La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXXI)

CAPÍTULO XXXI

EL ANILLO DE BRILLANTES DEL JUEZ OYARBIDE

 Cuanto mayor la riqueza, más espesa la suciedad. John Kenneth Galbraith

1. Zanola denunció a Oyarbide por enriquecimiento ilícito[1]

a) Vínculos con la mafia de los medicamentos 

Juan Zanola, el sindicalista bancario que estuvo preso dos años por el caso de la “mafia de los medicamentos”, denunció por presunto enriquecimiento ilícito al juez federal Norberto Oyarbide por la compra de un anillo de brillantes de 250 mil dólares y por sus vacaciones en el Caribe. Los fondos vendrían de la mafia de los remedios.

El gremialista y abogado vinculó los gastos que hizo el juez con “las decisiones tomadas por el Dr. Oyarbide en las causas penales que tramitan en el Tribunal a su cargo” pero “particularmente” con la “denominada causa de la ‘mafia de los medicamentos’ “.

Esta es la segunda querella penal contra Oyarbide por el anillo, ya que se suma a una primera que presentó en Tucumán un abogado de esa provincia y que se espera que esta semana llegue a los tribunales porteños, informaron hoy a DyN fuentes judiciales.

La causa está a cargo del juez federal Sergio Torres y del fiscal Eduardo Taiano, quienes deben citar a Zanola a ratificar la denuncia a los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

Zanola, junto a su mujer y ex directora del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay, quien también estuvo presa en la causa por orden de Oyarbide, denunciaron al juez por la compra de un anillo de brillantes de 250 mil dólares que −según dijo el magistrado− hizo con la venta de regalos que recibió en los últimos cinco años, según informó el diario La Nación.

Agregaron que los últimos cinco años son las fechas “en que la causa que se sigue en la actualidad contra los aquí denunciantes tuvo inicio, ya que fue durante los años 2006 y 2007”.

Zanola y Aballay están procesados por comercialización de medicamentos falsos o adulterados otorgados a afiliados al gremio bancario, hechos por los que estuvieron presos desde noviembre de 2009 hasta diciembre último cuando fueron liberados por la Cámara Federal.

A pesar de la libertad, ambos siguen acusados y Oyarbide ya tiene el expediente preparado para enviarlos a juicio oral.

“El juez Oyarbide ha faltado a sus deberes de funcionario público, ya que la adquisición de dicha joya, por el monto que el mismo declaró, no se condice en absoluto con los ingresos de un Juez Federal, quien, de acuerdo a su antigüedad en el cargo estaría percibiendo en la actualidad, un salario mensual con una variación aproximada de entre los 30.000 y 35.000 pesos”, sostiene la denuncia a la que accedió esta agencia.

 b) Gastos fastuosos en las vacaciones 

Zanola y Aballay también denunciaron a Oyarbide por sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, durante enero. Una nota de la revista Noticias reveló que el juez habría gastado unos 34.500 dólares durante su estadía.

“Solo resta pensar que la provisión de fondos para la realización de tales gastos proviene −como no puede ser de otra manera− de las decisiones tomadas por el Dr. Oyarbide en las causas penales que tramitan en el Tribunal a su cargo”, alegaron.

“Pero particularmente en la causa que de la cual el Juez Federal se encargó de hacer un show mediático, y que podemos llegar a considerar fue la más resonante de los últimos 4 años, cual es la denominada causa de la ‘mafia de los medicamentos’ “, completa la denuncia.

Por la compra del anillo Oyarbide también fue denunciado por el abogado tucumano Oscar Antonio López ante el juez federal de esa provincia, Daniel Bejas, quien se declaró incompetente y envió la causa a la Justicia porteña.

 c) Denuncia ante el Consejo de la Magistratura 

Zanola y Aballay también denunciaron a Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de investigar el desempeño de los jueces, donde la diputada nacional Patricia Bullrich presentó la semana pasada una acusación contra el juez.

 2. Schoklender se sumó a la denuncia contra Oyarbide[2]

 a) Falta de relación entre el sueldo y el uso de vestimentas caras  

El ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schocklender, acusó al magistrado de usar alhajas e indumentaria de marca que no guardarían relación con su sueldo.

Schoklender pasó hoy, por unos minutos, de imputado a acusador, al ampliar una denuncia penal contra el juez federal Norberto Oyarbide por presunto enriquecimiento ilícito, en la que hizo referencia al uso de alhajas y ropas que, a su criterio, no guardarían relación con su sueldo.

Fuentes judiciales informaron que el acusado como supuesto jefe de una “asociación ilícita” para malversar fondos públicos destinados al plan de construcción de viviendas “Sueños Compartidos”, hizo una presentación en el expediente que tramita en el juzgado federal nº 12 de Sergio Torres.

 b) Permanente ostentación de manifiesta riqueza 

Allí, Schoklender aseguró que durante las “interminables indagatorias” en que estuvo con Oyarbide pudo observar la “permanente ostentación” que haría el juez de “un anillo sinfín de diamantes en su dedo anular, una escarapela con forma de bandera argentina de diamantes y topacios y anteojos con marco de oro de colección”.

También denunció que el magistrado usa “ropa de vestir de marca que excede con mucho lo que podría adquirir con su sueldo de magistrado”, así como que a “la exhibición constante” se deben sumar “valiosos cuadros y otras joyas y relojes con los que habitualmente se lo ve en las noches de Buenos Aires”.

Por todo ello, el ex “número dos” de Hebe de Bonafini en la Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió a Torres que “en forma urgente” proceda al allanamiento del piso de Oyarbide, en el barrio porteño de Recoleta, “a fin de verificar la existencia de objetos de valor, cuadros, alhajas y dinero”.

En principio, Oyarbide fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito en el tribunal de Torres a raíz del anillo de diamantes que empezó a lucir este año cuando iba a trabajar al juzgado y, según fuentes del sector, valdría unos 250.000 dólares.

Schoklender está imputado como presunto jefe de una “asociación ilícita” acusada de desviar unos 250 millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal entregó al plan “Sueños Compartidos” para solventar la construcción de viviendas sociales.

 3. Oyarbide, una vergüenza y un peligro[3]

 a) Sospechas sobre los propósitos de su actuación 

Las graves irregularidades denunciadas por la Sala I de la Cámara Federal provocan sospechas sobre los verdaderos propósitos del juez federal.

 b) Volvió a ocurrir 

La Cámara Federal anuló una causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide en la que, supuestamente, se investigaba un presunto lavado de dinero mediante transferencias de futbolistas.

Aclaramos que el magistrado “supuestamente” investigaba ese delito porque, dado el tenor del pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Federal, puede dudarse de cuál fue el verdadero propósito de la actuación del magistrado.

Debido a las graves irregularidades de Oyarbide, los integrantes de la sala tuvieron que sobreseer a todos los imputados. Esos jueces afirmaron que el procesamiento de los acusados dispuesto por el cuestionado magistrado es “un compendio de datos totalmente desconectados entre sí; transcripciones de escuchas telefónicas que, en su mayoría, resultan ser incomprensibles; listados de documentación que [el juez] mencionó, pero no analizó; nombres de empresas cuya actividad no se explica, y afirmaciones genéricas”.

Los camaristas de la Sala I anularon la causa y sobreseyeron a todos los imputados, entre los que figuraban directivos de una financiera y dos empleados del Banco Central.

En su resolución pusieron en duda la legitimidad de Oyarbide para ocuparse del expediente y subrayaron que encarceló a los sospechosos sobre la base de que existía peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pero dos semanas después dispuso los procesamientos de las mismas personas, aunque sin prisión preventiva porque “no existían riesgos procesales”.

Los liberó un domingo por la noche, un día totalmente inusual en Tribunales.

 c) Cuestionamientos anteriores 

No fue el primer cuestionamiento demoledor de la Sala I a Oyarbide. En agosto pasado la misma sala lo apartó de la causa por el desvío de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y anuló las declaraciones indagatorias de los 66 acusados y los 44 procesamientos que había dispuesto, incluidos los de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la fundación.

El panorama que los camaristas encontraron en este sumario fue muy parecido al que hallarían en el del supuesto lavado de dinero con transferencias de jugadores, pues también destacaron la “falta de racionalidad” con la que Oyarbide llevó a cabo la investigación al no otorgarle “una dirección lógica”.

Agregaron que el juez tampoco les explicó a los acusados los hechos específicos por los cuales se los acusaba, para que pudieran defenderse, y calificaron su investigación de “defectuosa”, “imprecisa” y “confusa”, destacando que “la verdad permanece oculta” y que se afectó el derecho de defensa de los acusados y sus garantías, violándose el debido proceso.

Los camaristas entregaron los despojos del expediente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Cabe recordar que esa causa representó un peligro tanto para el Gobierno, que autorizaba los envíos de los fondos presuntamente malversados, como para la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuya titular, Hebe de Bonafini, siempre mantuvo una relación simbiótica con el Gobierno.

Hace un mes y medio, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió por prescripción y nulidades al ex presidente y actual senador Carlos Menem en el juicio por haber ocultado una cuenta suiza y otros bienes en su declaración jurada patrimonial de 2000.

En la tercera audiencia, y sin haberlo indagado, los jueces declararon de oficio parcialmente nulo el procesamiento y consideraron prescripta por el paso del tiempo la omisión maliciosa de bienes. Resolvieron esas nulidades por considerar que en la instrucción “nunca se indagó” a Menem por esos dos delitos y eso conspira contra sus garantías individuales.

La instrucción de la causa iniciada en 2001 estuvo a cargo de Oyarbide, quien demoró excesivamente el trámite de ese expediente, ahora prescripto.

 d) Sobreseimiento en tiempo récord del matrimonio Kirchner 

En cambio, el juez adoptó una actitud inversa cuando tuvo que intervenir en la investigación del matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del incremento exponencial de su patrimonio. Entonces, Oyarbide, en tiempo récord y en medio de múltiples y gravísimas irregularidades, sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner.

Estos y otros muchos antecedentes, como las sospechas que alentó el juez cuando se le descubrió un costoso anillo cuya procedencia no pudo explicar convincentemente, tornan imperiosa la remoción de este juez que, nada milagrosamente, ha sobrevivido a lo largo de las últimas décadas porque siempre beneficia al gobierno de turno en los casos de corrupción.

Pero ocurre que Oyarbide se ha vuelto francamente impresentable y, muy probablemente, también se ha convertido en un peligro. Los duros términos con los que la Sala I de la Cámara Federal se expidió en su contra son toda una señal, pues es la sala considerada más afín al kirchnerismo.

Decimos que Oyarbide es un peligro y una afrenta a la Justicia pues, como todo juez, tiene en sus manos la libertad, el honor y el patrimonio de los ciudadanos.

Según hemos visto, las causas que ha destruido hasta volverlas a foja cero son todas de gran trascendencia y la verdad sobre los hechos que en ellas se investigaban difícilmente podrá saberse y quedará en el enorme campo de la impunidad.

 4. Reactivan una causa contra Oyarbide[4]

 a) Presunto pedido de coimas 

Mientras la atención pública está sobre el vicepresidente Amado Boudou por el pedido de indagatoria que formuló este mediodía el juez Lijo, este jueves (6/2/14) también se reactivó una de las causas contra el polémico juez Norberto Oyarbide. El juez federal Luis Rodríguez ordenó una gran cantidad de medidas en el marco de una investigación por un presunto pedido de coimas en un allanamiento.

A fines de enero advertimos en Urgente24 que febrero sería un mes complicado para Norberto Oyarbide, quien sufrió abucheos tras volver de sus lujosas vacaciones.

Como terminó la feria judicial, se reactivó su causa por presunto pedido de coimas, que habría realizado al titular de una financiera a cambio de no realizar un allanamiento en su contra. El hecho está siendo investigado por el juez Luis Rodríguez y este ya ordenó una gran cantidad de medidas.

El hecho investigado es un allanamiento que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2013 en la financiera Propyme, uno de los veinte que había ordenado Oyarbide en una causa a su cargo por lavado de dinero, y en donde policías de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) realizaron un pedido de coimas a cambio de no realizar el operativo, recordó la agencia Noticias Argentinas.

 b) Denuncia del empresario Guillermo Greppi 

Según denunciara el empresario dueño de la financiera ubicada en Maipú 311, Guillermo Greppi, y su abogado Fernando Torres, los policías le pidieron unos 2,5 millones de pesos a cambio de no realizar el allanamiento y les aseguraron que actuaban en nombre de Oyarbide y el secretario del juzgado Carlos Leiva.

Luego que a fines del año pasado el fiscal Ramiro González requiriera investigar el caso mediante un dictamen, ahora el juez Rodríguez ordenó una batería de medidas con lo cual dio impulso a la investigación sobre el propio Oyarbide y sus secretarios.

Rodríguez citó a declaración testimonial al empresario Greppi y su abogado Torres para el 20 de febrero próximo, y en los días previos a quienes fueron convocados como testigos del allanamiento así como a los empleados de Propyme que estaban presentes.

Por otra parte, el juez dispuso la realización de una recopilación de aquellas causas en que la Difoc fue convocada por Oyarbide en el marco de distintas causas desde 2012 a la fecha; ello a raíz de que llamó la atención a los investigadores −según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas− la insistente convocatoria de esa división por parte de ese juzgado en clara superioridad al resto de cómo lo hacen los jueces.

Otra de las medidas fue pedir a Prosegur el contenido de una cámara de seguridad ubicada a metros de la financiera y que está instalada en la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, para ver si pudo captar algo el día del allanamiento o los anteriores.

 5. Coimas, intervención de poderes y pedido de juicio político[5] 

El escándalo por supuestas coimas que salpica al juez federal Norberto Oyarbide, crece. A la investigación judicial por el supuesto pedido de soborno de policías en nombre del magistrado y del secretario del Juzgado, Carlos Leiva, se sumó un sumario interno en la Justicia, del que depende la continuidad del juez en su cargo.

Tal como informó Diario Perfil a principios de 2014, la Cámara Federal porteña inició un sumario para determinar si hay “responsabilidad de funcionarios judiciales” en la denuncia por presunto pedido de coimas. El expediente quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez, quien investiga el supuesto intento de soborno y el modo en que Oyarbide y su secretario llevaron adelante la investigación por supuesto lavado de dinero. El juez investigado, hoy afirmó que el allanamiento se suspendió por pedido del Poder Ejecutivo.

La causa. El juez Rodríguez había solicitado todas las causas en las que intervino el juzgado de Oyarbide en equipo con los mismos policías denunciados, miembros de una brigada especial de la Policía Federal que trabajaba asiduamente con el juez. También había solicitado a Asuntos Internos de la fuerza de seguridad nacional el listado de personal de esa brigada, comandada por el subcomisario Fabio Ascona e integrada por Angel Castro y otros efectivos que no han trascendido.

El allanamiento ordenado se efectuó el 19 de diciembre de 2013, cuando una comisión policial ingresó al edificio de la calle Maipú 311. En el lugar los policías encontraron papeles, armaron cajas y descubrieron que en la oficina había 5 millones de pesos. Según las fuentes, pidieron 2.500.000.

El procedimiento finalizó con un llamado del juez, invitando a los allanados, a un financista y a su abogado, para que concurrieran a su despacho al día siguiente. El escándalo durante el procedimiento fue tal que el juzgado tuvo que suspenderlo y retirar a los policías de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) mientras el dueño de la financiera allanada estaba a los gritos.

Ese viernes cuando llegaron a Comodoro Py, el juez pidió al empresario y a su letrado que declararan lo sucedido. El juez llamó a un secretario para que tipeara los testimonios de los dos denunciantes que sostuvieron que policías de la Difoc de la Policía Federal −de extrema confianza con el juez− pidieron 2,5 millones de pesos para frenar una investigación del juzgado. Dijeron que lo hicieron en nombre de “Su Señoría” y Leiva.

Reconocimiento parcial. Finalmente, el juez Oyarbide reconoció haber frenado el allanamiento, pero que lo hizo luego haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica, segundo de Carlos Zannini, quien le advirtió sobre un grupo de policías que estaban pidiendo sobornos.

Oyarbide presentó un escrito ante el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, para que determine la veracidad de los hechos habida cuenta de que los policías dijeron haber pedido coimas en nombre del juez y del secretario del juzgado Carlos Leiva. No queda claro cómo supo el segundo de Carlos Zannini del allanamiento en Mutual Propyme.

Pedido de juicio político. Federico Pinedo pidió el “juicio político” de Norberto Oyarbide, por considerar “grave” y “altamente preocupante” que un juez federal haya suspendido un allanamiento luego de recibir un llamado del Gobierno.

“El reconocimiento por parte de Oyarbide de frenar un operativo después de recibir un llamado de un señor cercano al secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, exige que se le inicie juicio político”, remarcó Pinedo.

El diputado añadió que “resulta altamente preocupante que un juez federal suspenda operativos por recibir llamadas de funcionarios del Gobierno y, por otro lado, que reconozca tener contacto con los mismos de manera informal”.

Por su parte, el diputado y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró un “hecho gravísimo” que el juez haya suspendido el allanamiento. “Parte de la credibilidad de la Argentina tiene que ver con la responsabilidad de todos de consolidar la independencia de poderes y más la independencia del Poder Judicial, que hace que tengamos una herramienta para revisar las conductas y el marco normativo del país”, advirtió Massa.

Por último, el Consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, declaró que el juez federal Norberto Oyarbide debe ser investigado por su decisión de suspender el allanamiento realizado el 19 de diciembre de 2013 a la financiera Propyme.

“Una vez más, la conducta del juez Oyarbide genera un escándalo que daña la imagen de la Justicia”, fustigó el consejero. Asimismo, explicó que “el tema está siendo investigado por la Cámara Federal y sus resultados deberán remitirse al Consejo de la Magistratura apenas lleguen a una conclusión, de esa manera se podrán aplicar todas las leyes que correspondan”.

“No soy optimista sobre el progreso de ninguna denuncia contra el juez Oyarbide ya que sistemáticamente es protegido por el gobierno a través de los votos ‘k’ en el Consejo y por eso jamás ha avanzado ninguna de las muchas denuncias que he presentado”, afirmó Fargosi, para luego expresar que “de ser cierto que un allanamiento se suspendió por pedido del Poder Ejecutivo, se trataría de un hecho gravísimo que deberá investigarse hasta en sus mínimos detalles”.

 6. Fuerte repudio al juez Oyarbide[6] 

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo confesó sentir “vergüenza de que exista un juez como Oyarbide”. Carrió, en tanto, pidió “que hable y diga cómo obedeció al poder”.

El Consejo de la Magistratura confirmó que el jueves comenzará a tratar las denuncias contra el juez federal Norberto Oyarbide, quien admitió haber frenado un allanamiento tras recibir un llamado del Gobierno, y ese mismo día enviará una citación formal al magistrado.

En este contexto, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el juez Ricardo Recondo, afirmó sentir “vergüenza de que exista un juez como Oyarbide” y remarcó que el magistrado tendría que haber sido destituido en 2001, cuando el Senado analizó una serie de acusaciones por su mal desempeño.

“Hay un procedimiento que garantiza el derecho de defensa de un juez acusado y voy a ser el primero en respetarlo porque así lo establece la ley, pero moralmente a mí me da vergüenza que exista un juez como el doctor Oyarbide”, amplió Recondo.

Por su parte, la diputada de UNEN Elisa Carrió pide que el juez “hable y diga cómo obedeció al poder” y señaló que “ahora se tiene que ocupar el PJ de sacarlo”, es decir, el mismo partido que “lo protegió” ante tantos pedidos de destitución del magistrado en el Congreso.

“Siempre fue un juez de y puesto por la (Policía) Federal”, denunció Carrió e insistió: “Ojalá que hable, ojalá que ese rosario que reza le sirva para algún día decir cuán delincuente es él y cuán delincuentes son quienes lo usan. Los que protegen delincuentes hay un momento en que tienen que sacar a los delincuentes”.

Las acusaciones contra Oyarbide se originaron luego de que el juez reconociera que, el 19 de diciembre, en el marco de una causa por lavado de dinero, suspendió el allanamiento de la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, tras recibir un llamado del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi.

Vale recordar que diputados nacionales de la UCR y de la coalición UNEN denunciaron penalmente a Oyarbide y al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por la suspensión del allanamiento que el magistrado dispuso a una mutual luego de recibir un llamado del funcionario.

[1]           Fuente de información: Día a Día, 7/2/12, “Zanola denunció a Oyarbide por enriquecimiento ilícito”, http://www.diaadia.com.ar.

[2]           Fuente de información: Diario Popular, 17/8/12,  “Schoklender denunció a Oyarbide por presunto enriquecimiento ilícito”, http://www.diariopopular.com.ar.

[3]           Fuente de información: La Nación, 8/11/13, “Oyarbide, una vergüenza y un peligro”, http://www.lanacion.com.ar.

[4]           Fuente de información: Urgente24, 7/2/14, “Boudou no está solo: reactivan una causa contra Oyarbide”, http://www.urgente24.com.

[5]           Fuente de información: Perfil.com, 12/3/14, “Coimas, intervención de poderes y pedido de juicio político”, http://www.perfil.com.

[6]           Fuente de información: Clarín, 15/3/14, “Fuerte repudio al juez Oyarbide”, http://www.clarin.com. Más información: Christian Sanz, Tribuna de Periodistas, 16/3/14,  “La sociedad de Oyarbide, Roncaglia y Berni para ‘parar’ allanamientos”, http://periodicotribuna.com.ar.

 

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