La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LXVIII)

CAPÍTULO LXVIII 

JOSÉ ALPEROVICH, EL ZAR DE TUCUMÁN

 

“Sin Ley de Ética Pública ni Fiscalía Anticorrupción, con un Poder Judicial fuertemente vinculado al Ejecutivo y una Legislatura adicta, son casi nulas las posibilidades de investigar”. El Intransigente.com.

“Detrás de toda fortuna hay un crimen”. Honoré de Balzac.

1. Por qué es imposible investigar en Tucumán el enriquecimiento ilícito[1]

 a) La fortuna de Alperovich es incalculable 

En 1999, sobre el final de la escandalosa década menemista, a nivel nacional se aprobó la llamada Ley de Ética Pública que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas públicas anualmente.

Tucumán, desde entonces, se hace la distraída. Jamás hubo en nuestra Provincia una Ley de Ética Pública, y los funcionarios entran y salen de la gestión sin rendir cuentas de su enriquecimiento.

La fortuna personal del Gobernador José Alperovich es incalculable, por lo menos para el ciudadano común. Hasta donde se sabe, es propietario de concesionarias de autos Wolsvagen y Ford, camiones y maquinarias agrícolas.

Tiene una empresa constructora y una inmobiliaria al menos, la que tiene más plazas de la provincia entre departamentos, casas y locales comerciales. Es productor sojero: tiene campos en Tucumán, Salta y Santiago del Estero que, según sus propios dichos, producen 3.200 kg de soja por hectárea.

De hecho, se afirma que el meteorito que surcó el cielo tucumano y santiagueño en abril, cayó en una de sus fincas. También tendría campos de ganado, exportadoras de carbón vegetal y otros recursos no renovables de la provincia y la región.

En septiembre de 2012, el ex Legislador Renzo Cirnigliaro denunció que entre el 14 de febrero y el 28 de abril se radicaron firmas vinculadas a la familia gobernante en Miami: “Las empresas ‘Gap Sports Management’ (a nombre de su hijo Gabriel), ‘500 Brickell B&G Investment Group’ (del diputado Benjamín Bromberg, primo), ‘Romina Rojkés’ (de su sobrina) (y Scholem LLC (de Rubén Rojkés, su cuñado) no se hallan aisladas, sino que además están integradas a una red de otras empresas y otros socios de EE.UU. como ‘Qualitas’, ‘High Perfomance’ y ‘Perland Title&Escrow Services Corp'”.

Cirnigliaro explicó en aquella oportunidad a La Gaceta que “Cuando esta maniobra queda en descubierto, el gobernador reaccionó mandando a cerrar ‘Gap Sports Management’ el sábado 25 de agosto.”

Es absolutamente imposible determinar si el patrimonio de Alperovich creció en la última década, aunque la afirmación provoque risa. En el ámbito empresarial –y en la calle- corren rumores de que adicionó la propiedad de varios medios de comunicación, propiedades, financieras y campos.

La actuación de los funcionarios provinciales está regida por la Ley 3.981 de 1973. La norma otorga carácter de secreto al detalle del patrimonio de quienes cumplan funciones públicas. Las declaraciones juradas que presentan los funcionarios son inexpugnables, y está prohibido consultarlas salvo que lo solicite el propio presentante.

Hay otra forma de sacarlas a la luz: si las pide un juez en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. El problema radica en que es difícil saber si una sospecha por enriquecimiento puede ser viable si no se conocen los bienes del demandado. Se trata de un círculo vicioso perfectamente cerrado: si no se conoce la declaración, no hay juicio, y si no hay juicio, no se conoce la declaración.

Igualmente, cualquier ciudadano valiente podría arriesgarse y presentar una demanda igualmente. El problema es ante quién. En Tucumán no hay Fiscalía Anticorrupción, y no hay porque fue Alperovich mismo quien la disolvió en 2005.

A diferencia de la Ley de Ética Pública, en Tucumán sí existió una Fiscalía Anticorrupción. Fue creada en el año 2000 y manejada por el Fiscal Esteban Jerez, que llegó a investigar 400 causas, entre ellas una que involucraba a la ahora Senadora Beatriz Rojkés por desvíos de fondos hacia la Fundación Pibe. Una de las primeras medidas de gobierno de Alperovich fue el desplazamiento de Jerez, a tres meses de asumir su Gobierno. Dos años más tarde, la oficina fue cerrada para siempre.

Continuando con la hipótesis del ciudadano valiente que intente radicar una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la Justicia, aunque no exista un Fiscal destinado específicamente a investigarlo. El poder Judicial de Tucumán tiene actualmente más de 100 designados a dedo por Alperovich, entre jueces y fiscales, gracias a la desintegración durante años del Consejo Asesor de la Magistratura. Ahora que volvió a funcionar, los aspirantes rinden concursos de tipo testimoniales, ya que entre los ganadores, asume el que el Gobernador elige según su íntimo criterio. Y muchos de los que fueron designados con anterioridad a la gestión Alperovich tienen actualmente a sus hijos trabajando para el Gobernador.

Suponiendo que alguna denuncia prosperara, el Juicio Político debe pasar primero por el filtro de la Legislatura. Y quien preside la Comisión de Juicio Político de la Legislatura es el alperovichista Sisto Terán, que sistemáticamente desestimó todos los intentos contra funcionarios de la actual gestión. No hubo, en la última década, un solo pedido de Juicio Político a ningún funcionario y actualmente nadie es investigado por la Justicia.

 b) Legisladores, el absurdo de la falta de control 

La falta de control sobre las finanzas que cruzan las arcas públicas con las privadas no sólo beneficia al Poder Ejecutivo. Los Legisladores cobran, además de sus dietas, los llamados Gastos Sociales.

Se trata de una cifra mucho mayor a la del sueldo del Legislador, que le es entregada para que el parlamentario la utilice de acuerdo a su parecer.

El criterio por el cual cada Legislador puede gastar un monto que, ahora, alcanza los 50 mil pesos mensuales, es discrecional. Al asumir, cada miembro de la Cámara tiene a su disposición nada menos que 10 nombramientos para designar asesores. A ello, se debe sumar la posibilidad de contratar aún a más gente con fondos de los gastos sociales.

La dieta de los Legisladores ronda, según los propios involucrados, los 12 mil pesos mensuales, un monto que en general ellos mismos consideran bajo, aunque equivale a unos cuatro salarios mínimos y casi seis jubilaciones.

Entre todos, suman un total de 30 millones de pesos anuales que los Legisladores gastan en lo que les parece que debe gastarse.

Para comprender a qué se destinan esos fondos, el histórico Legislador peronista José “Gallito” Gutiérrez no se anduvo con vueltas en declaraciones a La Gaceta en enero de este año: “Para permanecer en política y para perdurar en política uno tiene que dar soluciones a la gente. Yo estoy en política desde 1983, y asumí como legislador en 1999, con un sublema en el Este que abarcaba seis departamentos. Como en 2003 no había reelección, armé otro sublema y la presenté a mi madre y volví a la comuna. El trabajo político que hice y que generé desde la Legislatura con los gastos sociales me ha permitido llevarla a mi madre como legisladora, por el trabajo político. Después, en 2007 volví de legislador, ya en la lista oficial, encargándome de Burruyacu, y seguí haciendo nombramientos. Porque cuando vence el mandato de legislador, vencen los nombramientos políticos con los gastos sociales. (…)Me permite moverme un poco mejor en política y trabajar con miras a 2015”.

 2. José Alperovich, rey de “Tuculandia”[2] 

En Tucumán hace tiempo que gobiernan los Alperovich. José, el gobernador, asumió en el 2003 y va por el tercer mandato consecutivo. Siempre soñó con la reelección indefinida. En este contexto, el dirigente peronista Enrique Romero acaba de impulsar un proyecto en la Legislatura provincial para declarar Rey y Monarca de la provincia al gobernador.

La humorada revela el estilo cerrado que tiene el clan Alperovich para manejar la provincia. En el irónico proyecto, Romero escribe: “El Poder Ejecutivo será ejercido por el único ciudadano con el título de Monarca. Para ser Rey se requiere portar el apellido Alperovich, ser descendiente directo o tener tres mandatos anteriores como antecedente”.

Todos los artículos del proyecto son desopilantes: “El Rey no necesita reemplazo. Para la hipotética situación de que llegara a fallecer algún día, será reemplazado por su legítimo heredero”.

Romero es opositor a los Alperovich y cada vez que le preguntan por su provincia prefiere llamarla con el nombre de “Tuculandia”. Pero el dirigente también se pone serio y asegura que en Tucumán la mayoría de los dirigentes y familiares cercanos al gobernador se habrían enriquecido de manera veloz.

Uno de los artículos de su insólito proyecto sentencia: “Queda prohibido a fiscales y jueces investigar delitos cometidos contra la administración pública cometidos por el rey y sus funcionarios”. Cualquier parecido con la realidad. ¿Es pura coincidencia? “Hay que declarar a José Alperovich rey de Tuculandia”, dijo.

 3. Denuncia contra Alperovich por espiar a sus rivales[3] 

Al gobernador tucumano lo acusaron penalmente de perseguir políticos, pero negó todo.

Dirigentes radicales denunciaron penalmente al gobernador tucumano José Alperovich por espionaje. La presentación se debe al D2, organismo donde según los denunciantes se desarrollan actividades de infiltración, seguimiento, captación de fotografías de representantes y referentes políticos, gremiales, universitarios y del ámbito cultural.

Puntualizan que todas esas actividades, que incluso han tenido fuerte trascendencia en medios de prensa provinciales y nacionales, “son realizadas en forma ilícita, en franca contraposición con las disposiciones de nuestra Constitución, la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Protección de Datos Personales”.

El legislador José Cano habló con Perfil.com sobre la denuncia y contó que el objetivo es frenar estas acciones del Estado: “No sabemos nada del D2, no hay presupuesto, no pertenece a la policía, es una incógnita”.

Contó que estuvieron en los lugares desde donde funciona el centro y “es una cueva donde no hay identificación de nada, no hay patentes. Cuando salen, trabajan como civiles infiltrados en las marchas”.

También aportó el nombre de un fotógrafo, que pertenecería a la policía, y que vestido de civil realiza tomas de imágenes de dirigentes opositores. En ese sentido, se solicita el allanamiento del domicilio de esta persona, aportándose una dirección.

Cano también pidió el inmediato allanamiento de la dependencias utilizadas por la D2, secuestrándose todo archivo físico o informático, computadoras, tecnología de intercepción y escuchas telefónicas, equipos de filmación y fotografía, etc.

Negó todo. El gobernador José Alperovich descartó la existencia de operaciones para perseguir políticos opositores. “Es tremendo lo mentirosos que son. Lo desmiento totalmente. Jamás en mi vida he dado una orden de que se persiga a políticos”, señaló y consideró que la oposición “como no sabe dar soluciones, intenta ensuciar el nombre, poner palos en la rueda y por eso van a la Justicia”.

 4. Arbitraria censura de su biografía no autorizada “El zar tucumano”[4] 

El pasado 4 de julio (2011), los jóvenes periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco presentaron su libro: José Alperovich, el zar tucumano, una biografía no autorizada sobre el gobernador de Tucumán, para el cual entrevistaron a más de 100 personas entre familiares, amigos, funcionarios del Gobierno, dirigentes del oficialismo y de la oposición que aportaron importantes revelaciones sobre el hombre que “tiene a la provincia en un puño”.

Ya para el día 14, “el zar tucumano” se había encargado de hacer desaparecer de las librerías la polémica biografía mediante el uso de su policía de Rentas para amenazar a los locales que vendían el libro.

Mario Kostzer, de La Feria del Libro −lugar donde se había comenzado a vender con éxito− primero lo aceptó y luego lo retiró de las góndolas. “Tiene un tufillo antisemita”, se justificó en un diálogo con Revista Contexto.

Desde el blog del mismo Nicolás Balinotti pudo saberse que la distribuidora había acordado con los autores del libro el reparto de 150 ejemplares en Tucumán y Salta. Incluso, hasta se había acordado la división de ganancias: 30 por ciento para el canillita, 10 para la agencia y un 60 para los autores. Sin embargo, a un día de iniciar la distribución, Fernando Torres, de la agencia Rómulo Guzmán, comunicó: “No distribuiremos el libro porque recibimos presiones del gobierno”.

El 17 de julio último, el diputado nacional Juan Casañas, candidato a vicegobernador por la UCR, expresó su preocupación por la metodología empleada por el gobernador tucumano para “amenazar, mediante la policía de la Dirección de Rentas, a quienes vendan su biografía no autorizada” por medio de la presentación de un proyecto de declaración que fue girado a las Comisiones de Comercio y Libertad de Expresión.

Casañas se reunió ayer en la Comisión de Libertad de Expresión −a la que asistió el periodista Luis Majul− para tratar un proyecto de Casañas y repudiar el acto de censura, pero la falta de quórum obligó a postergar su debate.

En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Patricia Bullrich, propuso que el cuerpo se reúna en Tucumán “para federalizar la comisión”, según informó el sitio Parlamentario.com.

Este lunes, el reconocido sitio web de la Revista Contexto, publicó en exclusiva un escalofriante adelanto del libro en cuestión donde puede verse claramente el desvergonzado manejo del Poder Judicial desde la Casa de Gobierno.

“Mocosa, no te pusimos para que armes quilombo”: fue la advertencia de Alperovich a Claudia Sbdar, jueza de la Corte Suprema de Justicia. Aquí el adelanto:

La vacante que dejó Dato al convertirse en diputado nacional, en 2007, le abrió la puerta a Alperovich para hacer pie en el único poder provincial que le quedaba colonizar: la Justicia. Así, Estofán pasó del Poder Ejecutivo al Judicial, sin escalas.

En su desembarco en la Corte, Estofán fue observado con recelo. Su pasado político le jugaba en contra.

− Alperovich sabe que no me puede pedir cualquier cosa, fueron las primeras palabras de Estofán ante sus compañeros del alto tribunal provincial.

Esa carta de presentación le resultó positiva y se ganó hoy la confianza de sus compañeros de la Corte.

Incluso, cuando el Tribunal falló en contra de un artículo de la reforma de la Constitución −Estofán se había excusado− Alperovich se enteró de la noticia a través de los medios. Si Estofán estaba allí para adelantar la primicia, la jugada no había resultado eficaz.

El fallo, publicado en septiembre de 2008, impidió que el Poder Ejecutivo organizara el Consejo Asesor de la Magistratura, el órgano para seleccionar magistrados. Ese mismo fallo volteó la posibilidad de modificar la Carta Magna mediante enmiendas. De ese modo, cualquier intento de cambiar el texto constitucional debe ir avalado por una ley de la Legislatura que declare la necesidad de la reforma y especifique cuáles son los artículos que se pueden retocar.

Esa sentencia fue un baldazo de agua fría para el gobernador. Por primera vez un poder del Estado le ponía límites. Alperovich había ideado un Consejo de la Magistratura integrado por jueces, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Los abogados y los docentes no tenían cabida en ese esquema. “Los abogados no pueden ser jueces y partes”, había denunciado el gobernador.

Finalmente, Alperovich tuvo que retroceder y aceptar que representantes de los abogados integraran el órgano de selección.

La demanda la había presentado el Colegio de Abogados, por eso Alperovich intentó que ningún representante de los profesionales integrara el Consejo de la Magistratura.

La segunda vacante de la Corte la dejó Héctor Eduardo Area Maidana, un ex funcionario de Antonio Domingo Bussi, quien lo había instalado en el sillón del máximo tribunal.

Para su reemplazo, Alperovich propuso a Francisco Sassi Colombres. Cuando la Legislatura ya le había otorgado el acuerdo, se bajó una orden desde la Casa Rosada que dejó a Sassi Colombres fuera del palacio de Justicia. ¿La razón? Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron su paso por el gobierno de Bussi durante la dictadura.

Después del traspié de Sassi Colombres, que descolocó por un momento la relación con Kirchner, Alperovich tuvo que recurrir a un plan B. Así fue que echó mano dentro de la comunidad judía. Claudia Sbdar se convertiría de esta manera en la primera mujer en integrar la Corte tucumana. Sbdar había sido relatora durante 12 años de Alfredo Dato, el vocal que se transformó en diputado oficialista.

“Alperovich es un hombre de empuje y cede cuando tiene que ceder. Ya no es el impulsivo que era: dio marcha atrás con la ley de patrimonio histórico y la designación de Sassi Colombres en la Corte, por ejemplo. Él no puede aflojar y negociar en una posición de debilidad”, evaluó el legislador Fernando Juri Debo.

Curiosamente, los dos vocales de la Corte que hasta ese momento había incorporado Alperovich se enfrentaron en las sombras para ver quién encabezaba el tribunal a partir de 2009.

− Vos vas a ser el presidente de la Corte, le ordenó Alperovich a su amigo Estofán, que solo se emocionaba por dentro. Su sueño estaba a punto de cumplirse.

Pero Claudia Sbdar no estaba dispuesta a ceder su aspiración tan fácilmente. Se reunió por separado con los otros vocales para sondear a quién elegirían ellos para suceder a Antonio Gandur en la conducción del Poder Judicial.

Alperovich tomó esa postura como un desafío personal y decidió cortar por lo sano. Llamó a Sbdar por teléfono y le recriminó su actitud díscola.

− Mocosa, deja de armar revuelo que no te pusimos para que armes quilombo, le reprochó el gobernador con aires autoritarios.

El llamado telefónico de Alperovich, que estaba acompañado en ese momento por el ministro de Gobierno, Edmundo “Pirincho” Jiménez, paralizó a Claudia Sbdar, vocal del Tribunal desde 2008.

Finalmente, Alperovich ganó la pulseada y demostró que no deja nada sin calcular. Por unanimidad, Estofán se convirtió en el presidente de la Corte. No sólo eso: además, estará a cargo de la Junta Electoral, que controlará las elecciones de 2011, cuando Alperovich vaya en busca de su tercer mandato, siempre y cuando no sea convocado a último momento para integrar una fórmula nacional.

“Claudia no lo votó, lo vomitó”, contó una fuente que participó de las negociaciones para dirimir la cabeza del Poder Judicial.

¿Por qué era tan importante ser el presidente de la Corte Suprema?

Respondió Estofán: “Para José, el presidente tiene que tener una muy buena relación con el Poder Ejecutivo. Por eso el me apuntaló a mí. Pero yo estoy cada vez más lejos del gobernador. Lo veo cuando hay que presentar el presupuesto. Nunca me negó nada. Nos da todo lo que pedimos. Jamás me retacea, al contrario. Yo voy a verlo después que arreglaron todos los gremios y le pido que me de el mejor aumento y me lo da”.

En octubre de 2010 la Corte le dio otra satisfacción a Alperovich. Alberto Brito presentó su renuncia para acogerse a la jubilación. Eso le daba la posibilidad al gobernador de designar al tercer miembro de una Corte integrada por cinco magistrados. El último designado fue Daniel Posse, ex funcionario de Alperovich.

En una Corte que a veces podría funcionar con la tracción de una mayoría automática, el vocal René Mario Goane suele ser una piedra en el zapato para el gobernador.

“Alperovich tiene una Corte propia y funcional. Dato se fue mal y llegó Estofán, el embajador ante el Poder Ejecutivo. Estofán es hábil. Viene de afuera del Poder Judicial. Me sorprendió para bien en algunas oportunidades. Es un hombre de mucha confianza de Alperovich y como ex miembro del gobierno se excusó de votar en algunos casos. Tienen una relación muy estrecha”, expresó Goane, reconocido por ser el vocal rebelde.

Sin pelos en la lengua, Goane sostuvo que la aplicación del 82 por ciento móvil para los jueces fue un regalo de la Corte para el Gobierno. “Era lo que faltaba para tener una Justicia adicta. Brito convenció a la camarista Hebe López para que se jubile. También se lo propuso al ministro Fiscal Luis Di Mitri. Querían producir vacantes en la Justicia como sea para tener una mayoría. Brito persuadía a los jueces, era el que llevaba en bandejas las vacantes al déspota. Era el gran operador”, opinó sobre su ex compañero y rival dentro de la Corte.

 5. La inmensa fortuna de la esposa de Alperovich[5] 

Beatriz Rojkés de Alperovich es una de las mujeres más ricas de la política. La presidenta provisional del Senado declaró una fortuna de $20 millones en 2010, un 300% más que en 2006. Beatriz será la primera mujer en presidir el Senado

La flamante presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, y su esposo, el gobernador de Tucumán José Alperovich, amasan una de las mayores fortunas de esa provincia. Y ella es hoy una de las políticas más ricas del país: en 2010 declaró una fortuna de $ 20.627.274.

De la declaraciones juradas informadas por el Poder Ejecutivo a la Oficina Anticorrupción en 2011, solo la supera la Presidenta Cristina Fernández, de Kirchner con 80 millones de pesos. En el Senado, la tucumana declaró la cuarta mayor fortuna del recinto el año pasado, incluyendo a los hombres.

En 2006, la entonces diputada nacional presentó un patrimonio de 7 millones de pesos: en cuatro años la fortuna de la esposa del gobernador tucumano se multiplicó por tres. Sin embargo, su declaración anterior a 2006 registraba apenas 1,7 millones de pesos. Esas cifras levantaron sospechas entre la oposición y los medios críticos de Tucumán.

¿En qué se sustenta su riqueza? Rojkés declaró tener el 98% de acciones de la firma León Alperovich de Tucumán S.A. con $8.650.000. Es la automotriz que posee junto a su esposo.

Desde que Alperovich asumió la gobernación en 2003, la empresa se convirtió en uno de los principales proveedores de camionetas Ford y Volkswagen del Estado tucumano, intendentes, concejales y funcionarios, según relata la biografía no autorizada “El Zar tucumano”, sobre los negocios automotrices y millonaria obra pública en Tucumán.

Casualmente, el segundo ministro más rico del Gabinete de Cristina Fernández es Juan Manzur, quien acompañó en la fórmula a la gobernación a Alperovich. En 2010, el ministro de Salud aseguró poseer un patrimonio de casi 10 millones. Por su lado, las ministras Débora Giorgi (2,5 millones) y Nilda Garré (1,4 millones), las más “ricas” de las ministras, son mucho más “pobres” que Rojkés.

Acciones y mucha liquidez. Rojkés declaró tener un inmueble de $700.000 en la calle 24 de setiembre 218, en San Miguel de Tucumán, que compró en setiembre de 2000. También bienes varios por $24.000, cuotas parte en Avanco S.R.L. por $1.918.000 y otras acciones por $15.000.

La política que presidiría al país si renunciaran Cristina y Boudou declaró dinero en efectivo por $4.690.000 y $213.191 en una caja de ahorro y cuenta corriente en el Banco de Tucumán; cuentas a cobrar por $4.431.866 y un ingreso mensual de $40.277,75 en la actividad privada.

En comparación con quien será el titular primero del Senado, el vicepresidente electo Amado Boudou, la senadora supera 15 veces la fortuna del todavía ministro de Economía. Boudou presentó este año una declaración jurada de “apenas” 1,4 millones de pesos.

6. Allegado a Alperovich pasó de ser humilde a vivir en un country[6] 

Es el interventor de la Caja Popular de Ahorros en Tucumán, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por haber nombrado a 17 parientes.

En Tucumán a algunos le va muy bien y si se está cerca del poder, en especiald el gobernador José Alperovich, esto es mejor.

Según un informe publicado por diario Perfil, Armando “Cacho” Cortalezzi es el interventor de la Caja Popular de Ahorros y legislador en licencia, pero por sobre todas las cosas es el más leal de los colaboradores del gobernador de esa provincia.

Pero de ser un hombre considerado entre sus pares, muy humilde, su crecimiento patrimonial se incrementó muchísimo, de hecho recaen sobre él denuncias por enriquecimiento ilícito y fraude a la administración, además de denuncias por haber nombrado a 17 parientes en la función pública.

Está vinculado, según una denuncia, de un retiro de 172 millones de pesos por parte de Alperovich de la Caja popular de Ahorros.

Mabel Stojanovich, según explicó a Perfil.com el abogado Gustavo Morales, figura  como socia del Hotel Plaza Alberdi, presidenta de la Fundación “Centro de Estudios de la Necesidad Barrial”, como socia de Royal Paradise SRL, y como propietaria del Colegio Las Colinas.

“De gastos sociales recibe 200 mil pesos por mes, que son gastos destinados a las necesidades del pueblo, pero va a otro lado. Aparte del sueldo del legislador, que es de 25 mil pesos”, señaló.

De nada a todo. Este portal recorrió el barrio Independencia, lugar de la infancia de Cortalezzi. Allí, uno de los vecinos comentó: “Recuerdo que era muy pintón y andaba arriba de un carro. Se ve que luego tuvo la viveza para acercarse al poder”.

Su primera casa era sencilla, en uno de los barrios más humildes de la capital provincial. En Independencia aún tiene su búnker político, donde su hermana, la concejal Elena Cortalezzi, mantiene el trato diario con los punteros políticos.

Ahora vive en “Nuevo Country del Golf”, uno de los más exclusivos en una vivienda que tiene un valor aproximado de 800 mil dólares. Este portal pudo, además, observar el “Hotel Plaza Alberdi” que posee sobre la calle Santiago 1054 y el colegio Las Colinas, donde figura su esposa como propietaria.

[1]           Fuente de información: El Intransigente.com, 20/5/13, “Por qué es imposible investigar el enriquecimiento ilícito en Tucumán”, http://www.elintransigente.com.

[2]           Fuente de información: 1/9/12, Yahoo Noticias, http://ar.noticias.yahoo.com.

[3]           Fuente de información: Perfil.com, 7/12/12, “Denuncia contra Alperovich por espiar a sus rivales”, http://www.perfil.com.

[4]           Fuente de información: Tribuna de Periodistas, 21/7/11, “Alperovich censuró su biografía no autorizada”, http://periodicotribuna.com.ar.

[5]           Fuente de información: Pefil.com, 1/12/11, “Rojkés de Alperovich es una de las mujeres más ricas de la política”, http://www.perfil.com.

[6]           Fuente de información: MDZ, 28/3/13, “Allegado a Alperovich pasó de ser humilde a vivir en un country”, http://www.mdzol.com.

 

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