobierno fue muy claro: que nadie en el Poder Judicial argentino se atreva a investigar a la familia Kirchner.

Campagnoli, que luego de ser suspendido fue respaldado por políticos de oposición; asociaciones de abogados y magistrados; y un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil, dijo haber encontrado información que confirmaban las denuncias sobre Báez y los Kirchner.

La causa Lázaro Báez se encuentra en manos del juez federal Sebastián Casanello. La lentitud con lo cual avanza y la cantidad de irregularidades en el proceso llevaron a dirigentes de la oposición a denunciar al juez por supuesto “encubrimiento agravado”.

No es la primera vez que Casanello actúa irregularmente en casos de interés para el gobierno. Poco tiempo atrás, dicho juez desestimó una denuncia por parte de un senador de oposición en contra de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó –la misma que pidió la suspensión de Campagnoli−, por “incumplimiento de deberes” y “nombramiento ilegal de funcionarios”.

A Cristina Kirchner le quedan menos de dos años en el poder. Habiendo perdido abruptamente las últimas elecciones legislativas pocos meses atrás, con bajísimos niveles de popularidad, y con una gran cantidad de casos de corrupción que la tocan muy de cerca, la presidenta parece estar decidida a deshacerse del poder judicial en lo que le queda en el cargo, en un intento desesperado porque sus crímenes de enriquecimiento ilícito y los de su difunto esposo permanezcan impunes.

4. Argentina cae en el ranking de libertad económica: es uno de los países más “reprimidos”[6]

a) Descenso en el índice de la Heritage Foundation

Descendió seis lugares en el índice de la Heritage Foundation y ya está en el puesto 166 de 178. El informe contiene duras críticas para el gobierno de Cristina Kirchner por la alta inflación, control de precios y un Banco Central que “no es más independiente”

Después de las duras críticas que medios especializados de Estados Unidos le hicieron al gobierno de Cristina Kirchner por su política económica, siguen llegando malas noticias para el país. Ahora es el turno de una mala calificación.

Según la edición 2014 del Índice de Libertad Económica elaborado por la conservadora Heritage Foundation, con sede en Washington, la Argentina es una de las economías más “reprimidas” del mundo, al figurar en el puesto 166 entre las 178 naciones evaluadas, seis lugares más abajo que el año pasado.

Además, la economía argentina quedó 27° entre los 29 países de la región incluidos en el ranking, sólo por debajo de Venezuela (175) y Cuba (177). Chile (7), Santa Lucía (33) y Colombia (34), en cambio, aparecen como “mayormente libres”.

b) Interferencia del Estado en la economía

“La interferencia del Estado en la economía argentina ha crecido sustancialmente desde 2003, acelerando la erosión de la libertad económica”, dice el informe, que analiza el Estado del Derecho, el tamaño del Estado, la eficacia de las regulaciones y la apertura de los mercados para dar con la “nota” de cada país. En el caso de la Argentina, la nueva calificación es 44.6, quince puntos por debajo del promedio mundial.

c) La corrupción continúa prevaleciendo

“Las deficiencias institucionales siguen socavando las bases de un desarrollo económico duradero. El sistema judicial ahora es más vulnerable a la interferencia política, y la corrupción prevalece. La presión regulatoria sobre el sector privado sigue creciendo, con medidas de gasto populistas y controles de precios que distorsionan los mercados”, lanza el duro informe respecto de la cartera que hoy maneja Axel Kicillof.

“Bajo el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, la Argentina ha fortalecido sus vínculos con los gobiernos de la región que son hostiles a la libertad y ha amenazado el derecho de autodeterminación de las islas Falkland [Malvinas]”, explica en un confuso resumen el think tank conservador, que realiza el ranking junto al diario The Wall Street Journal.

Luego, asegura que el “perfil de inversiones” de la Argentina ha sido seriamente dañado porque “el Poder Judicial se ha politizado, y el Banco Central ya no es independiente”, y lo atribuye además a la estatización de los fondos de las ex AFJP en 2008, los “fracasos” en las negociaciones con los fondos buitre, y la “expropiación” de YPF de manos de Repsol en 2012.

“Aunque la economía se ha beneficiado por el boom de los precios de las commodities, las políticas fiscal y monetaria expansivas han alimentado la ya de por sí alta inflación, que no es reportada por las estadísticas oficiales. Controles de divisas han creado un mercado negro de dólares”, concluye la descripción de la economía argentina publicada por el diario La Nación.

d) Peores notas en “libertad monetaria”, “libertad de empresa” y “libertad de trabajo”

En el desagregado de las categorías que se evalúan en el ranking, la peor nota en este boletín está en la categoría “libertad monetaria”, donde la Argentina quedó en el puesto 176. Además, en la “libertad de empresa” bajó 6 puntos, hasta quedar en el puesto 143, y en la “libertad de trabajo”, en el 156 (2.5 puntos menos que el año pasado).

Al respecto, el think tank subraya que “lleva 14 procesos y 26 días abrir un negocio”.

“La invasión reguladora sobre las empresas privadas continúa aumentando, con la interferencia del gobierno desalentando la iniciativa empresarial y aumentando la incertidumbre regulatoria. El mercado laboral carece de flexibilidad y el salario mínimo ha crecido”, continúa.

También, repite que “el Gobierno manipula las estadísticas de inflación oficiales” y añade que “regula los precios de la electricidad, el agua y la nafta y presiona a las compañías a acordar precios y salarios”,

e) Una buena: Argentina repuntó en “libertad de comercio” 

El único aspecto en que mejoró en la economía argentina, según este informe, es la “libertad de comercio”, en el que creció 1.3 puntos, y por el que está en el puesto 134.

Sin embargo, en la “libertad de inversión” bajó diez puntos y quedó en el puesto 152. En la “libertad financiera” mantuvo el mismo puntaje que el año pasado.

5. ¿Cómo hizo Cristina para aumentar su patrimonio 3540 % en menos de diez años?[7] 

Cristina Kirchner ostenta una cuantiosa fortuna que consta de dinero en efectivo, propiedades y emprendimientos hoteleros, la cual aumentó en una década la friolera de 3540%. Ciertamente no le gusta hablar a ese respecto, y suele enfadarse cuando alguien hace referencia a ese tópico puntual.

Solo se animó a responder en ocasión de hablar ante alumnos de la prestigiosa universidad de Harvard y únicamente por el hecho de que no tenía otra alternativa.

En esa oportunidad justificó su descomunal enriquecimiento argumentando que se había desempeñado como una “abogada exitosa” a partir del año 2003.

La respuesta sorprendió por lo ingeniosa, pero no satisfizo a ninguno de los presentes: ¿Quién podría creer que Cristina ganara tanto dinero ejerciendo una profesión que jamás terminó de estudiar? ¿Qué caso o casos ganó la presidenta del 2003 a la fecha como para justificar esa afirmación?

Mal que le pese a quienes creen en la “década ganada”, la persona que más se benefició durante estos diez años fue la propia presidenta, quien pasó de tener poco más de 2 millones de pesos a superar los 80. Eso sin contar el dinero que se encuentra fuera del circuito legal o en manos de testaferros, como Lázaro Báez, Cristóbal López y otros.

En concreto, en mayo de 2003, antes de que Néstor Kirchner llegara a la presidencia, el matrimonio informó que su patrimonio era de $ 2.239.515. Siete años más tarde, en 2010, Cristina declaró tener $ 79.438.856. Es decir que hubo un incremento del 3540 % en menos de ocho años.

En esos días la jefa de Estado declaró ser dueña de 27 propiedades: seis casas, doce departamentos, seis terrenos y tres locales. Además, es la accionista mayoritaria en tres sociedades anónimas: Los Sauces SA, dueña del hotel boutique Los Sauces; CO.MA SA; y Hotesur SA, a través de la cual explota el hotel Alto Calafate.

Como se dijo, se trata de la declaración jurada del año 2010. El patrimonio de Cristina siguió creciendo luego bastante más.

¿Qué otro caso existe de alguien que haya conseguido un avance tan considerable en su fortuna personal? ¿Algún empresario o artista acaso?

Independientemente de que no hay otro caso similar, preocupa que la presidenta de la Nación se haya enriquecido sin poder dar explicaciones sobre cómo lo hizo. Ello permite suponer que fue a través de hechos de corrupción facilitados por su cargo en la función pública.

Es interesante detenerse y reflexionar al respecto, justo en días en los que se insiste en hablar sobre la “década ganada”. ¿Será tal vez la década ganada para los Kirchner?

Eso parece, ya que la pobreza en la actualidad alcanza niveles récord, lo mismo que la inflación y la inseguridad. Al mismo tiempo, la brecha entre quienes más y menos dinero tienen es aún más amplia que la que se dio durante la corrupta década menemista.

Será complicado por demás reconstruir la República luego de la devastación que ha dejado el kirchnerismo, quienes se han apropiado hasta de los recursos naturales argentinos y no dudaron en robarse hasta los fondos de Santa Cruz.

Todo un tópico sobre el cual reflexionar y que habla, no solo de cómo son aquellos que nos gobiernan, sino también quienes los elegimos para que estén al frente de esa tarea.

No es poco.

6. Piden reapertura de causas por enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner[8]

Invocando la cosa juzgada írrita o formal, y ante nuevas evidencias que denotan falsedades e inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales, el abogado Enrique A. Piragini, en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, ha planteado la revisión de las causas que por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner tramitaran ante los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y Norberto Oyarbide, donde se investigara el abultado incremento patrimonial de la presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner, por aplicación del instituto conocido como “cosa juzgada írrita o formal”, ya que por nuevos elementos de convicción que se ventilaron en diversas ediciones del programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, los respectivos sobreseimientos se basan en erróneas y falsas informaciones volcadas en las declaraciones juradas respectivas.

Vale recordar que en las causas judiciales donde se investigara el descomunal incremento patrimonial del matrimonio presidencial, no solo no se profundizó la investigación, sino que tampoco se cumplió con la regla de la doble instancia, ya que los fiscales intervinientes no apelaron los sobreseimientos dictados ni en el caso del doctor Piragini se le reconoció la calidad de querellante, privándolo de obtener una revisión por parte de la Cámara Federal.

Cabe señalar que la denunciada Cristina Fernández de Kirchner, presidente de un país de 40 millones de habitantes, resultó ser más rica que el presidente Barack Obama, líder del país más poderoso del mundo con una población de 400 millones.

Por otra parte, la teoría de la cosa juzgada írrita, que fuera reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso que tuviera como imputada a la ex presidente Isabel Martínez de Perón, ha sido aplicada en diversos casos, particularmente por parte de algunos jueces hoy pertenecientes a la agrupación Justicia Legítima, lo cual fundamenta la presentación que por imperativo procesal habrá de deducirse ante cada juzgado que dictara el sobreseimiento (causa nº 1338/2008, Juzgado Federal nº 6 Secretaría nº 11; causa nº 9423/2009, Juzgado Federal nº 5 Secretaría nº 9 y causa nº 15340/2009, Juzgado Federal nº 4 Secretaría nº 7, vinculadas a las causas nos. 11256/2009 y 14460/2009).

Su tenor es el siguiente:

SOLICITA DESARCHIVO Y REAPERTURA CAUSA JUDICIAL. OFRECE PRUEBAS

Señor Juez Federal:

Enrique A. PIRAGINI, abogado CPACF Tº 22 Fº 23, como ciudadano y Presidente de A.R.I.E.L. somos todos.ong (ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD, ong inscripta en el Ministerio de Acción Social de la Nación, CENOC bajo el nº 10841) constituyendo domicilio en Uruguay 485 p. 3º “R02” (Zona 119, 154-159-8401, epiragini@gmail.com), en la causa caratulada “KIRCHNER, NESTOR CARLOS Y FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA ELISABET S/. ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, a V.S. digo:

Vengo a solicitar se revise el sobreseimiento dispuesto en favor de la Presidente de la Nación CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, sus cómplices, partícipes, instigadores y encubridores, en la causa seguida por ENRIQUECIMIENTO ILICITO contra ella y su desaparecido cónyuge NESTOR CARLOS KIRCHNER, por estar basada en datos erróneos y falsos incorporados a sus declaraciones juradas patrimoniales y no haberse agotado la investigación, generando un pronunciamiento judicial con mera apariencia de legalidad, basándome en la aplicación de la teoría de la cosa juzgada írrita o formal.

En estos obrados no se profundizó la investigación al extremo que se han conocido nuevas evidencias del descomunal, e injustificado, aumento patrimonial de los denunciados, lo cual no guarda relación con sus declaraciones juradas, y se han ventilado a través de distintas emisiones del programa PERIODISMO PARA TODOS, conducido por Jorge LANATA, resultando procedente recabar de la producción de PPT arrime al expediente todos los antecedentes que obran en su poder y arrojarán luz sobre el objeto procesal de autos.

Como ilustración y basamento de esta presentación transcribo un artículo suscripto por uno de los periodistas más afines al oficialismo, referido a la causa judicial seguida contra el ex juez Juan José GALEANO por su cuestionada actuación en la causa “AMIA”, donde se alude al pronunciamiento de camaristas hoy pertenecientes a la agrupación Justicia Legítima, que textualmente dice:

En contra de la cosa juzgada 

Por Raúl Kollmann

Varios jueces y camaristas estaban conmocionados porque, en el fallo conocido ayer, dos de los tres magistrados se pronuncian en contra del principio de la cosa juzgada. Plantean que el sobreseimiento dictado a favor del juez Juan José Galeano en su momento es una cosa juzgada “írrita” o nula. Sucede que, cuando se conoció el video en el que el juez negociaba con Telleldín el pago de los 400 mil pesos, se instruyó una causa judicial que estuvo a cargo de Gabriel Cavallo. Rimondi y Bruzzone describen varias irregularidades en aquel expediente –testimonios improcedentes, la justificación de la maniobra porque se trataba de un caso de terrorismo y el extraño comportamiento de la subrogante de un fiscal– y concluyen que hubo errores formales, sustanciales y error judicial. Además, el pago quedó más que probado, antes y durante el juicio oral del caso AMIA.

La revisión de la cosa juzgada solo registra un antecedente, que perjudicó a Isabel Martínez de Perón. Cuando cayó su gobierno, se ventiló un caso de corrupción muy conocido: el cobro de un cheque por dos millones de dólares proveniente de lo que entonces se conocía como Cruzada de la Solidaridad. Isabelita había sido sobreseída en esa causa y, durante el gobierno militar, la Corte Suprema revisó el fallo argumentando que la contundencia de las pruebas evidenciaba un error judicial.

El juez González votó a favor de mantener el sobreseimiento de Galeano con el principio de la cosa juzgada. Cita, por ejemplo, a autores que afirman que “la cosa juzgada se tiene por verdad” o que “las revisiones sólo se pueden hacer a favor de los condenados”. La cuestión tiene máxima importancia porque podría llevar a revisar muchos fallos. Bruzzone y Rimondi, en cambio, afirman que es un logro “destronar la cosa juzgada nula o írrita”. “La búsqueda de la verdad y no su ocultamiento es la norma de todo derecho”, afirmaron ayer en el fallo. Con este último criterio, ratificaron el procesamiento de Galeano por la compra de la declaración de Telleldín.

Revisión de cosa juzgada

Si bien es tradicional en nuestro derecho el instituto de la cosa juzgada, no es inamovible a ultranza sino que la jurisprudencia ha admitido su revisión en casos excepcionales, a fin de evitar que el litigio quede terminado con una sentencia formalmente correcta, pero con resultado notoriamente injusto. Un eminente jurista, el Dr. Juan C. Hitters, hoy integrante de la S.C.B.A., ha tratado abundantemente el tema en su obra “Revisión de la Cosa Juzgada”, donde sostiene la posibilidad de rever ciertas sentencias que “en virtud de la variación de algunas circunstancias trascendentales se tornen intolerablemente injustas” (Ob. Cit. P g. 9/10, Ed. 1977).

El código procesal uruguayo titula a esta figura procesal como “anulación de actos procesales fraudulentos” y el brasileño (año 1973) la denomina “acción resarcisoria”.

En nuestro país, es frecuente el uso de “acción autónoma de nulidad” (Maurino, entre otros); pero también hay autores que la titulan de otras formas: “acción declarativa contra la cosa juzgada” (Morello E.D., t. 36, p.288); “acción revocatoria por cosa juzgada írrita” (Godoy, J.A. 1996-IV-489); “acción autónoma declarativa de impugnación de un proceso” (Berizonce, Rev. Col. Abog. La Plata, To. II, nº 26).

Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española (nº 1, año 2000) la denomina “revisión de las sentencias firmes” y la regula como una verdadera acción autónoma, que alcanza a los siguientes casos:

1)         Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2)         Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.

3)         Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

4)         Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

Adelanto que asumiré el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población y resultan objeto de la organización no gubernamental A.R.I.E.L. somos todos.ong (ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD), Inscripta en el CENOC bajo el nº 10841, dependiente del Ministerio de Acción Social de la Nación, cuya personería solicito se certifique a través de la página oficial que en Internet mantiene dicho Ministerio) que trabaja reclamando seguridad y tiene legitimación como lo ha reconocido la CSJN al rechazar el amparo deducido por la Provincia de San Luís por el uso de reservas para el pago de deuda, determinando que sólo el interesado directo, el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales detentan ese derecho.

Proveer de conformidad,

SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.

                                                               Enrique A. Piragini

[1]           Fuente de información: Urgente24, 2/5/13, “Cristina Kirchner, la 2ª presidente más corrupta del mundo”, http://www.urgente24.com. Más información: Clarín, 18/9/13, “Eduardo Costa trató a Cristina y Néstor Kirchner de corruptos”, http://www.clarin.com. El Mundo.es, 30/4/13, “Cristina Fernández en el epicentro de un presunto caso de corrupción”, http://www.elmundo.es.

[2]           Ver: http://100r.org/corruption-allstars/.

[3]           Ver: http://www.ellitoral.com.

[4]           Fuente de información: La Política online, 19/8/13, “Para Cristina las denuncias de corrupción buscan atacar la memoria de Néstor Kirchner”, http://www.lapoliticaonline.com.

[5]           Fuente de información: Opinión de Ezequiel Vázquez-Ger/ElPais.Com, 24/12/13, “La ruta del dinero K y el uso político de la Justicia en Argentina”, http://www.ezequielvazquez.com.

[6]           Fuente de información: iProfesional, 14/1/14, “Argentina cae en el ranking de libertad económica: es uno de los países más ‘reprimidos’ “,http://www.iprofesional.com.

[7]           Fuente de información: Tribuna de Periodistas (Christian Sanz), 22/1/14, “¿Cómo puede explicar CFK que su patrimonio creció 3540%?”, http://periodicotribuna.com.ar.

[8]           Fuente de información: Informador público, 3/12/13, “Piden reapertura de causas por enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner”, http://site.informadorpublico.com.

 

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