La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXVIII)

CAPÍTULO XXVIII

LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN ALCANZA A DANIEL SCIOLI

“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”. Terencio

1.         El gobernador ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos[1]

 a) Una historia muy controvertida 

La compra de una cooperativa ordenada por el gobernador bonaerense Daniel Scioli mediante un “decreto extractado” –el 717/2010− generó preocupación en ámbitos políticos oficiales y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden de hacer frente a un pago que asciende a 101 millones de pesos cuando la valuación fiscal de la misma es de 20 millones de pesos.

Esta controvertida historia comenzó en 2002, durante la gobernación de Felipe Solá, cuando el Estado bonaerense decide declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y sus respectivas instalaciones (máquinas, herramientas, rodados, muebles y útiles) de propiedad de la firma “Ignacio Wasserman S.A.”.

La firma en cuestión era un centro de servicios metalúrgicos que proveía chapas, flejes y tubos de acero con una producción promedio de nueve mil toneladas mensuales. Fue fundada en octubre de 1961 en el Partido de Vicente López con una superficie cubierta de 12.800 metros cuadrados sobre un lote de 16.500 metros cuadrados.

“Ignacio Wasserman S.A.” tiene una historia muy parecida a otras que también sufrieron centenares de empresas de la Argentina: caída de la producción por importaciones, recesión, convertibilidad e imposibilidad de saldar sus deudas con proveedores y personal. Conclusión: el Estado bonaerense decidió expropiarla y adjudicarla en propiedad a título oneroso por venta directa a la Cooperativa de Trabajo “Los Constituyentes Limitada”.

En rigor, “Los Constituyentes Limitada” es una de las tantas denominadas “fábricas recuperadas” por sus obreros que encontraron en ese procedimiento la única vía para seguir trabajando.

b)        La otra historia: ¿la verdadera? 

Pero de acuerdo a la información suministrada a NOVA por funcionarios bonaerenses, que se mostraron preocupados por los alcances de la decisión adoptada por el gobierno de Scioli, la “verdadera historia” es la siguiente:

“En 1995, en plena recesión industrial argentina, Wasserman decide firmar un contrato para alquilar la planta temporalmente a los empleados, quienes ya habían conformado la cooperativa en cuestión, para que puedan seguir trabajando por su cuenta y así evitar despidos”.

“La empresa seguía pagando impuestos y deudas… pero para desgracia de Wasserman, la cooperativa se convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la Legislatura bonaerense, que dictó la Ley 12.996 que expropió la fábrica y la entregó a los trabajadores”.

Los dueños insistieron en su momento que los habían echado de su fábrica con la Ley 12.996 en la mano sin haber presentado quiebra. Sin embargo, nunca más pudieron ingresar a la planta.

c)         “Sugerencias” que complican a Scioli 

Ya fuera de su empresa, Ignacio Wasserman decide -en el año 2004- iniciar un juicio de expropiación inversa en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial Nº 6 de San Isidro.

Tras largos procedimientos judiciales en los que no faltaron demandas y contrademandas, Wassernan formula una propuesta transaccional ante la Fiscalía de Estado (Expediente 5100-24518/08) por la suma de 130 millones de pesos.

En enero de este año, tras las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia (con la firma de su jefe, Carlos Machiaroli) el ministerio de la Producción a cargo de Martín Ferré y la Secretaría Legal y Técnica se autoriza al Fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski; a efectuar el acuerdo transaccional.

Dicho acuerdo consistió en lo siguiente: 101 millones los aportó la Provincia con bonos de cancelación de deuda, mientras que la Cooperativa “Los Constituyentes Limitada” se comprometió a abonar 20 millones en cuotas semestrales de 600 mil pesos.

En rigor, el Estado bonaerense está pagando 101 millones de pesos por una cooperativa en la que trabajan 60 personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales.

Por ese motivo, las dudas que rondan los pasillos de la Gobernación giran en torno a quién o quiénes fueron los que asesoraron a Scioli para firmar dicho decreto, dado que con esa medida se incursiona en un “sospechoso procedimiento administrativo que muchos consideran el principio de un esquema de corrupción”.

 2. Juicio político contra Scioli por fraude al Estado[2]

 a) Las consecuencias podrían afectar a la Casa Rosada 

La historia detrás de la expropiación de la firma Ignacio F. Wasserman SA, que este portal publicó en 2010. Las “sugerencias” a Martín Ferré.

La denuncia presentada contra el gobernador Daniel Scioli por “fraude al Estado” a raíz de la supuesta adquisición ilícita de una fábrica en quiebra tendría consecuencias que incluso afectarían intereses de la Casa Rosada, en virtud de los desplazamientos políticos que podrían generarse.

En primer lugar, de prosperar, podría derivar en un juicio político contra el propio gobernador. En la presentación judicial están involucrados, además, el ex ministro de Producción, Martín Ferré −actual titular de la cartera de Desarrollo Social−, el ex fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski −ya fallecido−, y el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, por cuanto en la operación habría intervenido el estudio “Caporal, Citara y Casal”, relacionado con el funcionario.

Se trata de la denuncia realizada por el abogado Luis Caro, del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, por la presunta adquisición ilícita por parte de la Provincia de la firma Ignacio F. Wasserman SA, concursada en 2003 y sin disposición de sus bienes.

La presentación fue hecha ante la Fiscalía n° 8 de La Plata, y entiende en la causa el juez César Melazzo. Caro denunció al gobernador Scioli por los delitos de “fraude al Estado provincial”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “asociación ilícita” en perjuicio de la provincia de Buenos Aires en el marco de la expropiación de la empresa, que había sido recuperada por sus trabajadores.

El caso fue una primicia exclusiva de NOVA hace dos años, en octubre de 2010 (ver supra). En aquella oportunidad, este medio informó que el gobernador Scioli “ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos”.

La compra de esa cooperativa, ordenada por el mandatario mediante un “decreto extractado” −el 717/2010−, generó preocupación en ámbitos políticos y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden de hacer frente a un pago que ascendió a 101 millones de pesos cuando la valuación fiscal era de 20 millones.

Ahora el escándalo estalló y amenaza con “llevarse puesto” a más de uno. Por caso, el actual ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, ya habría recibido la “amable sugerencia” de volver a ocupar su banca en la Cámara de Diputados, para recuperar los fueros. En caso de que la investigación avance, nadie quiere en calle 6 tener imputado a un integrante del gabinete.

Ferré fue electo diputado por la Séptima Sección en la elecciones del año pasado, pero dejó su banca para asumir en la cartera de Desarrollo Social, luego de ver frustradas sus intenciones de ser jefe del bloque del FpV o detentar algún cargo de autoridad en el cuerpo. En su lugar asumió Mario Caputo, un hombre que responde al ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.

Según analizaron ante NOVA fuentes legislativas, si Martín Ferré regresara a su escaño acosado por la Justicia, Randazzo estaría perdiendo a uno de los suyos en la Legislatura bonaerense. Un claro retroceso en el armado del hombre de Chivilcoy, que no resigna sus aspiraciones en el territorio provincial.

Sin embargo, todas estas alternativas serían minucias al lado de la posibilidad, concreta, de que el propio gobernador Scioli sea sometido a juicio político por este caso de presunta corrupción. Pero, como toda historia, ésta también tiene un comienzo.

b) El “relato”

Todo comenzó en 2002, durante la gobernación de Felipe Solá, cuando el Estado bonaerense decidió declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las respectivas instalaciones de propiedad de la firma “Ignacio Wasserman SA”.

La firma era un centro de servicios metalúrgicos que proveía chapas, flejes y tubos de acero con una producción promedio de nueve mil toneladas mensuales. La Provincia decidió expropiarla y adjudicarla en propiedad a título oneroso por venta directa a la Cooperativa de Trabajo “Los Constituyentes Limitada”.

Sin embargo de acuerdo a la información suministrada a NOVA en su momento por funcionarios bonaerenses, la “verdadera historia” es que, en 1995, en plena recesión industrial, Ignacio Wasserman decidió firmar un contrato para alquilar la planta temporalmente a los empleados, quienes ya habían conformado la cooperativa, para que pudieran seguir trabajando por su cuenta y así evitar, además, sus despidos.

La empresa seguía pagando impuestos y deuda pero, para desgracia de Wasserman, la cooperativa se convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la Legislatura, que dictó la Ley 12.996 de expropiación de la fábrica y la entregó a los trabajadores.

En el año 2004, ya fuera de su empresa, Ignacio Wasserman decidió iniciar un juicio de expropiación inversa en el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial nº 6 de San Isidro.

Así, tras largos procedimientos judiciales, formuló una propuesta transaccional ante la Fiscalía de Estado por la suma de 130 millones de pesos.

Finalmente, en enero de 2010, tras las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia (con la firma de su jefe, Carlos Machiaroli) el Ministerio de la Producción a cargo de Ferré y la Secretaría Legal y Técnica, se autorizó al fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, a efectuar el acuerdo transaccional.

El acuerdo consistió en que la Provincia aportó 101 millones de pesos con bonos de cancelación de deuda, mientras que la cooperativa “Los Constituyentes Limitada” se comprometió a abonar 20 millones en cuotas semestrales de 600 mil pesos.

En rigor, el Estado bonaerense pagó 101 millones de pesos por una cooperativa en la que trabajan 60 personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales. Toda esta información es la que hoy estalló en la cara del gobernador Scioli, y con la que cuenta el juez Melazzo.

 3. El patrimonio oculto de Scioli y su gabinete[3]

a) Conocer las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es un derecho ciudadano 

El Gobierno se jacta de una institucionalidad transparente, aunque el acceso a las declaraciones juradas del Gobernador y su Gabinete está vedado a los ciudadanos, infringiendo la ley. La historia de ser funcionario y no exhibir sus bienes.

Acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Y es algo que deben abogar los dirigentes que fueron elegidos por el voto popular.

Algunos que profesan la transparencia de la gestión han mostrado con resultados concretos que no tienen nada que esconder. Así el intendente de Morón, Martín Sabbatella, como su par de Tandil, Miguel Lunghi o el caso del jefe comunal de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, para citar algunos ejemplos, colocaron sus declaraciones juradas en las páginas de sus municipios.

En Bahía, a través del Decreto Municipal nº 644/06, se estableció la obligatoriedad para quienes se desempeñan como Personal Superior del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, de presentar una declaración jurada de sus Bienes Patrimoniales, “con el objetivo de brindar transparencia al accionar de los mismos, mediante el control de la ciudadanía, del estado de su patrimonio durante el desempeño en el cargo público”.

Pero la ley de Ética de la Función Pública (25.188) obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones patrimoniales, y en el artículo 9 se establece que “las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder”.

Y algo que sostiene dicha ley es que todos tendrán la posibilidad de acceder a las declaraciones juradas, aunque castigando a los que utilicen esa información para “cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general”.

Ahora bien, ante la inquietud de conocer cuál era el patrimonio declarado del gobernador Daniel Scioli y su Gabinete, entre los que se encuentra su hermano José Scioli, el equipo periodístico fue sorprendido con el impedimento de que dichas declaraciones no pueden ser vistas ni por ciudadanos comunes, y tampoco por periodistas.

 b) Conocer el patrimonio, una misión imposible 

Como en Nación, los funcionarios del Gobierno bonaerense deben presentar sus declaraciones, y el encargado de recibir dicha información es la Escribanía General de la Provincia, que se encuentra a cargo de Ramón González Fernández.

González Fernández dice ser, según sus secretarias, un funcionario de segunda línea que “solo” depende del Ministerio de Justicia, es decir, que su jefe no es otro que Ricardo Casal.

“Si el ministro Casal autoriza dicha información, vienen acá con el permiso y nosotros le damos todas las declaraciones juradas que quieran”, explicó la secretaria del Escribano General. 

La Tecla: – Pero las declaraciones juradas son un derecho que tiene cualquier ciudadano para consultar… 

Secretaria:- Nosotros nos manejos así, es una directiva de Casal. 

L.T: – Es decir que el ministro es quien contradice la ley que regula este tipo de información de acceso público. 

S.:- No contradice, es una normativa que dio. 

L.T: Existe la posibilidad de que conversemos con el Escribano González Fernández. 

S:- Está en una audiencia. 

L.T: – Entonces debemos presentar un escrito en el Ministerio de Justicia de la Provincia, y si el ministro Casal autoriza dicho pedido, volvemos acá y recién ahí ustedes nos proporcionan la información. 

S:- Exactamente. 

L.T: – Muchas gracias, hasta luego. 

Anteriormente el equipo periodístico se comunicó telefónicamente con la Escribanía General para conocer los requisitos ante el pedido de declaraciones juradas. Desde esa área informaron que todos tenían la posibilidad de acceder a dicha información, aunque presentando el DNI.

Una vez en el edificio de la Escribanía, el jefe del sector de las declaraciones juradas comentó que “sólo personas idóneas podían acceder a la información porque es de carácter reservada y no de acceso público”.

Inmediatamente el equipo periodístico cuestionó la afirmación, debido a que la ley respalda dicho acceso, lo que provocó la inmediata consulta a la normativa. El resultado fue que el empleado admitió el derecho a solicitar las declaraciones.

Sin embargo, aclaró que se debía presentar un escrito que iba a ser girado a las autoridades para que evalúen el pedido, obviamente que previo a eso, se reunió con el Escribano General para notificarlo del requerimiento periodístico.

Acto seguido, dos hombres, uno vestido de camisa celeste y otro de camisa rosa, se apostaron al lado del equipo periodístico y del jefe de documentación, responsable de mostrar las declaraciones juradas.

Mientras esto sucedía los empleados del sector advertían que varios funcionarios provinciales desistían de presentar su declaración. “Esto es un viva la pepa, el que no quiere presentar no presenta y no dan ningún argumento”, disparaban.

“¿Quién no quiere saber cuánto tiene nuestro gobernador?”, cuestionó otro empleado, quien agregó: “Pero eso está bajo siete llaves en una cajita de cristal”.

Algunos datos llamativos que sorprendieron fue que más allá de realizar la presentación por escrito, demostrando el interés público para pedir dicha declaración, se corría el riesgo de que no se entregaran los informes patrimoniales.

“No se los van a dar”, aseguraba el jefe de documentación.

Tras varios intentos de hacer valer el derecho ciudadano, el equipo desistió del pedido y se retiró del edificio. Pero sin duda quedó la sensación que algo siempre hay que esconder, aunque nunca se sabrá por qué.

[1]           Fuente de información: Agencia NOVA, 13/10/10, “Scioli ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos”, http://www.agencianova.com.

[2]           Fuente de información: Agencia Nova, 15/8/12, “De avanzar la denuncia por fraude al Estado, la primera hipótesis es el juicio político a Scioli, http://www.agencianova.com. Más información: Informador público, 2/1/14, “Una causa que acorrala a Daniel Scioli”, http://site.informadorpublico.com.

[3]           Fuente de información: La Tecla.info, 7/2/14, “El patrimonio oculto de Scioli y su gabinete”, http://www.latecla.info.

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