La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXXVIII)

CAPÍTULO XXXVIII 

EL QUID DE LAS DECLARACIONES JURADAS

 

Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Alfred Adler

 1. Se exigirá menos información[1]

 a) La reducción de los datos dificulta el control 

Como lo anticipó Infobae, entre las normas que aprobó el Congreso para reformar la Justicia, pasó inadvertida una que decía favorecer la transparencia, pero que limita los datos exigidos, dificultando el control.

“La Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos dice que los funcionarios deberán entregar un formulario único, igual al que presentan ante la AFIP. No especifica si va ser ganancias, bienes personales, o los dos. Pero en cualquier caso, si sólo hubiera que presentar alguno de esos dos documentos, para muchos sería un retroceso. Por ejemplo, bienes personales pide una valuación total de los bienes que tiene la persona, pero no exige ningún detalle, mientras que en los formularios que se entregan actualmente se debe precisar la fecha de adquisición, quiénes son los titulares, la valuación al momento de la compra y la localidad”, explica Victoria Gama, miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diálogo con Infobae.

Esto significa que, por ejemplo, a partir de ahora los ciudadanos no podrán comprobar las lujosas mansiones en las que viven muchos empleados públicos, imposibles de solventar con sus sueldos.

“Además, los formularios que se dieron de baja obligaban a decir qué cargos públicos o privados había ocupado el empleado en los últimos tres años. Esto no está presente en los documentos de la AFIP”, agrega.

Esa información es la que permite detectar incompatibilidades entre las funciones que desempeña un funcionario y sus intereses. Por ejemplo, si un ministro adjudica una obra a una empresa de la que fue parte podríamos estar frente a una irregularidad que no sería detectada por las declaraciones juradas.

Por otro lado, ninguno de los formularios que establece la ley incluye información sobre las sociedades de las que forman parte los funcionarios. Esto no sólo impedirá verificar si algún beneficiario de concesiones estatales es o fue socio de los ministros y secretarios del área, sino que también dejará fuera de las declaraciones a los bienes de la sociedad conyugal. Con lo cual, si alguien pone todas sus propiedades a nombre de su esposa o esposo, la ciudadanía no se podrá enterar.

 b) Un paso atrás 

La nueva norma reemplaza a la Ley de Ética Pública (25.188) sancionada en 1999, que establecía los “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”.

Para controlar su aplicación, creaba una Comisión Nacional de Ética Pública, un organismo con muchas facultades para velar por la transparencia de toda la administración nacional. Con el fin de garantizar su independencia, estaba integrada por 11 miembros provenientes de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, la Procuración General y el Congreso.

Tan ambiciosa era la ley en términos de transparencia, que determinaba que la comisión tuviera un equipo especial de peritos técnicos para investigar a fondo las incompatibilidades, inconsistencias y delitos de los funcionarios.

Pero la falta de voluntad política de los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner pudo más que la ley, y la comisión nunca fue creada.

Aun así, hasta la sanción de la Ley de Declaraciones Juradas, la norma había quedado siempre disponible para que un gobierno con vocación de transparencia la implemente. Ya no.

“La ley suprime la Comisión de Ética Pública, que nunca llegó a ser conformada, pero es la que debía controlar que las declaraciones juradas se entreguen, además de hacer un análisis de ellas. No sólo la suprime definitivamente, sino que establece que el control de los funcionarios lo va a hacer la ciudadanía. Esta es una gran falencia porque los ciudadanos sólo pueden denunciar, pero no están habilitados para sancionar”, explica Gama.

La nueva normativa no reemplaza una ley completamente abstracta, ya que si bien la comisión nunca se creó, otras instituciones asumieron algunas de sus funciones.

“Actualmente −dice Gama− los tres poderes presentan formularios distintos en sus declaraciones juradas. El Poder Judicial lo hace ante el Consejo de la Magistratura; el Legislativo, ante los presidentes de las cámaras; y el Ejecutivo, ante la Oficina Anticorrupción, que demanda las declaraciones más completas y detalladas”.

Por eso, uno de los mayores problemas del cambio es que, al asignar a los ciudadanos el control, elimina tareas de seguimiento que esos órganos estaban realizando, como verificar que todos los funcionarios presenten los papeles correspondientes y que no haya falsedades ni incompatibilidades.

De todos modos, la nueva ley tiene algunos aspectos positivos, que estaban implícitos en el funcionamiento de la comisión, pero que no se aplicaban por su inexistencia. Por un lado, como las declaraciones juradas eran recopiladas por distintos órganos, tenían exigencias diferentes para los funcionarios de las distintas áreas. Eso dificultaba tener una medida unificada para comparar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado.

Además, en la actualidad sólo los miembros del Ejecutivo publicitan su información patrimonial, pero no así los jueces y legisladores. A partir de ahora, todos deberán hacerlo.

El problema es que esas dos correcciones se hicieron al precio de unificar la recopilación y la publicación de las declaraciones de los tres poderes en la Oficina Anticorrupción, que depende directamente de la Presidencia y a la que la misma ley le recorta funciones de control.

 2. Sospechoso ocultamiento[2]

 a) Solo siete publicaron sus declaraciones juradas 

Capitanich presentó su declaración jurada y está entre los más ricos del Gabinete. Tiene un patrimonio de más de tres millones de pesos, solo menor a los de Manzur y Puricelli. Es uno de los pocos gobernadores en blanco con su declaración jurada.

En efecto, Jorge Capitanich figura en el minúsculo lote de gobernadores que exhibieron su declaración jurada de bienes, algo que las dos terceras partes de los titulares del Ejecutivo de otras provincias argentinas se niegan a hacerlo.

Así, suman solo siete los primeros mandatarios que manifestaron sus bienes, mientras que algunos enfrentan denuncias por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en algunas provincias la ley aún no los obliga a publicitar sus declaraciones juradas.

El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado, denuncia el diario Perfil en su edición impresa.

Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos.

Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.

El debate lo trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país.

El diario porteño intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: solo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.

 b) Algunos números 

De las presentaciones a las que tuvo acceso Perfil se desprende que Mauricio Macri es el que declara mayor riqueza. Según la presentación que realizó en 2012, que fue entregada con sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno porteño tiene $ 61 millones de patrimonio.

Lo llamativo fue que en un año aumentó 85% y desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los aumentos se deben principalmente a la compra-venta de campos, a la inflación y, que el último caso, fue producto de la herencia de un tío materno.

Las declaraciones de José de la Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) están subidas a internet. El primero reconoce tener bienes por $ 3,2 millones. Y tiene más de 700 mil pesos en acciones, pero no dice en qué empresa. Capitanich dice tener $ 3,4 millones, de los que se destacan más de 2 millones en depósitos. En su presentación por internet, sin embargo, no se puede conocer el detalle de los bienes.

El gobernador pampeano, Oscar Jorge, también justificó en una herencia (la casa de su suegra) el aumento de 98% de su patrimonio entre 2011 y 2012. En La Pampa, el Tribunal de Cuentas publica todos los años en el Boletín Oficial el listado de todos los funcionarios con el total de activos y pasivos que tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge es de 1,3 millón. En tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo tras su divorcio (−38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.

 c) En negro 

Sobre 17 provincias fue imposible tener acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Cruz), Perfil insistió por diversas vías pero no logró acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar alguna respuesta.

Los casos de José Alperovich (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago), precisamente, suelen estar en la mira de sus opositores, que los denuncian por su supuesto incremento patrimonial.

En Tucumán todavía no existe una Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta la declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de Alperovich, presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $ 20,6 millones.

En Santiago del Estero la ley indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre el patrimonio de Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.

Un caso paradigmático es el de Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos deben demostrar “un interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido”, para conocer el patrimonio de los funcionarios.

Para el gobierno de Scioli, al parecer, la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya que rechazó diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la declaración jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de este año la está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la termine de armar la hará pública”.

Situaciones similares se vieron en San Juan y Mendoza, donde rechazaron la posibilidad de facilitar la declaración. En Jujuy, Chubut, Formosa, Misiones, Entre Ríos Perfil se comunicó con asesores del gobernador que quedaron en responder pero nunca lo hicieron.

La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.

 d) Cada provincia, un mundo distinto 

La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica.

Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y solo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas.

Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.

[1]             Fuente de información: Infobae, 14/5/13, “Se exigirá menos información en declaraciones juradas de funcionarios”, http://www.infobae.com.

[2]           Fuente de información: Diario Norte, 4/1/14, “Capitanich, uno de los pocos gobernadores en blanco con su declaración jurada”, http://www.diarionorte.com.

 

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