La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LXIV)

CAPÍTULO LXIV 

OCULTAMIENTO MALICIOSO DE LOS DATOS

 

La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. Thomas Jefferson

1. El gobierno obstaculiza el control de las gestiones[1]

 a) La clave del control republicano es la información 

La oposición, la AGN y diversas ONG denuncian que se impusieron más restricciones a los datos sobre la gestión; reclaman una ley.

Sin información no hay control. Ésta es la premisa que parece guiar al Poder Ejecutivo en su actitud de retaceo constante y cada vez mayor de información sobre la marcha de la gestión.

Legisladores de la oposición, ONG y la Auditoría General de la Nación (AGN) denunciaron este problema (algunos de ellos incluso ante la Justicia), cansados ya de las excusas, cuando no del silencio oficial, que reciben como toda respuesta ante cada pedido de información que formulan.

El problema no es privativo del gobierno nacional. En el Congreso, difícilmente un ciudadano pueda conocer datos básicos sobre el legislador al que apoyó con su voto, como cuántos empleados tiene, qué bienes presentó en su última declaración jurada, cuánto gasta en sus viajes dentro y fuera del país. Esa información no es pública.

La génesis del problema es la falta de una ley de acceso a la información pública que contemple a los tres poderes del Estado. Una deuda pendiente que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a saldar en el Congreso, donde es mayoría. Al no haber ley, cada área de la administración pública dosifica de manera arbitraria la entrega de información, si es que la entrega.

El problema, en el caso de los legisladores opositores, llegó a un punto casi insostenible. Por más pedidos de informes que le eleven al Poder Ejecutivo, pocos obtienen respuesta. En efecto, durante el período 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17 por ciento de las solicitudes de información que elevaron los legisladores. El porcentaje recién se eleva al 59% cuando esos pedidos pasan antes por el filtro de las comisiones, dominadas por el oficialismo. Así lo advirtió un reciente informe de la Fundación Nuevas Generaciones, del ex diputado de Pro Julián Obiglio.

Acotada la vía del pedido de informes, la oposición debió apelar, como cualquier ciudadano o ONG, al decreto 1172 de 2003 de acceso a la información que alcanza al Poder Ejecutivo. Pero ni siquiera así sus pedidos son satisfechos, sobre todo en casos de corrupción.

Ante el silencio oficial, la Justicia es el último recurso. Los radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido lograron la semana pasada un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que le ordenó al ministro de Planificación, Julio De Vido, informar sobre la licitación pública de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. En un primer momento, De Vido se había rehusado, aduciendo que el decreto 1172 es una herramienta para los ciudadanos, no para legisladores.

 b) La vía judicial 

Algo similar ocurrió con la Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a informar al entonces diputado Gil Lavedra sobre la empresa Ciccone Calcográfica, que sería propiedad de supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou.

El radical, junto con la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), presentó un amparo, que fue aceptado el año pasado por la Justicia. El mismo camino del amparo debió seguir la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.

Una investigación reciente de ADC concluyó que “las autoridades recurren cada vez más a la ley de protección de datos personales para negar información” y exigen que quien solicite la información demuestre tener un “interés legítimo”. “Ésta es la principal excusa para negar información en el orden federal”, afirma.

La AGN padece problemas similares. “Tenemos muchas dificultades, en particular con el Banco Central y la AFIP. Regularmente se nos invocan el secreto bancario y el secreto fiscal para impedirnos el acceso a información clave para nuestras tareas de auditoría”, denunció su presidente, Leandro Despouy.

El diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) puso el foco sobre otros dos organismos públicos que también retacean información.

“Comprobamos que el Boletín Oficial (BO) muchas veces dilata la publicación de normas controversiales y que los anexos clave no se publican.

Recientemente, las solicitudes más específicas fueron restringidas, ya que sólo pueden pedirse en su sede central, mientras que antes se las podía solicitar en las distintas sucursales del BO”, agregó Sánchez, quien también apuntó contra el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

“El RPI también ha empezado a recurrir al requisito del «interés legítimo» para solicitar información, cerrándose para solicitudes que servían para nuestras investigaciones”, advirtió el legislador.

 c) Reclamos y objeciones reiterados 

Leandro Despouy, presidente de la AGN, advirtió que organismos oficiales clave, tales como la AFIP y el Banco Central, se rehúsan a ofrecer la información solicitada para las auditorías.

Ricardo Gil Lavedra, ex diputado UCR, se vio obligado en dos oportunidades a acudir a la Justicia para que el Gobierno acceda a informar sobre la propiedad de la imprenta Ciccone.

Fernando Sánchez, diputado CC, apuntó contra la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y el Registro de la Propiedad Inmueble, a los que acusó de retacear información pública.

Julián Obiglio, ex diputado de PRO, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones, reveló que entre 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17% de los pedidos de informes que elevaron los legisladores a distintas áreas.

 2. Retaceo de datos sobre dietas, viajes y empleados del Congreso[2] 

Según las ONG, también es escasa la información sobre la ejecución presupuestaria. La paradoja es, al menos, curiosa: el Congreso, el órgano que por excelencia debe controlar la gestión del Estado según manda la Constitución, no se deja controlar.

En efecto: distintas ONG dedicadas a la actividad parlamentaria advierten que tanto la Cámara de Diputados como el Senado no publican información básica sobre los legisladores, como sus dietas, la cantidad de empleados a su cargo, sus declaraciones juradas, los viajes que realizan, entre otras cuestiones.

En el caso del Senado, señalan, se registró un retroceso en el acceso a la información desde que asumió el vicepresidente Amado Boudou. En la Cámara baja, en tanto, el actual presidente, Julián Domínguez, autorizó la publicación de algunos datos, pero aún está lejos de la transparencia deseada, indican.

La organización Poder Ciudadano advirtió que, pese a sus insistentes pedidos, el Senado se rehúsa a entregarles las declaraciones juradas que presentaron los legisladores entre 2009 y 2012.

En la Cámara de Diputados la situación no es mejor: en su página web figura qué legisladores presentaron sus respectivas declaraciones, pero no se puede acceder a ellas.

“En julio de 2013 solicitamos a ambas cámaras que nos detallen la cantidad de la viajes que realizaron los diputados y senadores, cuántos pasajes (que costea el Congreso) son canjeados por dinero en efectivo y cuántos son efectivamente utilizados.

No tuvimos ninguna respuesta”, dijo su director ejecutivo, Pablo Secchi. “Al no haber ley que regule el acceso a la información pública, sería un buen paso de los legisladores que dicten al menos una norma interna para que la información del Congreso sea abierta”, insistió.

También María Baron, de la fundación Directorio Legislativo, cuestionó la falta de transparencia en la información parlamentaria. “En el Senado se nota un retroceso: ya no entregan las declaraciones juradas y hay varios documentos clave que en las páginas web aparecen en blanco.

En la Cámara de Diputados hubo algunos avances, se firmó un convenio con Domínguez, pero hasta ahora han sido muy tibios”, enfatizó.

No sólo el Congreso está en falta en cuanto a la publicación de datos básicos. Distintas ONG dedicadas al relevamiento de la ejecución presupuestaria también se quejan.

“Hoy es imposible, por ejemplo, hacer un seguimiento de la obra pública. Con suerte se pueden conseguir datos de ejecución financiera de las obras y su avance físico, pero esta información es escasa y desperdigada en la web”, sostuvo el economista Walter Agosto.

En tanto, el Auditor.info, organismo dedicado a relevar información presupuestaria y de auditoría, preparó un informe sobre el acceso a la información pública de los presupuestos tanto nacional como provinciales. “Si bien el Ministerio de Economía creó una buena herramienta en su página web, El Sitio del Ciudadano, que difunde la ejecución del presupuesto, lo cierto es que tanto en el nivel nacional como en las provincias la información de las cuentas públicas no fluye con un sentido de oportunidad y conveniencia, ya se registran atrasos y faltas de criterio en la difusión”, advirtió.

“De hecho la Capital, que normalmente publica sus estadísticas presupuestarias con cierto sentido de oportunidad, quedó trabada en el tiempo en septiembre de 2013. La misma situación se observa en los datos de Mendoza, Santa Fe y Córdoba”, advirtió el informe. 

[1]           Fuente de información: La Nación, 25/2/14, “El gobierno pone más límites al acceso a la información”, http://www.lanacion.com.ar.

[2]           Fuente de información: La Nación, 25/2/14, “Dietas, viajes y empleados del Congreso, un misterio que las autoridades no revelan”, http://www.lanacion.com.ar.

 

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