La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXXVII)

CAPÍTULO XXXVII

ENRIQUECÍMIENTO DESMEDIDO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La corrupción de la política no tiene nada que ver con la moral, o la laxitud de la moral, de diversas personalidades políticas. Su causa es meramente material. Emma Goldman

1. Entrevista al ex fiscal Garrido[1]

a) “La impunidad en la Argentina es casi absoluta” [2]

La entrevista tuvo lugar en la casa del diputado de la UCR, en Barracas.

−Suponga que ésta fuera una sesión real de su terapia. ¿Qué temas que lo preocupan trataría?

−Bueno, la lucha contra la corrupción es algo a veces frustrante. Cerramos un 2013 en el que todos los casos terminaron con absoluciones o sanciones irrisorias. Se dejó sin efecto lo de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Hasta 2012 vos tenías que incorporar los bienes de tu grupo familiar, hoy solo los bienes que te pertenecen a vos. Antes las fuentes de tus ingresos estaban detalladas. Ahora puede aparecer todo mezclado, sin discriminar. No se sabe ya quién te paga qué o por qué tipo de actividad.

−¿A cuánta gente denunció usted en su vida?

−[Se ríe] No sé.

−¿A cien?

−¡No, muchos más!

−¿Preso hay alguno?

−No.

−¿Y cómo se siente con eso?

[Resopla, con cansancio] Bueno, creo que el hecho de que pase esto, a uno le confirma la necesidad de seguir impulsando una reforma de…

−Pero no intelectualice. Dígame qué siente…

−Yo no me siento frustrado y tampoco quiero cargarme de resentimiento cuando veo las injusticias.

−¿Y logra no resentirse, pese a todo?

−Bueno, ésa es una de las razones de mi renuncia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en 2009. Yo entendía que quedarme ahí sin la posibilidad de hacer algo concreto, iba a cargarme de resentimiento.

−¿Alguna vez lo amenazaron fuerte por investigar?

−[Piensa] Amenazas serias, no. Yo digo siempre que si la Justicia fuese más eficaz, habría más amenazas. La verdad es que es más fácil eludir las sanciones con un buen abogado, o con un lobby intenso, o haciendo chicanas en Tribunales, que amenazando a los fiscales o a los testigos.

−Es dramático lo que me dice. Significa que usted ni siquiera llega a preocuparlos.

−No y sí. A ver. La preocupación pasa en términos de costo de imagen o costo político que puede generar una causa. A lo mejor, la preocupación no va por el lado de la sanción penal, pero por estas razones que te digo a varios se les terminó su carrera política.

 b) Investigación patrimonial a Néstor Kirchner 

−¿Qué piensa sobre todo lo que se dice de Kirchner?

−Yo lo investigué en lo que se relaciona con su evolución patrimonial y está claro que los números no cerraban y ésa fue una de las razones por las cuales finalmente la fiscalía donde yo estaba terminó siendo maniatada por el procurador general.

−¿Qué advirtió en esas declaraciones juradas?

−Que se cerraron sin hacer una mínima investigación, tanto por el juez Canicoba Corral como por Oyarbide. Yo creo que fue una presión de Kirchner, directamente, para que se cerraran de inmediato esas causas.

−¿Cómo le consta?

−Bueno, por comentarios y más allá de los comentarios: los fiscales no apelaron, no pidieron peritajes, los jueces no investigaron y se basaron en dictámenes del propio contador de los Kirchner y terminaron cerrándose en un tiempo velocísimo. En un escrito que presentó la Presidenta, ella pide expresamente que le saquen el caso a la fiscalía que estaba a mi cargo. Hay una clara manipulación de los números del patrimonio presidencial. La impunidad en la Argentina es casi absoluta.

−¿Qué les contestaría a aquellos que dicen: “Ok, Garrido, a lo mejor las declaraciones no cierran, pero con este gobierno los genocidas están presos. Con otros no hubiera ocurrido”?

−Un hecho de corrupción no se justifica jamás, más allá de las acciones de un gobierno con las que uno pueda estar de acuerdo.

−Muchos dicen que la oposición va corriendo a Tribunales el lunes, a formalizar la denuncia que Lanata hizo el domingo.

−Es cierto que muchas veces puede ser disfuncional porque si ya había una investigación, la denuncia televisiva termina por complicarla porque genera problemas de competencia. Pero los fiscales no investigan de oficio jamás. Entonces, que haya diputados que lleven estos casos a Tribunales, neutraliza los niveles de impunidad.

−Caso Lázaro Báez, ¿en qué está hoy la causa?

−Sabemos que el Ministerio Público suizo abrió una investigación que está en pleno curso. Es muy difícil saber el estado actual porque no podemos acceder a esa información, ya que la posibilidad de designar un abogado en Suiza está fuera del alcance de la diputada Ocaña y mía. Sabemos que Lázaro Báez puso un abogado allá para trabar el caso.

−O sea que la causa en Suiza tiene de un lado al abogado de Lázaro Báez, y del otro?

−No hay nada.

−¿Y esto qué perspectivas da?

−Mirá, si el Estado argentino estuviera interesado en aclararlo, debería poner un abogado; sin embargo, esto no lo ha hecho nunca.

−Si los Kirchner y Lázaro Báez tuvieran negocios compartidos, sería moralmente reprochable. ¿Pero es un delito?

−No, pero lo que vos tenés acá es una ingeniería societaria que caracteriza a las maniobras de lavado.

−Un argumento que circula es que genera un riesgo institucional investigar a un presidente.

−Es cada vez más débil el riesgo institucional con un gobierno al que le quedan apenas dos años y donde la Presidenta no es reelegible. Ese argumento de que podría estar en crisis la democracia argentina por una investigación de este tipo es de un tenor cada vez menos sólido.

−La absolución de De la Rúa podría ser leído como un mensaje para todo aquel que quiera investigar a un jefe de Estado.

−El tribunal dijo que es una afrenta el hecho de que se hayan llevado a funcionarios de tan alta jerarquía a un juicio. Pero es sano el mensaje de que quien está ocupando la presidencia, cuando se le acabe, va a tener que dar explicaciones.

−Dejamos acá.

 2. La Argentina, país impune[3] 

Las escasísimas condenas en los casos de corrupción nos ubican entre las naciones de mayor impunidad del mundo. Nuestro país continúa conquistando las peores ubicaciones en los rankings internacionales que miden los desempeños de las distintas naciones en confiabilidad, transparencia y funcionamiento de las instituciones.

Cada nuevo índice o medición que se conoce reconfirma el enorme retroceso y la permanente degradación en la calidad de nuestras instituciones, que se traduce en impunidad e inseguridad jurídica.

Ya es un clásico el informe de Transparencia Internacional que anualmente mide la percepción de la corrupción en todo el planeta, conteo en el que la Argentina empeora de año en año erigiéndose, en 2013, en el país de América en el que más aumentó la percepción de la corrupción.

En Davos, el Foro Económico Mundial presentó hace poco la tradicional encuesta que recoge la opinión de 1344 ejecutivos de todo el mundo y, en ella, nuestro país resultó uno de los peor calificados en categorías como clima de negocios, expectativa, confianza y calidad de las instituciones: solo uno de cada diez ejecutivos de empresas radicadas en la Argentina se manifestó muy confiado en los ingresos de su firma en el corto plazo.

A su vez, Human Rights Watch criticó que el Gobierno sancionara a personas que divulgaron estadísticas extraoficiales de inflación, y cuestionó los abusos policiales y la falta de protección de derechos indígenas.

Pero quizás uno de los rankings más lapidarios para nosotros y que pocos podrían intentar refutar es uno que mide la sanción a funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción.

En una palabra, la impunidad. Allí, en la lista de 97 países analizados en donde el puesto 97, ocupado por Venezuela, indica el mayor grado de impunidad, la Argentina aparece a muy corta distancia, en el puesto 92.

En cambio, en este índice elaborado por la ONG The World Justice Project, Dinamarca ocupa el primer lugar, como el de menor impunidad y, muy cerca en la geografía pero no en el ejercicio de la Justicia, se encuentran nuestros vecinos Uruguay, en el puesto 21, y Chile, en el 26. El ranking se elaboró con las respuestas a cuestionarios enviados a alrededor de 300 especialistas de diferentes áreas en cada país y con las estadísticas oficiales.

Con toda razón, el informe señala que la impunidad alienta la corrupción y produce un círculo vicioso de violación de las leyes, además de anular el efecto disuasivo del castigo.

Tan triste resultado como el alcanzado por nuestro país en esa medición no debe asombrar pues refleja lo que ha sido −y por desgracia aún es− uno de los mayores déficits de nuestra administración de Justicia: su proverbial pasividad para investigar a los funcionarios de un gobierno que aún se encuentra en el poder.

Ya sea por presión de las autoridades políticas o por temor, lo cierto es que hay jueces y fiscales que poco impulsan esas investigaciones que, con el paso de los años y la aplicación de la modificación que llevó a cabo el kirchnerismo en los plazos de prescripción de delitos, suelen archivarse por el transcurso del tiempo.

Cuando ello no ocurre, es preciso aguardar casi veinte años para arribar a un fallo de segunda instancia. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el caso del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, realizado durante el gobierno de Carlos Menem.

Se necesitaron 18 años para arribar a la sentencia de la Cámara de Casación que el año pasado resolvió condenar al ex presidente y a ex funcionarios, anulando el vergonzoso fallo de un tribunal oral que había sobreseído a todos los acusados.

Más cerca en el tiempo, la década kirchnerista tiene un solo ex funcionario condenado, la ex ministra de Economía Felisa Miceli.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se encuentra procesado, pero no así el vicepresidente, Amado Boudou, quien es investigado muy lentamente por maniobras incompatibles con el ejercicio de su función.

Las causas por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner se cerraron con sobreseimientos, algunos tan infundados y escandalosos como el que produjo el juez federal Norberto Oyarbide.

El régimen kirchnerista ha realizado un constante trabajo en procura de asegurarse impunidad, primero en forma solapada mediante presiones a la Justicia, y luego a cara descubierta con su fallida reforma judicial.

Sin embargo, el debilitamiento o la parálisis en los organismos de control y la designación de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación se han constituido en fuertes factores que favorecen la impunidad.

Ver reflejado en índices internacionales una realidad que constatamos día a día en la crónica periodística independiente no debe alimentar la resignación, que es lo que pretende el Gobierno.

Los sectores sanos de la Justicia, el periodismo y la oposición política deben reaccionar cada vez con mayor vigor para evitar que la impunidad, y su otra cara, la corrupción, se conviertan en fenómenos estructurales y culturales de difícil erradicación.

El aprovechamiento de la función pública para enriquecerse ilegalmente es un delito que nunca debería quedar sin castigo, más aún en un país en el que las desigualdades sociales y los índices reales de pobreza e indigencia han aumentado a la par de la impunidad.

[1]          Historia clínica: Manuel Garrido. Edad: 49 años. Ocupación: Abogado. Diputado nacional (UCR). Dirigió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (2003−2008).

Observaciones. Reflexivo, cordial, perseverante. No se paraliza ni desmotiva por la falta de resultados de las investigaciones que emprende. Alta tolerancia a la frustración.

[2]           Fuente de información: La Nación, 4/1/14, “Manuel Garrido: ‘La impunidad en la Argentina es casi absoluta’ “, http://www.lanacion.com.ar.

[3]             Fuente de información: La Nación, 27/1/14, “La Argentina, país impune”, http://www.lanacion.com.ar.

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