La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LVII)

CAPÌTULO LVII 

DENUNCIA PENAL CONTRA CRISTINA CAAMAÑO

 

Carrió va a la Justicia porque es allí donde corresponde juzgar los delitos. Cree en el Estado de Derecho, en la Democracia y en la República. Todas sus acciones y propuestas son de Derecho, no de hecho. Ése es su gran valor. Da testimonio permanente y una lección de vida, de compromiso, con lo que pregona. Confiemos en que el pueblo sabrá reconocerlo. Comentario de un lector.

 1. Ejercicio irregular de sus funciones[1] 

La diputada Elisa Carrió, junto a su par Fernando Sánchez, presentó una denuncia penal contra la fiscal coadyudante en la Fiscalía de Instrucción, Cristina Caamaño, y contra funcionarios de la Procuración General de la Nación por presunto “ejercicio irregular de sus funciones”.

Es por el interrogatorio y presuntas amenazas contra el equipo del destituido fiscal José María Campagnoli, equipo que este lunes (10/02) fue desalojado de su oficina.

Cristina Caamaño interrogó a los empleados de Campagnoli, que hoy fueron desalojados de su oficina.

Los diputados nacionales del ARI Elisa Carrió y Fernando Sánchez denunciaron penalmente a la fiscal coadyudante en la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, Cristina Caamaño, y a funcionarios de la Procuración General de la Nación por presunto “ejercicio irregular de sus funciones”, los que podrían configurar “amenazas, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“El pasado lunes 2 de febrero la fiscal Caamaño desembarcó en la fiscalía de Saavedra e interrogó a cada uno de los empleados que trabajaron con el doctor José María Campagnoli, mientras un prosecretario de su fiscalía, Pablo Becerra, tomaba nota de las respuestas en una computadora portátil”, dice el escrito presentado por Carrió y Sánchez.

Los denunciantes pidieron que se investigue si “durante estos interrogatorios los empleados, jóvenes de alrededor de 25 años, fueron amenazados por sus publicaciones en las redes sociales” con motivo de la suspensión del fiscal Campagnoli.

En el texto presentado esta mañana en Tribunales se consigna que, “según los hechos que hemos conocido, las amenazas fueron de alto tenor invocándose el nombre de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.

Recordemos que el “correctivo” contra el fiscal José María Campagnoli por investigar al empresario K, Lázaro Báez se extendió ahora a su equipo de trabajo, que fue desalojado de las oficinas que ocupaba y donde se desempeñaba.

Los funcionarios de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que colaboraban con Campagnoli, fueron notificados este lunes (10/02) sobre el cambio del lugar de trabajo. Ahora deberán ir a la zona del edificio donde estaba alojado el archivo, en la Fiscalía de Saavedra.

Gracias a la SIPE, Campagnoli pudo determinar la salida y el reingreso de más de 55 millones de dólares de Lázaro.

La fiscalía de Núnez-Saavedra, desde la suspensión de Campagnoli, está en manos de una fiscal subrogante y de la ex secretaria de Seguridad K, Cristina Caamaño.

Según recuerda Clarín este lunes, la SIPE estaba integrada por jóvenes abogados expertos en tecnologías informáticas y el secretario letrado Ignacio Rodríguez Varela, quien ganó seis concursos para juez, pero el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura se resistió a nombrarlo por ser hijo del ex ministro de Justicia de la última dictadura.

Además de a Báez, Campagnoli también estaba investigando a Diego Rodríguez, el hermano de la ministro de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, por su nexo con la barra brava de River Plate. De hecho, la suspensión de Campagnoli ocurrió apenas se designó a María Cecilia Rodríguez en el cargo de Seguridad..

En declaraciones este mediodía a Radio Mitre, el fiscal Campagnoli explicó así lo ocurrido con su equipo: “Es un escalón más en esta locura, están pretendiendo desmantelar una fiscalía que funcionaba bien. Están mandado a una especie de sótano a un grupo de investigadores brillantes, gente valiente que tiene títulos ganados por sus méritos en cuestiones de derecho”, y agregó que “suena como una represalia”.

 2. Festeja Lázaro Báez: Cristina Caamaño, fiscal K, en lugar de Campagnoli[2 

Cuando Cristina Fernández de Kirchner sea pasado −no falta mucho ya− ¿qué quedará de Alejandra Gils Carbó? ¿Renunciará antes del juicio político o será removida por juicio político?

En definitiva, Gils Carbó terminó siendo una desilusión para muchos porque resultó que tenía razón Héctor Magnetto acerca de todo lo que advertía acerca del comportamiento de la díscola funcionaria que acaba de consumar otra decisión tan controvertida como genuflexa y, probablemente, encubridora de delitos: designó a una fiscal de militancia K para que entienda en la causa del testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez.

Cristina Camaño, cuando fue secretaria de Seguridad de la Nación, su fracaso fue estrepitoso y la reemplazó Sergio Berni.

La Procuración General de la Nación designó a las fiscales Claudia Katok y Cristina Caamaño, esta última ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, para reemplazar a José María Campagnoli en la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez.

Katok es fiscal de Saavedra del fuero correccional y será la subrogante, mientras que Caamaño será coadyudante.

Caamaño se desempeñaba como fiscal y con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación fue convocada por Nilda Garré para ser secretaria de Seguridad.

Caamaño quedará, entonces, como fiscal coadyuvante en la fiscalía descentralizada de Núñez y Saavedra, de la cual ayer fue suspendido el fiscal José Campagnoli por un proceso impulsado por la procuradora Alejandra Gils Carbó luego de que éste investigara al empresario Lázaro Báez.

Caamaño fue fiscal hasta 2011 y uno de los casos resonantes en los que intervino fue el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Luego asumió como secretaria de Seguridad del Ministerio, y con la llegada de Sergio Berni pasó a desempeñarse como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales.

El Tribunal de Enjuiciamiento decidió ayer suspender en sus funciones a Campagnoli, a instancias de un proceso impulsado por Gils Carbó, a su vez dirigente de la agrupación Justicia Legítima la cual está alineada con el Poder Ejecutivo.

Desde que asumió como procuradora, Gils Carbó jamás tuvo contacto con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

“Se debe tener presente que la Fiscalía descentralizada afronta una carga de trabajo mayor que las ordinarias; en ese contexto, considero conveniente disponer medidas que posibiliten un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles”, sostiene la  resolución  firmada por el procurador fiscal Eduardo Casal.

Pese a los duros cuestionamientos de la oposición, la titular de Justicia Legítima, Garrigos de Rébori, defendió el proceso. “Institucionalmente se han cubierto todos los pasos que son para todos los fiscales desde antes que Gils Carbó sea procuradora”, señaló.

La magistrada de la Cámara del Crimen no quiso opinar sobre la suspensión de Campagnoli porque, dijo, en su rol podría intervenir en alguna causa vinculada con el fiscal.

En tanto, Justicia Legítima emitió hoy un comunicado en el que deploró “las actitudes corporativas de distintos colegas que por vía de hecho y desinformación a la opinión pública pretenden influir en la marcha de los procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes”.

 3. Respira Lázaro (y los K): Rechazan la restitución del fiscal Campagnoli[3] 

La Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo del suspendido fiscal José María Campagnoli para ser restituido en su cargo. Campagnoli fue suspendido en diciembre tras un proceso promovido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal comenzara a investigar al empresario K Lázaro Báez. También investigaba al hermano de la ministro de Seguridad María Cecilia Rodríguez.

José María Campagnoli fue remitido a juicio político por presunto mal desempeño al investigar al empresario K Lázaro Báez.

Campagnoli había pedido, mediante una medida cautelar, que fuese reincorporado a su cargo de fiscal en lo penal. Pero su solicitud fue rechazada por el juez Pablo Cayssials y ahora lo ratificaron los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández, de la Sala de Feria de la Cámara.

La semana pasada, el fiscal Miguel Ángel Gilligan había solicitado desestimar el planteo de “inconstitucionalidad” presentado por el funcionario que fue suspendido luego de haber investigado a Lázaro Báez.

El pedido del fiscal Gilligan se produjo apenas días después de que la Cámara habilitara la feria judicial para tratar la medida cautelar elevada por Campagnoli para que se suspendiera la decisión de separarlo de su cargo por presuntas irregularidades en la investigación que llevó contra el empresario cercano al gobierno nacional.

Recordemos que Campagnoli fue suspendido en diciembre pasado en un proceso que él denunció como irregular. El mismo había sido promovido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal comenzara a investigar a Lázaro Báez.

Campagnoli también estaba investigando a Diego Rodríguez, el hermano de la ministro de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, por su nexo con la barra brava de River Plate.

Diego Rodríguez, conocido como “el Boletero”, distribuía las entradas del club entre los más violentos de la barra de Nuñez, hasta que perdió influencia tras el asesinato de Gonzalo Acro y la salida de José María Aguilar.

Además, trascendió el audio de un diálogo telefónico, en el que le ofrecen a Rodríguez entrar en un negocio para “lavar” hasta 300 millones de dólares de Austral Construcciones, del empresario K Lázaro Báez. Y también citan contactos en “Balcarce 50”, sede de la Presidencia, según publicó La Nación.

Hasta ahora se sospechaba que las razones ocultas de la embestida K contra Campagnoli era su detallada investigación financiera del caso Lázaro Báez que salpica a la familia Kirchner y, en menor medida, su actuación en el secuestro de Alfonso Severo −un testigo del crimen de Mariano Ferreyra− pero esta nueva causa muestra que había descubierto otro “pozo negro” del kirchnerismo.

Según publicó Clarín, de casualidad Campagnoli, a principios de noviembre, había encontrado una denuncia en una pila de expedientes de la fiscalía de Saavedra, contra Diego “el boletero” Rodríguez.

Sin saber de quién se trataba en ese entonces, pidió una serie de medidas de prueba a su secretaría de Asuntos Penales (SIPE) que cruzando datos llegó hasta un alto empleado de River, según chequeó Clarín en fuentes vinculadas al club millonario. El dato se filtró en River y el alto empleado se puso ya a disposición de la Justicia.

En la causa se investigaba desde el negocio de reventas de entradas, la entrega de entradas a barrabravas e incluso eventuales maniobras de lavado de dinero.

Campagnoli no pudo avanzar más porque lo suspendieron tras el polémico pedido de Alejandra Gils Carbó.

El caso quedó en manos de la fiscalía subrogante Claudia Katok, pero la Procuración nombró como coadyuvante −¡oh casualidad!− a Cristina Caamaño, ex secretaria de Seguridad de Nilda Garré. Hasta una semana antes, Caamaño era secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales y le aceptaron la renuncia con la llegada de Rodríguez a Seguridad.

Otras de las coincidencias polémicas es que Gils Carbó pidió la suspensión de Campagnoli justo el mismo día que asumió Rodríguez en Seguridad.

[1]           Fuente de información: Urgente24, 10/2/14, “Carrió denunció penalmente a Cristina Caamaño”, http://www.urgente24.com.

[2]           Fuente de información: Urgente24, 13/2/14, “Festeja Lázaro Báez: Cristina Caamaño, fiscal K, en lugar de Campagnoli”, http://www.urgente24.com.

[3]           Fuente de información: Urgente24, 21/1/14, “Respira Lázaro (y los K): Rechazan la restitución del fiscal Campagnoli”, http://www.urgente24.com.

 

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