La Corrupción Política en la “Década Ganada” (Capítulo XXIV)

CAPÍTULO XXIV

JULIO DE VIDO, ¿FUNCIONARIO PROBO O CORRUPTO?

En lo que parecemos, todos tenemos un juez; en lo que somos, nadie nos juzga. Johann Christoph Friedrich von Schiller

1. Absolvieron a Julio De Vido por enriquecimiento ilícito[1]

a) Alto nivel de vida que no se condice con el sueldo 

La Justicia federal cerró una causa contra el Ministro de Planificación Julio De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito, según informó hoy La Nación. El juez subrogante encargado de la decisión fue Octavio Aráoz de Lamadrid y la dictó en la misma resolución en la que se dispuso la absolución de su esposa, la ex síndica general Alessandra Minnicelli.

El juez consideró que no había pruebas de que De Vido hubiera tenido un incremento patrimonial.

Sin embargo, la investigación no aclaró cómo hacía el ministro para sostener un nivel de vida que no se condecía con su sueldo.

Ése, y otros aspectos, eran parte de la denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, el 28 de julio pasado, en base a una nota del diario Crítica de la Argentina.

 b) Las compras de Don Julio  

El magistrado concluyó que entre 2003 y 2007 De Vido y Minnicelli solo habían incorporado dos propiedades: una casa de campo de más de 300 metros cuadrados con un predio de 3,8 hectáreas en el Club de Chacras Puerto Panal, en Zárate, y una camioneta 4×4 Toyota Hilux, de 2007. Según el juez, los dos bienes fueron adquiridos con dinero que el matrimonio tenía ahorrado.

 c) Todo para el alquiler  

En la investigación se comprobó además que De Vido vive en un departamento en Avenida del Libertador y Ortiz de Ocampo cuyo alquiler, según la denuncia, ronda los US$ 3000 dólares, casi lo mismo que cobraba de sueldo en 2007.

El juez explicó que “eventualmente, no es delito que un funcionario gaste todo su sueldo en el alquiler del departamento en el que vive “según información publicada por el matutino.

 d) Las 4 causas  

En los últimos días trascendieron varias decisiones judiciales que beneficiaron a funcionarios cercanos al kirchnerismo. La fiscal en lo penal económico Carolinia Robiglio pidió el sobreseimiento de Garré en una causa donde era investigada por la venta de partes de fusiles FAL a Estados Unidos.

Por su parte, Aráoz de Lamadrid se encargó de cerrar una causa por enriquecimiento ilícito contra el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. El mismo juez además cerró en una sola resolución la causa contra Alessandra Minnicelli y contra su esposo, De Vido.

 2. Investigan por enriquecimiento ilícito al segundo de Julio De Vido[2]

a) El caso de José Francisco López 

Se trata del secretario de Obras Públicas y responsable de las obras están en la mira de la Justicia. Ya venían siendo investigados sus inmuebles, razón que expuso la defensa para evitar el avance de la causa. Sin embargo, ahora la fiscalía dispuso centrarse en su enriquecimiento patrimonial.

 b) José López y Julio De Vido 

La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación presentado por el secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, contra la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar un planteo de cosa juzgada en un caso en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La causa se inició por una denuncia presentada, el 28 de julio del 2008, por el abogado Ricardo Monner Sanz, pidiendo se investigue el presunto enriquecimiento ilícito del que serían responsables diversos funcionarios públicos, entre los que se encuentra López.

Ante ello, López cuestionó que existe un “doble juzgamiento”, en virtud de que existía un pronunciamiento que hizo cosa juzgada con relación a la conducta por la que ahora es investigado.

Así, dijo que existió un proceso anterior, que se inició en 2006 a partir de una denuncia para que se investigue a López y a otros funcionarios, luego de que un artículo periodístico publicara (en Perfil, bajo el título “Se multiplican los funcionarios que compran tierras en el paraíso kirchnerista de El Calafate”) que en las respectivas declaraciones juradas de los funcionarios se consignó el valor fiscal de los inmuebles de su propiedad “cuando éstos serían mucho menores a los de mercado”. En 2008, esa causa se archivó y López fue sobreseído.

El secretario de Obras Públicas aseguró que la cuestión ahora denunciada “había sido ya objeto de pesquisa” y pidió, en consecuencia, que se lo investigue solo por el período posterior al 28 de febrero de 2008, cuando se dispuso su sobreseimiento.

Según Rafecas, “entre ambas pesquisas no existía la identidad pretendida, pues mientras la primera estuvo orientada a determinar si López en las declaraciones juradas presentadas en los años 2003, 2004 y 2005 había insertado datos falsos en relación al valor de los inmuebles adquiridos en la provincia de Santa Cruz, en la presente es investigado por el incremento desmedido de todo el patrimonio de López desde su ingreso a la función pública”.

En consecuencia, el magistrado desestimó el planteo de cosa juzgada. Esa decisión fue apelada y ahora confirmada por la cámara.

Para los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzún, la nueva investigación no constituye una afectación a la garantía constitucional que prohíbe el doble juzgamiento.

“No se advierte de qué modo el sobreseimiento… pudiere tener los efectos que se reclaman, pues el objeto procesal de la presente pesquisa no se desarrolla sobre la misma plataforma fáctica que aquél, encontrándose en consecuencia ausente la identidad exigida para la procedencia de la excepción introducida”, indicaron.

“Ello, pues mientras en la causa n° 12.812/06 intentó determinarse si López había consignado datos falsos en las declaraciones juradas −supuesto que se consuma con su presentación ante la autoridad competente−, en esta causa se investiga si su patrimonio se ha incrementado ilícitamente”, señalaron.

Y agregaron: “Más allá de la relación que entre ambas figuras pudiera existir en determinados supuestos y de la particular interpretación efectuada por el a quo en torno a la adecuación legal, resulta claro que, en el caso bajo análisis, nos encontramos ante la dilucidación de eventos históricamente diferentes”.

 3. Aumento patrimonial desmesurado[3] 

La fortuna del secretario de Obras Públicas creció siete veces desde 2003. Maneja $ 31.000 millones anuales. La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

José Francisco López no es uno de los nombres resonantes del gobierno kirchnerista. No tiene fama, ni presencia en los medios, ni candidaturas. Pero ocupa la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, un rol clave en el Ministerio de Planificación Federal con una caja de 31.000 millones de pesos anuales, y es el segundo detrás de De Vido.

Además, está acusado de enriquecimiento ilícito, ya que habría multiplicado su fortuna siete veces desde que asumió el cargo.

López informó bienes por 158.900 pesos cuando llegó al gobierno en 2003, y en su última declaración jurada reconoce una fortuna de 1.109.815 pesos, un incremento del 698 por ciento, según los datos que posee la Oficina Anticorrupción.

Entre sus propiedades destaca La Araceliti, una vivienda en la localidad de Concepción, Tucumán, que fue ocupada por sus padres y ahora está reconvertida en una empresa que produce entre tabaco y caña de azúcar.

López dijo ser el dueño de la mitad de la empresa, mientras que la otra mitad está a nombre de su esposa, María Amalia Díaz, jubilada del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.

La Araceliti está habilitada para realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas, informó el diario La Nación, que también reportó sobre las sospechas de que la empresa auditaría las obras públicas nacionales en la provincia. López posee, además, terrenos en la villa turística santacruceña de El Calafate.

Por todo esto, López fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas, de licencia hasta el 21 de febrero, espera los resultados de una pericia encomendada al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en la investigación.

El magistrado pidió ayuda a Prefectura para relevar las propiedades investigadas y también investigó las cuentas bancarias del funcionario, según el diario Clarín.

 4. Reparto discrecional de fondos[4]

 a) Nueva denuncia penal contra Julio De Vido 

La presentación la harán mañana dirigentes de UNEN. En un informe muestran cómo se benefició a gobernadores aliados y cómo se castigó a opositores en la década K.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sumará mañana una denuncia penal en su contra.

Esta vez será por “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”, a raíz del reparto discrecional de más de 20.000 millones de pesos para construir viviendas durante la última década.

Clarín adelantó en su edición impresa de hoy el informe que elaboraron dirigentes de la Coalición Cívica (la economista Fernanda Reyes y la diputada Elisa Carrió) y que es el eje de la denuncia: allí, a lo largo de 29 páginas puede verse cómo el Gobierno nacional utilizó estos fondos millonarios como método de adoctrinamiento político.

Según precisaron a este diario desde la Coalición Cívica, la denuncia contra De Vido será presentada mañana. Esta tarde quedarán definidos los dirigentes que sumarán su firma a la presentación que ya avalaron Reyes y Carrió.

Será luego de una reunión entre algunos de los principales dirigentes porteños del espacio UNEN. Además del ministro, la denuncia incluye a “quienes hayan sido titulares en el momento de cometidos los hechos, de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del ministerio recién mencionado, y de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la secretaría referida”.

 b) Envíos de fondos millonarios discriminativos 

El informe que acompaña el escrito muestra cómo el Gobierno priorizó el envío de fondos millonarios a provincias gobernadas por dirigentes aliados. E incluso, cómo frenó las transferencias a estos distritos cuando esos mismos mandatarios tomaron posturas contrarias a la Nación, como ocurrió durante el conflicto con el campo.

En Santa Fe, por caso, en 2006, al peronista aliado Jorge Obeid le enviaron 220 millones de pesos para viviendas, mientras que en cinco años, a los socialistas que lo sucedieron, Hermes Binner y Antonio Bonfatti, solo les llegaron 181 millones.

 [1]           Fuente de información: Perfil.com, 5/3/09, “Absolvieron a Julio De Vido por enriquecimiento ilícito”, http://www.perfil.com.

[2]           Fuente de información: La Política online, 7//9/09, “Investigarán por enriquecimiento ilícito al segundo de Julio De Vido”, http://www.lapoliticaonline.com.

[3]           Fuente de información: Perfil.com, 8/2/11, “La Justicia investiga a José Francisco López, segundo de De Vido”, http://www.perfil.com.

[4]           Fuente de información: Clarín, 8/1/14,  “Denuncian penalmente a De Vido por el reparto discrecional de fondos”, http://www.clarin.com. Más información: Clarín, 11/3/14, “Un fiscal imputó a De Vido por el reparto de plata a provincias”, http://www.clarin.com.

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